En una carta abierta dirigida al presidente de la República Dominicana y a otras instituciones estatales, Amnistía Internacional, junto con organizaciones de derechos humanos dominicanas, solicitó poner fin a las violaciones de derechos humanos hacia personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y personas negras en la implementación de políticas migratorias de facto racistas, que se implementan con base en discriminación racial y generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.
“El propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250,000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional. Estas expulsiones colectivas son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana y, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La drástica decisión del gobierno de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traídos consecuencias significativas, afectando a familias, que ahora se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria”.
En este momento crucial, es imperativo que la República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
En la carta, Amnistía Internacional y las organizaciones firmantes destacaron que la exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas de personas haitianas, incluyendo niños, niñas y mujeres embarazadas y puérperas. Las organizaciones llaman a las autoridades a que urgentemente aseguren que las personas haitianas tienen acceso a procedimientos de asilo, sin discriminación, y a reanudar las vías legales de entrada y permanencia de personas trabajadoras, estudiantes, familiares, solicitantes de asilo y migrantes que buscan una residencia legal en el país.
Amnistía Internacional también pidió a las autoridades investigar las denuncias de violencia racista y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas; abstenerse de detener y deportar mujeres embarazadas, niños y niñas y personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como garantizar el derecho a defender los derechos humanos.
“Tenemos información de actos graves que habrían sido cometidos por funcionarios estatales dominicanos, contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana afectadas por prácticas racistas. En vez de proteger a estas personas del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han favorecido discursos y políticas que discriminan en su contra”, dijo Ana Piquer.
“En este momento crucial, es imperativo que la República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista, donde los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, el origen de sus antepasados o su estatus migratorio, sean plenamente respetados y protegidos”.
