Amnistía Internacional observará con atención la audiencia que tendrá lugar hoy en Argentina en relación con la investigación de crímenes del derecho internacional cometidos contra la población rohingya en Myanmar.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 desestimó el 12 de julio de 2021 una demanda presentada para investigar a quienes podrían ser responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población rohingya en Myanmar entre 2012 y 2018, invocando el principio de la jurisdicción universal. La desestimación de la denuncia fue apelada por los demandantes y hoy tendrá lugar una audiencia donde se buscará revocar esta decisión.
La particularidad es que darán su testimonio cinco mujeres rohingyas nacidas en Myanmar, sobrevivientes de violencia sexual, que huyeron a Bangladés en 2017. Los nombres de las víctimas, que hablarán a distancia desde los campos de refugiados de Cox's Bazar, se mantienen en reserva por su propia seguridad.
Los crímenes cometidos contra la población rohingya, desde el año 2012 hasta el 2018, incluyeron como parte de un ataque generalizado o sistemático asesinatos, tortura, deportación, violencia sexual, incluyendo la violación grupal de mujeres, niñas y niños, la destrucción de sus pueblos y aldeas mediante incendios intencionales, entre otros métodos. Todo ello devino en el encierro de las personas rohingyas en centros de detención a lo largo del Estado de Rakhine y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de rohingyas desde Myanmar hacia Bangladesh.
La causa ante la justicia argentina
El 13 de noviembre de 2019, la organización Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) y su abogado Tomás Ojea Quintana, ex relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Myanmar, presentaron una denuncia ante la Justicia argentina por crímenes de derecho internacional cometidos contra la población rohingya presuntamente por personas o grupos de personas que respondían a las autoridades de Myanmar o que contaban con su complacencia.
En virtud del principio de jurisdicción universal todo Estado puede investigar y en su caso juzgar estos crímenes, independientemente de dónde se hayan cometido, de la nacionalidad de los acusados o de las víctimas, e incluso en ausencia de todo vínculo con el Estado. En algunos casos el ejercicio de la jurisdicción universal no es una facultad, sino una obligación bajo el derecho internacional.
En una reciente decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 se resolvió desestimar la denuncia argumentando que la cuestión se encuentra sometida al ámbito de la Corte Penal Internacional (CPI) con parámetros amplios, por lo que la jueza consideró “prematuro” adentrarse en la cuestión y analizar la aplicación del principio de jurisdicción universal.
Sin embargo, la investigación ante la CPI solo abarca un reducidísimo número de crímenes cometidos contra la población rohingya en Bangladés - en concreto el crimen de deportación, y no todos los restantes crímenes cometidos en Myanmar (que no es un Estado parte en el Estatuto de Roma de la CPI). Si el caso es aceptado por la Justicia argentina, sería el primer caso de jurisdicción universal relacionado con la situación de las personas rohingyas en todo el mundo y podría abarcar un número elevado de los crímenes contra esta población cometidos íntegramente en Myanmar.
El Consejo de Seguridad de la ONU aún no ha remitido la situación de Myanmar a la CPI, a pesar de los reiterados llamamientos realizados en los últimos cuatro años, desde la devastadora campaña de violencia contra las personas rohingyas en agosto de 2017.
La necesidad de justicia internacional
“El pueblo de Myanmar necesita urgentemente una acción significativa y unificada por parte de la comunidad internacional para poner fin a las continuas violaciones de derechos humanos y lograr que quienes cometieron y continúan cometiendo estos graves delitos rindan cuentas”, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
Desde el 1 de febrero de 2021, más de 970 personas, incluyendo al menos 75 niños y niñas, han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad, incluyendo unidades militares responsables de crímenes contra las personas rohingya y otras minorías étnicas. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente y arrestadas, y, según se ha reportado, algunas de ellas han sido sometidas a tortura y malos tratos, incluida la violencia sexual y de género.
Los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica también están siendo atacados. Los que se manifiestan en contra de las autoridades y las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares se enfrentan a amenazas, detenciones, encarcelamiento, tortura o muerte. Los militares han atacado a activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos, personal médico, funcionarios del gobierno, opositores políticos, artistas y otras personas utilizando leyes represivas. Ha aumentado la censura en Internet y se ha criminalizado el uso de medidas de elusión, como las redes privadas virtuales. También se han revocado las licencias de varios medios de comunicación.
En una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 11 de marzo de 2021, el Relator Especial de la ONU sobre Myanmar señaló que la represión posterior a febrero probablemente cumpla con el umbral exigido para concluir la comisión de crímenes contra la humanidad.
Además de los crímenes cometidos contra la población rohingya, Amnistía Internacional ha documentado los crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos por los militares de Myanmar contra otras minorías étnicas en los estados de Rakhine, Kachin, Chin y el norte de Shan en los últimos años. Desde febrero de 2021, el conflicto armado se ha intensificado en todo el país, incluidos los estados de Karen (Kayin) y Karenni (Kayah), hiriendo y matando a civiles y desplazando forzosamente a cientos de miles de personas.
Myanmar lleva años sufriendo una crisis humanitaria y de derechos humanos, incluso antes del golpe de estado. La actual crisis en Myanmar es el resultado directo de la ausencia de rendición de cuentas por crímenes pasados.
