Barbora Černušáková, investigadora de Amnistía Internacional sobre la República Checa, manifestó:
“Miles de mujeres, en su mayoría romaníes, fueron esterilizadas en la antigua Checoslovaquia. A las mujeres se las coaccionaba para que firmaran formularios de consentimiento, a menudo mientras estaban de parto o recuperándose de una cesárea. En muchos casos no les decían a qué estaban dando su consentimiento. Fue una grave violación de sus derechos, incluido el derecho a no sufrir tortura o malos tratos, y también fue un vergonzoso capítulo en la historia del país”.
“La votación de hoy proporcionará por fin una vía para la justicia a las supervivientes de esterilizaciones ilegales. Durante decenios, estas valientes mujeres tuvieron que vivir con el trauma que sufrieron en manos de las autoridades, pero nunca dejaron de luchar por sus derechos.”
Elena Gorolová, superviviente de esterilización ilegal que lleva años haciendo campaña por la justicia, declaró:
“El proyecto de ley de indemnización significa mucho para mí después de todos estos años de lucha. Aunque el gobierno nos pidió disculpas en 2009, eso no basta. Lo que me mantuvo en marcha fueron las compañeras que habían sufrido esterilizaciones y tenían que vivir con ello.”
“No hay dinero que pueda devolvernos la oportunidad de tener más hijos, pero la indemnización es importante para que se haga justicia. Durante todos estos años han pasado muchas cosas. Hemos envejecido, y algunas han muerto, pero yo no hago más que repetirme: no puedes dejarlo estar.”
“La lucha no ha terminado. Ahora, nuestro grupo de voluntarias ayudará a las supervivientes a preparar las pruebas y presentar sus solicitudes de indemnización. No va a ser fácil, pero estas mujeres se lo merecen.”
Las esterilizaciones ilegales tuvieron lugar en un contexto de discriminación generalizada contra la población romaní, que afectó a todos los aspectos de su vida cotidiana y continúa haciéndolo: desde las escuelas hasta el empleo, pasando por la vivienda, ámbitos en los que esta población sufría habitualmente segregación racial y se veía empujada a los márgenes de la sociedad.
El relator especial de ONU sobre la tortura dejó claro que las esterilizaciones constituían un trato intrusivo e irreversible. Cuando se carece de un propósito terapéutico y se practican sin el consentimiento libre e informado, las esterilizaciones constituyen tortura o malos tratos, prohibidos por el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Stefan Simanowitz en press@amnesty.org o llamen al teléfono +44 (0) 20 7413 5566.
Información complementaria
Tras años de campaña por parte de las supervivientes, incluida Elena Gorolová, el gobierno checo se disculpó con ellas en 2009 por las esterilizaciones ilegales. Sin embargo, hasta ahora se les ha negado su derecho humano a la reparación por el grave daño que han sufrido, y a la mayoría de las supervivientes les resultó imposible acceder a cualquier forma de reparación judicial a causa de la prescripción del delito.
Según la Defensoría del Pueblo checa, miles de mujeres romaníes fueron esterilizadas en la antigua Checoslovaquia. El proyecto de ley de indemnización adoptado por el Senado se aplica a toda persona que haya sido esterilizada ilegalmente entre 1966 y 2012.
Las supervivientes de esterilizaciones ilegales podrán optar a una indemnización de 300.000 coronas checas (10.000 libras esterlinas), que debe ser solicitada a través del Ministerio de Salud en un plazo de tres años desde que la ley entre en vigor.
La nueva ley establece un procedimiento para que las mujeres que fueron sometidas a esta práctica soliciten la indemnización. Ese procedimiento requiere que presenten pruebas que respalden la solicitud, y una descripción del caso, incluido el nombre del hospital en el que se llevó a cabo la esterilización ilegal.
Tal como ha documentado el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, el procedimiento de esterilización a menudo se realizaba al mismo tiempo que las cesáreas, o a las mujeres se les presentaban formularios de consentimiento cuando estaban con fuertes dolores o en situaciones de angustia durante el parto o el alumbramiento. Sin embargo, también hubo casos de mujeres romaníes a las que se sometió a esa práctica tras amenazarlas con internar a sus hijos en instituciones o retirarles las prestaciones sociales.
