Una destacada periodista de República Dominicana ha sido atacada con el software espía Pegasus de NSO Group, en el primer caso confirmado en el país, según revela Amnistía Internacional en una nueva investigación publicada en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

El análisis del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional confirmó que un dispositivo móvil perteneciente a Nuria Piera había sido marcado como objetivo e infectado con Pegasus —que permite el acceso pleno y sin restricciones a un dispositivo— en tres ocasiones entre 2020 y 2021. Piera es una periodista de investigación cuyo trabajo se ha centrado en asuntos de corrupción e impunidad en República Dominicana a lo largo de una trayectoria profesional que inició hace decenios.

Tras este último descubrimiento, son ya al menos 18 los países en los que se ha confirmado mediante análisis forenses que se estaba atacando a periodistas con software espía, aunque es probable que la magnitud real de este abuso de la tecnología de vigilancia sea muy superior. República Dominicana es el tercer país de las Américas, después de México y El Salvador, donde Amnistía Internacional ha confirmado el uso de Pegasus tanto contra periodistas como contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

“República Dominicana se suma a la lista de países en los que se utiliza software espía para silenciar e intimidar a periodistas valientes. Tras haber expuesto ya múltiples casos en México y El Salvador, seguiremos investigando cualquier indicio que apunte a posibles nuevos usos de Pegasus en República Dominicana. Pedimos a los Estados que adopten con urgencia una moratoria global de los programas espía”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional .

Software espía al descubierto

La investigación de Amnistía Internacional encontró indicios de que el dispositivo de Nuria Piera se había infectado con Pegasus por primera vez sobre el 20 de julio de 2020. También se descubrieron indicios similares en torno al 8 de septiembre de 2021 y el 1 de octubre de 2021. Además, Amnistía Internacional compartió los datos forenses con Citizen Lab para someterlos a una revisión de pares; esta organización confirmó las conclusiones utilizando su metodología independiente.

Nuria Piera declaró a Amnistía Internacional que, en las fechas en que su dispositivo fue infectado con Pegasus, trabajaba en investigaciones sensibles y de gran repercusión. Estudiaba informes de corrupción relacionados con altos cargos gubernamentales y familiares del expresidente del país; meses más tarde se incoaron procedimientos judiciales penales contra esas personas por presunto soborno y otros cargos.

Piera recibió por primera vez la confirmación de que estaba siendo atacada por Pegasus cuando se lo notificó el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional. En noviembre de 2021 recibió la notificación enviada por Apple a los usuarios/as de dispositivos atacados según informes con exploits de Pegasus y del software espía de QuaDream, al que se ha vinculado con Pegasus. Piera afirmó que nunca había recibido una orden judicial ni ninguna otra notificación oficial de las autoridades dominicanas en la que se le indicara que estaba bajo vigilancia, ni se le había comunicado ningún motivo que lo justificase.

Estas tácticas invasivas pueden ser especialmente nocivas para las mujeres periodistas, que a menudo hacen frente a ataques por motivos de género, como acusaciones de haber violado normas tradicionales de índole social, sexual o moral.

“A veces una tiene que luchar mucho para no volverse neurótica, porque siempre hay sospechas de que cualquiera puede estar informando sobre ti. Es como andar sobre arenas movedizas. Afecta mucho a tu sensación de libertad, a lo libre que te sientes para expresar tu opinión. A veces ni siquiera sabes cómo quieren hacerte daño, si a ti o a través de tus seres queridos. Entonces te sientes responsable, lo que es más grave”, ha afirmado Nuria Piera.

Amnistía Internacional insta a las autoridades a llevar a cabo sin demora una investigación independiente, imparcial y transparente sobre la vigilancia selectiva ilegítima de periodistas en el país, incluido el ataque selectivo con Pegasus contra Nuria Piera.

“En un país donde tanto periodistas como defensores y defensoras de los derechos humanos vienen denunciado desde hace tiempo que la vigilancia es habitual, descubrir el uso de Pegasus debería considerarse una amenaza preocupante. Dado que la vigilancia plantea enormes riesgos para la seguridad física y el bienestar mental de quienes ejercen el periodismo y puede poner en peligro a sus fuentes, colegas, amistades y familiares, las autoridades dominicanas deben investigar con carácter inmediato este caso y disponer salvaguardias efectivas para proteger a estas personas e impedir que estos hechos se repitan”, ha afirmado Elina Castillo Jiménez, investigadora sobre vigilancia digital de Amnistía Internacional.

Vigilancia y periodismo en República Dominicana

En el marco de una investigación en curso, Amnistía Internacional ha hablado en República Dominicana con decenas de periodistas, así como con defensores y defensoras de los derechos humanos, casi todos los cuales sospechaban que habían sido objeto de vigilancia a causa de su trabajo. La mayoría creía que agentes de inteligencia seguían sus pasos con métodos de vigilancia tradicionales, como las escuchas telefónicas.

Sin embargo, la falta de transparencia en relación con el uso de la vigilancia y de programas espía dificulta a las víctimas obtener información o lograr que se rindan cuentas. En República Dominicana no existen vías claras para obtener una reparación adecuada en caso de vigilancia selectiva ilegítima. El habeas data —vía constitucional para la protección de los datos y la privacidad existente en el país— y el recurso penal disponible en virtud de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología sólo pueden utilizarse cuando se sabe quién está vigilando, algo que no siempre es posible si no se permite el acceso a la información o si no se poseen las competencias técnicas necesarias. En muchos casos resulta prácticamente imposible que las personas atacadas prueben siquiera la existencia de la vigilancia, ya sea por obstáculos técnicos o porque la vigilancia es encubierta. Estos factores limitan el acceso a las reparaciones y amplían aún más el efecto paralizante de la vigilancia.

En República Dominicana, los periodistas que se sabe que investigan la corrupción también pueden correr el riesgo de convertirse en blanco de campañas difamatorias. Edith Febles, otra destacada periodista que sacó a la luz irregularidades durante el mandato del ex procurador general, dijo a Amnistía Internacional que era periódicamente objetivo de oleadas de ataques en las redes sociales, aparentemente organizados, a causa de su trabajo.

“Los actos de esta naturaleza perjudican profundamente al Estado de derecho y a la práctica profesional [del periodismo]. Ningún periodista debería ser objeto de actos de esta naturaleza, que básicamente tratan de socavar su palabra, de menoscabar la posibilidad de que la gente sepa lo que está ocurriendo, porque el problema ni siquiera es el periodista en sí. En lo que se refiere a socavar la credibilidad, lo que intentan es interponer un obstáculo entre dicha persona y la comunicación que mantiene con la gente”, ha afirmado Edith Febles.

Amnistía Internacional solicitó a las autoridades dominicanas que informaran sobre el uso de Pegasus o lo comentaran. En el momento de publicar este comunicado, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía habían respondido que ninguna de las dos instituciones había comprado ni usado Pegasus durante el mandato de los titulares actuales de estos cargos, que comenzó en agosto de 2020, y habían afirmado su disposición a investigar. Otras autoridades no han respondido a esta solicitud. Amnistía Internacional también solicitó comentarios a NSO Group, que no ha respondido.

Cuando en el país se inicia una reforma legal del Sistema Nacional de Inteligencia, Amnistía Internacional insta a República Dominicana a tomar esta iniciativa como oportunidad para implementar un marco normativo que respete los derechos humanos. Hasta que exista un marco de este tipo, debe dictarse una moratoria global de la compra, venta, transferencia y uso de programas espía.

Información complementaria

La vigilancia selectiva ilegítima viola el derecho a la privacidad y puede dar lugar a violaciones de muchos otros derechos humanos, entre ellos los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Según el derecho y las normas interamericanas e internacionales, toda injerencia del Estado en el derecho a la privacidad debe ajustarse a la ley y ser necesaria, proporcional y perseguir un objetivo legítimo. El hecho de atacar a periodistas o a otros defensores y defensoras de los derechos humanos por su trabajo no se ajusta en ningún caso al derecho internacional de los derechos humanos. Utilizar programas espía para atacar a periodistas y a defensores y defensoras de los derechos humanos —en ausencia de transparencia adecuada y otras salvaguardias— tiene además un efecto amedrentador e inhibe su capacidad de trabajar sin interferencias indebidas.

La vigilancia selectiva ilegítima también puede tener efectos importantes en la salud mental. Puede inducir a quienes sospechan que están bajo vigilancia a la desconfianza y limitar sus interacciones con otras personas, reducir sus círculos íntimos, evitar determinados lugares e incluso cambiar de escuela o vivienda a su familia, por temor a que se produzcan ataques contra sus seres queridos como represalia por su trabajo o activismo. Dado que la vigilancia de alguien puede igualmente revelar datos personales de sus contactos, también puede causar preocupación por el bienestar de sus colegas, amistades, familiares e incluso sus fuentes. En este sentido, la vigilancia ilegítima puede afectar incluso al derecho a la salud de las personas afectadas y a quienes las rodean.

En 2022, el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional comenzó a analizar de forma independiente datos técnicos de una muestra de personas identificadas como objetivos potenciales de Pegasus en República Dominicana —entre las que había tanto periodistas como defensores y defensoras de los derechos humanos— en el marco de una investigación sobre vigilancia ilegítima más amplia en curso.

En 2021, Amnistía Internacional brindó apoyo técnico para el Proyecto Pegasus, que determinó que al menos 25 periodistas mexicanos habían sido seleccionados como objetivos a lo largo de dos años. El Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional también sometió a una revisión de pares una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab publicada en enero de 2022 y datos forenses verificados de forma independiente que confirmaron el uso a gran escala de Pegasus contra periodistas y membresía de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador.

NSO Group sostiene que sólo vende sus productos a organismos gubernamentales, y en su sitio web afirma: “Los productos de NSO son utilizados exclusivamente por agencias gubernamentales de inteligencia y aplicación de la ley para luchar contra la delincuencia y el terrorismo”. Esta afirmación está en clara contradicción con estas nuevas revelaciones en relación con el uso de Pegasus para atacar una vez más a una periodista.