El aniversario del envenenamiento e intento de homicidio de Aleksei Navalny señala un año de vergonzosa injusticia, ha afirmado Amnistía Internacional. La semana pasada, las autoridades rusas endosaron un absurdo cargo más a Navalny, mientras que las peticiones de rendición de cuentas de sus simpatizantes han sido brutalmente reprimidas y los responsables del intento de asesinato gozan de absoluta impunidad.

“Hoy se cumple un año del brutal ataque con un arma química prohibida contra la voz más crítica con el Kremlin, un crimen indignante que debería haber sido objeto de una investigación urgente por parte de las autoridades rusas. En cambio, el gobierno ruso decidió poner a Aleksei Navalny entre rejas por motivos falsos —en condiciones que a punto estuvieron de causarle la muerte— y emprender una implacable campaña de represalias contra sus simpatizantes”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La ausencia de investigación por parte de las autoridades rusas del atentado contra la vida de Navalny es una prueba contundente de su total desprecio por la justicia y por el derecho a la vida. Reiteramos nuestra petición de una investigación inmediata e imparcial sobre el intento de envenenamiento de Aleksei Navalny, y del fin de la persecución de Navalny y sus simpatizantes.

“Como medida más urgente, pedimos a las autoridades rusas que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a Aleksei Navalny, que es un preso de conciencia privado de libertad únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión; La comunidad internacional debe hacer cuanto esté en su poder para garantizar que los responsables del envenenamiento comparecen ante la justicia; para poner fin a la detención ilegítima de Aleksei Navalny; y para detener la creciente campaña de represión que las autoridades rusas han emprendido contra su población.”

Información complementaria

Aleksei Navalny, destacado activista opositor ruso y fundador de la Fundación Anticorrupción, se desmayó mientras volaba de Tomsk (Siberia) a Moscú el 20 de agosto se 2020. Fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento, y en ese país estuvo 18 en coma. Personas expertas internacionales llegaron más tarde a la conclusión de que el político había sido envenenado con el agente neurotóxico Novichok, de uso militar, que está prohibido en virtud de la Convención sobre las Armas Químicas.

Desde entonces, las autoridades rusas no han abierto una investigación significativa, han bloqueado los intentos de los abogados de Navalny de impugnar su inacción en distintos tribunales, y han hecho ignorado los firmes indicios de que agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso estuvieron implicados en el envenenamiento.

Tras su regreso a Moscú el 17 de enero de 2021, Aleksei Navalny fue detenido y condenado a cumplir dos años y medio en una colonia penitenciaria por violar la libertad condicional de su condena anterior, impuesta por motivos políticos. La Fundación Anticorrupción y la red de apoyo “Oficinas centrales de Navalny” fueron incluidas en la lista de organizaciones “extremistas” y prohibidas. El 11 de agosto de 2021, Navalny fue acusado además de “creación de una organización sin ánimo de lucro que menoscaba los derechos de la ciudadanía”, en virtud de un artículo impreciso del Código Penal ruso. En caso de ser declarado culpable, podrían imponerle una condena adicional de hasta tres años de prisión.