Ante la noticia de que 92 miembros de las fuerzas armadas ucranianas han sido acusados, según informes, de “crímenes de lesa humanidad”, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha afirmado:

“Al acusar a estos 92 miembros de las fuerzas armadas ucranianas en procedimientos que adolecen de falta de transparencia y se basan en desinformación que además tratan de alimentar, las autoridades rusas han puesto de manifiesto una vez más su descarado desprecio por el derecho internacional a un juicio con las debidas garantías y por el derecho internacional humanitario".

Los Convenios de Ginebra afirman claramente que los prisioneros de guerra, incluidos los miembros de las fuerzas armadas, están protegidos frente a procesamiento por tomar parte en las hostilidades. Para que una persona sea acusada formalmente de presuntos crímenes de lesa humanidad, debe haber pruebas suficientes que respalden esa pretensión. Las autoridades rusas no han compartido prueba alguna que respalde estos cargos. En cambio, han utilizado desinformación que culpa a las fuerzas ucranianas de actos como la destrucción del teatro de Mariúpol, un edificio civil destrozado por un ataque deliberado ruso.

“Si las autoridades rusas juzgan a los prisioneros de guerra por estos cargos, violarán el Tercer Convenio de Ginebra. Privar intencionadamente a un prisionero de guerra del derecho a un juicio con las debidas garantías constituye un crimen de guerra. Las autoridades rusas sólo deben enjuiciar a los prisioneros de guerra si existen indicios auténticos y admisibles de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, en cuyo caso se les debe conceder su derecho a un juicio justo de acuerdo con las normas internacionales.”

Información complementaria

Alexander Bastrykin, director del Comité de Investigación de la Federación Rusa, declaró el lunes en el periódico gubernamental Rossiiskaya Gazeta que las autoridades rusas habían llevado a cabo más de 1.300 investigaciones penales contra más de 400 ciudadanos ucranianos, y añadió que al menos 220 personas son sospechosas de cometer “crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad”, mientras que 92 miembros de las fuerzas ucranianas ya han sido acusados formalmente, según informes.

La noticia ha trascendido tras un caso a principios de junio en el que un “tribunal” separatista de la región de Donetsk, ocupada por Rusia, ordenó la muerte de dos ciudadanos británicos capturados y un ciudadano marroquí capturado.

Ucrania también lleva a cabo investigaciones sobre decenas de miles de crímenes de guerra y crímenes relacionados con la guerra presuntamente cometidos por soldados rusos. La celeridad de al menos uno de estos juicios, que culminó en mayo con la sentencia condenatoria dictada contra Vadim Shishimarin, soldado ruso de 21 años que mató a un civil de 62 años en los primeros días de la guerra, ha suscitado preocupación en relación con el derecho a un juicio con las debidas garantías.