En su implacable represión de toda disidencia, las autoridades rusas toman represalias cada vez más severas contra los niños, las niñas y sus familias, en particular contra quienes se oponen a la agresión rusa de Ucrania, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en una nueva publicación.

En el documento Russia: “Your children will go to an orphanage”: Children and the Crackdown on Protest se expone que las autoridades rusas niegan a niños y niñas su derecho a la libertad de expresión, persiguen tanto a los menores como a sus familias por disentir contra la guerra y proceden a su adoctrinamiento mediante propaganda belicista. Además, las autoridades utilizan a niños y niñas como instrumento para presionar a las personas adultas que se oponen a la guerra, en particular por medio de separar a las familias, de amenazarlas con retirarles la patria potestad e incluso internando a los menores en instituciones.

“Pese al discurso del Kremlin acerca del valor de la familia, para aplacar la disidencia se recurre con descaro a explotar el propio vínculo de los niños y las niñas con sus progenitores. En este ataque de motivación política contra niños y niñas, las escuelas y el profesorado se han convertido en herramientas de persecución e injerencia arbitraria del Estado. Las escuelas adoctrinan a los menores con narrativas falsas impuestas por el gobierno y denuncian directamente a la policía y a los servicios de seguridad las opiniones disidentes”, ha declarado Oleg Kozlovsky, investigador de Amnistía Internacional sobre Rusia.

“Quienes expresan su disidencia contra la guerra son especialmente vulnerables a las amenazas de separación familiar forzada o privación de la patria potestad. El riesgo de tales represalias, aun remoto, es lo suficientemente aterrorizador como para disuadir a muchas personas de alzar la voz”.

La persecución de niños y niñas y de sus progenitores o cuidadores por oponerse a la guerra de agresión rusa se perpetra a través de las instituciones educativas con medios represivos, como la institucionalización, las detenciones arbitrarias, los registros y el encausamiento penal de menores.

Esta situación ha tenido graves consecuencias sobre la salud física y mental de niños y niñas, en concreto trastornos derivados del estrés y traumas. La economía de las familias sufre cuando los progenitores o tutores son objeto de persecución, lo que provoca apuros monetarios y la interrupción de la educación infantil. Algunas familias se ven obligadas a abandonar el país para evitar el encausamiento penal o la separación forzada.

El 5 de octubre de 2022, la policía interrogó en Moscú a Varvara (Varya) Galkina, de 10 años, acerca de la foto de su perfil de WhatsApp, en la que aparecía un dibujo de estilo anime en apoyo de Ucrania. La policía amenazó a su madre, Elena Jolicoeur, y registró su domicilio. Tras ser obligada a asistir a un programa “preventivo” para “progenitores que incumplen sus obligaciones”, Elena huyó de Rusia con sus dos hijas por temor a una mayor persecución.

El 22 de noviembre de 2023, un tribunal militar condenó a Yegor Balazeykin, de San Petersburgo, en el noroeste de Rusia, a seis años de prisión por haber arrojado diez meses antes botellas de gasóleo y aguarrás contra dos centros de reclutamiento militar, forma de protesta muy extendida en Rusia contra la guerra en Ucrania. Cuando se produjeron los incidentes tenía 16 años. Sus acciones, que no causaron ningún daño, se calificaron desproporcionadamente como “atentados terroristas”. Dado que los casos de “terrorismo” se juzgan en tribunales militares, no se sabe mucho sobre las circunstancias de otros casos similares al de Balazeykin.

El 1 de marzo de 2023, Maria Moskalyova, de 12 años y natural de Yefremov (centro de Rusia), fue separada de su padre, Aleksei Moskalyov, e internada en un orfanato tras casi un año de persecución contra su familia debido a un dibujo antibelicista que había realizado en la escuela en abril de 2022. La dirección del colegio la denunció a la policía. Aleksei Moskalyov, padre soltero, fue primero multado y luego condenado a dos años de prisión en una colonia penal por “desacreditación reiterada de las Fuerzas Armadas rusas” a causa de sus comentarios en redes sociales. En el orfanato, Maria vivió situaciones de estrés y aislamiento. Tras una protesta pública, al final se le permitió ir a vivir con otros familiares.

El 24 de septiembre de 2022, la policía de Ulan-Ude, en la República de Buriatia (este de Siberia), sometió a detención arbitraria a Natalya Filonova, activista de oposición, en una protesta pacífica contra la movilización de reservistas para la guerra de Ucrania. Tras varios meses de arresto domiciliario fue internada en un centro de prisión preventiva acusada de “violencia contra representantes de las autoridades”, hechos que ella niega. A su hijo adoptivo Vladimir Alalykin, de 16 años y con discapacidad, lo internaron en un orfanato y le prohibieron asistir al juicio de su madre adoptiva, que fue condenada a dos años y diez meses de prisión el 31 de agosto de 2023. Vladimir continuó en el orfanato, donde cumplió los 18 años.

“En este mundo al revés en el que se ha convertido Rusia, si eres menor y no estás de acuerdo con el gobierno, tanto la policía como los tribunales —e incluso las escuelas— suponen una amenaza directa”, ha afirmado Oleg Kozlovsky.

Amnistía Internacional insta a las autoridades rusas a que respeten y protejan los derechos de los niños y las niñas a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, garantizando el disfrute de estos derechos sin temor a represalias. Deben dejar de restringir y de retirar la patria potestad, así como de poner a niños y niñas bajo custodia del Estado, como castigo por ejercer los derechos humanos o protestar. Los servicios sociales y los comisarios de los derechos de la infancia deben actuar en el mejor interés de los niños y las niñas, además de cumplir el derecho internacional de los derechos humanos.

Las autoridades rusas deben poner fin a la práctica de juzgar a civiles, especialmente niños y niñas, en tribunales militares y dejar de utilizar el sistema judicial para perseguir a la disidencia. Debe cesar la propaganda belicista y el adoctrinamiento político en las escuelas.

Amnistía Internacional pide la liberación inmediata de Aleksei Moskalyov, Natalya Filonova y demás personas encarceladas por ejercer pacíficamente sus derechos. Además, deben retirarse los cargos de terrorismo infundados contra personas como Yegor Balazeykin.

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