Se presentó al Parlamento ruso un proyecto de ley en virtud del cual se calificaría de “agentes extranjeros” a las personas que reciban fondos del exterior, se les prohibiría trabajar en la administración pública o desempeñar cargos en un gobierno municipal y se las obligaría a poner en sus cartas a las autoridades y en otros materiales la indicación de “agente extranjero”. En respuesta a la presentación del proyecto de ley el miércoles por la noche, Natalia Prilutskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia, ha manifestado:

“Si se aprueba, el proyecto de ley limitará drásticamente y perjudicará no sólo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de fuera de Rusia, sino también el de muchos otros grupos. Como se viene haciendo desde hace años con las ONG independientes, estigmatizará con la etiqueta de ‘agente extranjero’ a las personas que ‘participen en actividades políticas en interés de Estados extranjeros, sus organismos, organizaciones internacionales u extranjeras, ciudadanos extranjeros o personas apátridas’.

“El proyecto de ley es indicativo de una nueva caza de brujas contra los grupos de la sociedad civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos que luchan por la justicia y la dignidad. Pone de manifiesto la idea de las autoridades rusas de que los actores de la sociedad civil son destructivos ‘agentes de Occidente’ dispuestos a desestabilizar el gobierno, en vez de aliados clave para afrontar las dificultades e intentar generar cambios positivos. Las autoridades rusas provocaron ya la asfixia financiera de la sociedad civil y obligado a muchas organizaciones a cerrar. Ahora están demonizando además el activismo individual.

“Cuanto mayor es la presión que recibe de los ciudadanos y ciudadanas rusos que ejercen su derecho a criticar a las autoridades, incluida la forma en que están abordando la pandemia de COVID-19, más empeño pone el régimen represivo de Vladimir Putin en inventarse formas de silenciar la disidencia. En vez de perder el tiempo en ahogar las voces críticas que quedan, las autoridades deberían retirar el proyecto de ley y esforzarse por garantizar los derechos humanos en Rusia.”

Información complementaria

La draconiana ley rusa de “agentes extranjeros” entró en vigor el 21 de noviembre de 2012. Desde entonces, cientos de organizaciones han visto cómo se reduce su financiación, se empaña su reputación y se intimida o persigue judicialmente a su personal. La ley se aplicó de manera arbitraria contra organizaciones de la sociedad civil rusa y contra defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la esfera política, incluidas voces especialmente críticas con las autoridades, como la Fundación Anticorrupción de Aleksey Navalny.

En virtud de la propuesta de ley presentada el 18 de noviembre, se aplicaría obligatoriamente la etiqueta de “agente extranjero” a las publicaciones y demás materiales de las asociaciones públicas y sus miembros, así como del personal de las ONG incluidas en esta categoría. Con el fin evidente de eliminar las pocas oportunidades de financiación extranjera que quedan, en el proyecto de ley se propone también hacer extensiva la condición de “agente extranjero” a las asociaciones públicas no registradas.