El respuesta a la resolución sobre Sri Lanka aprobada hoy en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que refuerza y amplía el mandato de rendición de cuentas del alto comisionado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional, ha manifestado:

“La aprobación de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU refleja la necesidad de continuar el escrutinio internacional sobre Sri Lanka. Es un paso positivo en la dirección correcta, pero es preciso dar más. El Consejo no respondió a las exigencias de la sociedad civil de establecer un mecanismo de personas expertas que aborde el amplio espectro de violaciones de derechos humanos, incluidas las perpetradas en relación con la grave crisis económica y política que asuela el país.

“El gobierno de Sri Lanka debe cumplir los compromisos que ha contraído con la comunidad internacional y garantizar el funcionamiento efectivo de los mecanismos de reparación de violaciones de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, la Oficina de Personas Desaparecidas, la Oficina sobre Reparaciones, y la Autoridad Nacional para la Protección de Victimas y Testigos de un Delito, entre otros.”

“Instamos a todos los Estados miembros de la ONU a incrementar la rendición de cuentas internacional de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en su informe, lo que incluye realizar investigaciones y procesamientos en virtud de la jurisdicción universal y, cuando sea posible, remitir los casos a la Corte Penal Internacional.”

Información complementaria

La resolución llega tras los abrumadores informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras entidades, que denunciaron la comisión de violaciones de derechos humanos durante la respuesta de Sri Lanka a la crisis económica y la represión de las protestas por las autoridades.

Amnistía Internacional ya había documentado anteriormente las catastróficas consecuencias de la crisis en los derechos económicos y sociales en Sri Lanka y detallado las violaciones de los derechos civiles y políticos cometidas durante la crisis.

La organización también envió una carta abierta conjunta a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU instándolos a aprobar una resolución firme sobre Sri Lanka que fortaleciese los mandatos existentes de la ONU sobre la rendición de cuentas.