Ante la noticia de que Tatyana Kotlyar, ciudadana rusa defensora de los derechos de las personas migrantes, ha sido declarada culpable y multada con 650.000 rublos (7.500 dólares de EE. UU.), Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional Rusia, ha afirmado:
“Tatyana Kotlyar está siendo castigada simplemente por ayudar a cientos de personas, entre ellas migrantes y refugiadas, registrándolas generosamente en su domicilio. Según la legislación rusa, es necesario tener un domicilio registrado para acceder a servicios sociales, matricular a los niños y niñas en la escuela o conseguir un empleo. Este requisito legal perpetúa la marginación de las personas que están en mayor situación de riesgo, como las personas sin hogar y las población en movimiento. En lugar de resolver este problema, las autoridades se han centrado en penalizar a defensores y defensoras de los derechos humanos como Tatyana Kotlyar”.
“La causa penal contra Tatyana Kotlyar es otra piedra lanzada contra la frágil sociedad civil de Rusia. Las autoridades rusas deben anular la sentencia condenatoria, resolver los problemas de registro que encuentran las problemas marginadas y poner fin a su despiadada campaña de hostigamiento e intimidación contra quienes defienden a las personas más vulnerables y que están en situación de mayor riesgo en la sociedad.”
Información complementaria
Tatyana Kotlyar, de 72 años, es la directora del movimiento “Por los Derechos Humanos” de Obninsk, en el centro de Rusia. El 28 de junio, un tribunal de primera instancia de Obninsk la declaró culpable del registro ficticio de personas en su domicilio particular (artículo 322.2 del Código Penal) y le impuso una multa de 650.000 rublos (7.500 dólares de EE. UU.).
La legislación rusa establece que todas las personas deben registrarse en el Servicio Federal de Migración en el plazo de siete días en su domicilio temporal y en el de 90 días en su lugar de residencia permanente o de larga duración. El incumplimiento de esta obligación constituye una in fracción administrativa punible con multa. Las personas no registradas no tienen acceso a atención de la salud, educación y otros servicios, y no pueden desempeñar empleos formales. El registro comporta ciertas garantías legales, como el derecho a residir en la dirección correspondiente, y crea para los propietarios de viviendas ciertas obligaciones económicas que actúan como elemento disuasorio para el registro en los casos de cesión informal de la vivienda, que es una práctica muy habitual.
En los últimos años, las acciones de Tatyana Kotlyar para ayudar a quienes carecen de registro, incluidas personas migrantes y refugiadas, personas que han estado en prisión o que han perdido su hogar, han dado lugar a reiteradas multas. En el caso más reciente, en abril de 2022, se le impuso una multa de 340.000 rublos (4.500 dólares de EE. UU.) por registrar en su piso a ciudadanos y ciudadanas de Azerbaiyán, Armenia, Kazajistán y Ucrania.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció el carácter injusto del enjuiciamiento de Kotlyar y le concedió una indemnización de 6.000 euros en julio de 2022. Sin embargo, las autoridades no aplicaron la sentencia porque Rusia, que ya no es miembro del Consejo de Europa, no reconoce la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
