Ante la noticia de que una fiscalía rusa ha solicitado la declaración judicial de “extremista” de la Fundación Anticorrupción de Aleksei Navalny y otras organizaciones asociadas a ella y que, en consecuencia, prohíba sus actividades, Natalia Zviagina, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Moscú, ha declarado:

“Esta amenaza de prohibición tiene consecuencias de gran alcance para la sociedad civil rusa. Decenas de miles de activistas pacíficos y el personal de las organizaciones de Aleksei Navalny corren un grave peligro: si sus organizaciones son calificadas de “extremistas”, estarán en riesgo inminente de ser objeto de enjuiciamiento penal.

“Esta iniciativa devolverá a Rusia a la época en la que el temor a las severas represalias del Estado impedía toda forma de disidencia o actuar fuera de la ‘línea del partido’.

“Rusia tiene un largo historial de abusos de la legislación “antiextremismo”, como la prohibición en 2017 de los testigos de Jehová por razones falsas de ”extremismo”. Por lo general, los cargos de “extremismo” vulneran los derechos humanos y pasan por alto las garantías mínimas de imparcialidad procesal. La iniciativa de hoy de la fiscalía hará que muchas personas se lo piensen dos veces antes de seguir apoyando a las organizaciones anticorrupción de Navalny y otras similares.

“Si los tribunales califican las organizaciones de Navalny de ‘extremistas’ y las prohíben, el resultado será probablemente uno de los golpes más graves al derecho a la libertad de expresión y de asociación de la historia de la Rusia postsoviética”.

Información complementaria

El 16 de abril, la Fiscalía de Moscú solicitó formalmente al Tribunal Municipal de esa ciudad la calificación de “extremistas” de tres organizaciones vinculadas a Aleksei Navalny —la Fundación Anticorrupción, la Fundación Protección de los Derechos Ciudadanos y las “oficinas centrales de Navalny”— y su prohibición. Según la oficina de prensa de la Fiscalía, estas organizaciones “actúan creando condiciones para desestabilizar la situación social y sociopolítica bajo la apariencia de consignas liberales.”

Según la legislación rusa, la pertenencia, financiación o liderazgo de organizaciones ”extremistas” están penados con hasta 12 años de prisión. Financiar estas organizaciones podría desembocar en hasta 10 años de cárcel y el uso público de sus símbolos y logos, en un año de prohibición de presentarse a elecciones para cargos públicos.

Aleksei Navalny sobrevivió a duras penas a lo que más tarde se confirmó de forma independiente como el envenenamiento por un agente neurotóxico similar al Novichok el 20 de agosto de 2020. El 17 de enero, fue detenido a su llegada a Rusia desde Alemania, donde había estado recuperándose, y posteriormente fue condenado a dos años y seis meses de prisión por “violación de las condiciones de la libertad condicional”.

Amnistía Internacional considera que la detención de Aleksei Navalny es ilegítima y de motivación política, y pide a las autoridades rusas que le proporcionen acceso inmediato a un médico de su elección y lo pongan en libertad.