“Aunque el presidente Tshisekedi ha tomado algunas medidas positivas, como indultar a presos políticos y permitir el regreso de críticos exiliados, el hecho de que su gobierno no haya obligado a rendir cuentas significa que los señores de la guerra y los sospechosos de cometer atroces abusos y violaciones de derechos humanos siguen libres”, manifestó Deprose Muchena, director para África Oriental y Austral de Amnistía Internacional.
“Mientras tanto, la brutal represión de las protestas pacíficas ha seguido arrojando dudas sobre el respeto por el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en la RDC.”
Derecho de reunión pacífica
Amnistía Internacional destacó varios casos recientes de protestas pacíficas que han sido prohibidas o dispersadas con violencia.
Por ejemplo, el 17 de enero de 2020, las reuniones convocadas por el líder de la oposición Martin Fayulu fueron prohibidas en seis ciudades, y dispersadas violentamente en Kinshasa y Kindu, en una operación en la que al menos cinco personas resultaron heridas.
En noviembre de 2019, al menos 10 manifestantes murieron por disparos de agentes de seguridad congoleños y de la ONU en Beni cuando protestaban por el homicidio de civiles a manos de rebeldes. Sólo se procesó a unos pocos agentes de seguridad en relación con la brutal represión de las manifestaciones en los últimos 12 meses, y durante la crisis electoral que comenzó en 2015.
“Todas las autoridades del país y las agencias de seguridad deben respetar, proteger y promover los derechos humanos de quienes se manifiestan pacíficamente. Los sospechosos de hacer un uso excesivo de la fuerza deben rendir cuentas en juicios justos”, manifestó Deprose Muchena.
Falta de protección a la población civil
La franja oriental de la RDC sigue viéndose devastada por la violencia entre comunidades y los conflictos armados que han causado cientos de muertes y han dejado a miles de personas sin hogar en los últimos 12 meses.
Según el mecanismo de seguimiento de la seguridad en Kivu, los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas de Uganda atacaron Beni, en Kivu septentrional, y mataron al menos a 206 civiles entre el 30 de octubre de 2019 y el 16 de diciembre de 2019, en el momento álgido de una operación militar emprendida por el gobierno para derrotar a los rebeldes.
La violencia entre comunidades y los conflictos armados en Djugu, Ituri, y en Hauts-Plateaux, Kivu meridional, también han dejado un rastro de muertes, lesiones, desplazamiento y un sentimiento de impotencia entre la población congoleña.
“Continúa la preocupación por la seguridad y la integridad física de la gente que reside en el este de la RDC, a pesar de los reiterados compromisos del presidente respecto a abordar la inseguridad. La población congoleña ya ha escuchado suficientes promesas, y quiere que su vida se proteja de manera efectiva”, manifestó Deprose Muchena.
Las operaciones militares han desarmado a unos 3.000 rebeldes ruandeses y congoleños en Kasai, Ituri, Maniema y Kivu septentrional y meridional. Las autoridades repatriaron a la fuerza a Ruanda a más de 1.500 familiares de los rebeldes que se habían entregado, pese a que la mayoría eran personas refugiadas. Las autoridades también desatendieron el bienestar general de los rebeldes que se habían entregado, algunos de los cuales murieron de hambre en acantonamientos.
Justicia esquiva
En una escandalosa declaración realizada en septiembre de 2019, el presidente Tshisekedi dijo que no tenía “tiempo de rebuscar en el pasado” y hacer rendir cuentas a los presuntos autores de abusos y violaciones de derechos humanos.
No es de extrañar que la impunidad haya imperado en los últimos 12 meses, y que apenas haya habido un puñado de investigaciones y juicios sobre abusos y violaciones de derechos humanos.
En noviembre de 2019, un alto cargo de la Oficina del Presidente escribió a los tribunales congoleños para pedirles que “suspendan” las órdenes de arresto dictadas en 2013 contra miembros del antiguo Movimiento 23 de Marzo (M23) sospechosos de haber cometido abusos graves contra los derechos humanos durante la rebelión de 2012 y 2013.
“El presidente Tshisekedi tiene la responsabilidad constitucional para con las personas que residen en la RDC de hacer rendir cuentas por todos los delitos, pasados y presentes, cometidos contra ellas y sus familias”, ha manifestado Deprose Muchena.
"La búsqueda de la paz a expensas de la justicia es una ilusión en la que las autoridades de la RDC no deben caer."
Señores de la guerra en libertad
La orden de arresto dictada por un tribunal militar en junio de 2019 contra Guidon Shimiray Mwissa por reclutar a niños y niñas soldados y por violación fue un rayo de esperanza, pero esa orden aún no se ha ejecutado.
Guidon es el segundo señor de la guerra reconocido que está en libertad, después de Gédéon Kyungu Mutamba, que fue condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por un tribunal congoleño en 2009. Gédéon escapó de la prisión en 2011 y “se entregó” a las autoridades en 2016, pero continúa en libertad, dedicado a la política en lo que se conocía como provincia de Katanga.
El juicio contra otro señor de la guerra, Ntabo Ntaberi Cheka, que comenzó en noviembre de 2018, está paralizado.
“El presidente Tshisekedi declaró 2020 el año de acción. La restauración de la justicia, el pleno respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho deben ocupar el lugar central de toda acción emprendida por su gobierno. Sin rendición de cuentas y sin justicia por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional, será imposible que al pueblo congoleño deje atrás el trauma de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado”, ha declarado Deprose Muchena.
