Rusia: las autoridades utilizan nueva legislación penal para silenciar críticas sobre la guerra – Amnistía Internacional Argentina | Defendemos los derechos humanos

Rusia: las autoridades utilizan nueva legislación penal para silenciar críticas sobre la guerra


Mientras prosigue su guerra de agresión contra Ucrania, Rusia también libra una batalla en el “frente interno” contra quienes critican la guerra y los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas.
Decenas de personas en Rusia se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión o más por difundir lo que las autoridades califican de “información falsa sobre las Fuerzas Armadas”, delito de reciente promulgación que persigue reprimir a quienes critican la guerra. Entre las personas procesadas hay estudiantes, profesionales de la abogacía, artistas y figuras políticas.

No debe amordazarse a quienes alzan la voz contra la guerra y contra los abusos perpetrados por fuerzas rusas. La libertad para acceder a información y compartirla, y para expresar opiniones e ideas, incluso si son disidentes, es imprescindible para construir un movimiento eficaz contra la guerra en Rusia. Suprimiendo las voces críticas, las autoridades rusas pretenden estimular y perpetuar el apoyo de la opinión pública a su guerra de agresión en Ucrania.


Amnistía Internacional ha recopilado los casos de 10 personas actualmente detenidas por haber criticado públicamente la guerra. Según informes, el número actual de personas que van a ser juzgadas por oponerse a la guerra en aplicación de una serie de artículos del Código Penal es 200.[1] Pedimos a las autoridades rusas la libertad inmediata e incondicional de estas personas, y asimismo que anulen la nueva legislación y toda la legislación restante que sea incompatible con el derecho a la libertad de expresión.


Reiteramos nuestros llamamientos a la comunidad internacional para que utilice todos los medios que ofrecen los mecanismos regionales e internacionales a fin de garantizar la investigación efectiva de los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania, y obligar a los responsables a rendir cuentas. Un elemento fundamental de los esfuerzos internacionales para poner fin a este catálogo de abusos es apoyar las voces de quienes se oponen activamente en Rusia a la agresión en Ucrania.


CRÍMENES DE GUERRA DENUNCIADOS EN EL PASADO Y COMETIDOS PRESUNTAMENTE EN LA ACTUALIDAD POR LAS FUERZAS RUSAS EN UCRANIA


Desde que Rusia llevó a cabo la invasión en gran escala de Ucrania el 24 de febrero, Amnistía Internacional ha desvelado graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas rusas —incluidos claros crímenes de guerra— en al menos 20 ciudades y localidades de toda Ucrania. Tenemos pruebas de soldados rusos llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales en la provincia de Kiev,[2] matando a civiles en ataques indiscriminados en Járkov[3] y atacando deliberadamente un teatro de Mariúpol donde se refugiaban cientos de civiles.


Otros presuntos crímenes de guerra requieren también una investigación internacional inmediata, como la explosión del 29 de julio en el pueblo de Olenivka, que mató a más de 50 prisioneros de guerra ucranianos bajo custodia de las fuerzas de la “República Popular de Donetsk” en Ucrania Oriental. Sin embargo, hasta ahora las autoridades rusas se han negado a permitir el acceso de investigadores internacionales al lugar para llevar a cabo una investigación completa.


Rusia ha ignorado en gran medida los informes sobre violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por sus fuerzas y ha intentado desviar la atención con información errónea y desinformación. Ha participado en una compleja campaña para impedir que la sociedad rusa conozca o comente estas denuncias. El enjuiciamiento de quienes comparten información crítica es la piedra angular de esta campaña.


CONTEXTO Y ADOPCIÓN DE LA LEY RELATIVA A LA “DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FALSA SOBRE EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS RUSAS”


La invasión de Ucrania llevada a cabo por Rusia fue objeto de críticas generalizadas en el propio país. Decenas de miles de personas protestaron pacíficamente en la calle y criticaron la agresión en sus redes sociales. Las autoridades rusas respondieron reprimiendo a quienes se manifestaban y lanzaban críticas y, según informes, arrestaron a más de 16.000 personas por infringir la normativa del país sobre las reuniones públicas, indebidamente restrictiva.[4] Asimismo, las autoridades tomaron medidas enérgicas contra los pocos medios de comunicación independientes[5] que quedaban y obligaron a muchos a echar el cierre, irse del país o limitar sus informes sobre la guerra y citar en su lugar los informes oficiales rusos. Desde entonces ha habido más ONG de derechos humanos que han sido calificadas de “agentes extranjeros” u “organizaciones indeseables”, se han enfrentado a un cierre arbitrario o al bloqueo de sus sitios web, y han sufrido otras formas de hostigamiento.


Las autoridades acompañaron la represión de precipitados cambios legislativos. A los pocos días de la invasión, en un intento evidente de evitar trabas procesales, miembros del Parlamento nacional (Duma) rescataron un proyecto de ley[6] no relacionado, que llevaba cuatro años aparcado tras su primera lectura casi cuatro años antes, y cambiaron por completo su contenido a través de múltiples enmiendas. El proyecto de ley reformado añadía el artículo 207.3 (“difusión pública de información falsa a sabiendas sobre el uso de las Fuerzas Armadas Rusas”) y dos artículos más al Código Penal;[7] todos ellos penalizaban la expresión de opiniones críticas con las autoridades rusas, sus actos o sus políticas.


Los cambios se adoptaron el 2 de marzo,[8] el proyecto de ley fue aprobado por ambas cámaras del Parlamento ruso y el presidente Vladimir Putin firmó su entrada en vigor el 4 de marzo. La rapidez del proceso impidió el debate público de las reformas y demostró que las autoridades no iban a tolerar las críticas sobre la guerra en Ucrania.


Tres semanas después, el 25 de marzo, los legisladores reformaron nuevamente el artículo 207.3 para penalizar la “difusión de información falsa a sabiendas” no sólo sobre las fuerzas armadas rusas sino también sobre cualquier organismo oficial ruso en el extranjero. Tales reformas se aprobaron con la misma rapidez.


En el momento de redactarse este documento había más de 80 causas penales abiertas en relación con uno solo de los nuevos delitos, en concreto el “delito” de “difusión de información falsa a sabiendas” sobre la agresión rusa en Ucrania.[9]


CONTENIDO DE LOS NUEVOS CAMBIOS LEGISLATIVOS


El artículo 207.3 del Código Penal penaliza la “difusión pública de información falsa a sabiendas, disfrazada de mensajes veraces, que contenga datos sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa para proteger los intereses de la Federación y su ciudadanía y para hacer respetar la paz y la seguridad internacionales, así como datos sobre cualquier organismo oficial de la Federación Rusa que haya ejercido sus competencias fuera de las fronteras rusas con los mismos fines”. Dependiendo de las circunstancias, la pena impuesta con arreglo a esta legislación puede llegar a 15 años de prisión. Según el párrafo 2 del artículo, referido en la mayoría de los casos denunciados, la pena incluye entre 5 y 10 años de prisión o una multa de entre 3 y 5 millones de rublos (de 55.000 a 92.000 dólares estadounidenses[10]).


Según los expedientes de causas penales obtenidos por Amnistía Internacional, las autoridades responsables de instruir la causa y presentar cargos no comprueban si la información publicada es falsa o “falsa a sabiendas”. En la mayoría de los casos examinados, los investigadores se limitan a afirmar que las publicaciones en cuestión contradicen las afirmaciones de altos cargos del gobierno ruso, como el ministro de Asuntos Exteriores o el portavoz del Ministerio de Defensa. Dichas afirmaciones, que en ocasiones son contradictorias y a menudo no informan o contienen información errónea,[11] en la práctica se consideran “verdades” que no necesitan verificación. Como consecuencia, hechos probados y bien conocidos se califican de “información falsa” sobre la base de que contradicen el discurso oficial del gobierno ruso, y referirse a esos hechos se convierte en un delito grave.


NORMAS INTERNACIONALES


Rusia es Estado Parte en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención de la Comunidad de Estados Independientes sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (Convención de la CEI) y el Acta Final de Helsinki. Aunque Rusia haya dejado de pertenecer al Consejo de Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos continúa en vigor allí hasta el 16 de septiembre de 2022. Todos estos instrumentos internacionales, así como la propia Constitución rusa y el derecho internacional consuetudinario, obligan a las autoridades rusas a respetar los derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión.


La prohibición de compartir información sobre las actividades de las fuerzas armadas rusas interfiere en el derecho a la libertad de expresión —que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información—, garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),[12] el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH),[13] la Convención de la CEI[14] y la Constitución de Rusia.[15] Aunque las autoridades rusas puedan limitar estos derechos, tales limitaciones deben ser necesarias y proporcionadas para proteger la existencia de la nación rusa, o su integridad territorial o independencia política, contra una fuerza o amenaza de fuerza.[16]  La penalización general de las críticas a las fuerzas armadas no cumple esos requisitos.


El uso de esta legislación para acallar las críticas sobre la agresión rusa, y especialmente calificar de “información falsa sobre las Fuerzas Armadas” toda información contraria a la versión oficial del gobierno ruso, constituye una violación del derecho a la libertad de expresión. Como reconoce el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la “libertad de expresión es una condición necesaria para el logro de los principios de transparencia y rendición de cuentas que, a su vez, son esenciales para la promoción y la protección de los derechos humanos”.[17] El enjuiciamiento de personas por informar sobre violaciones de las leyes y costumbres de la guerra cometidas por las fuerzas armadas rusas aparentemente contribuye a crear impunidad por los crímenes de guerra y el aparente encubrimiento ruso de graves infracciones de los Convenios de Ginebra. Como tal, esta práctica contraviene las obligaciones contraídas por Rusia en virtud del derecho internacional humanitario, y especialmente el artículo 1 común de los Convenios de Ginebra, de garantizar el respeto de los Convenios de Ginebra, lo que incluye erradicar los crímenes de guerra y castigar a los responsables.


CASOS INDIVIDUALES


En el momento de redactarse este documento había más de 80 causas penales abiertas en aplicación del artículo 207.3. Si bien Amnistía Internacional no ha podido examinarlas todas, no hay un solo caso documentado en el que las autoridades hayan dado respuesta a un delito internacionalmente reconocido. A continuación se incluyen varios ejemplos de personas procesadas en Rusia por haber expresado pacíficamente su opinión crítica o su oposición a las violaciones de derechos humanos cometidas por soldados rusos en Ucrania.[18]


FIGURAS DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA: ALEKSEY GORINOV E ILYA YASHIN


Ilya Yashin y Aleksey Gorinov pertenecen al movimiento de oposición ruso Solidaridad y ambos son concejales del distrito de Krasnoselsky de Moscú. Aleksey Gorinov, abogado de profesión, lleva políticamente activo desde finales de la década de 1980, cuando apoyó los cambios democráticos en la antigua Unión Soviética. Ilya Yashin es un destacado activista de la oposición que ha liderado protestas, organizado campañas electorales y dirigido un popular canal de YouTube.


Aleksey Gorinov fue arrestado el 26 de abril por unos comentarios que había hecho en una reunión del ayuntamiento el 15 de marzo. Según los investigadores, había “difundido información falsa a sabiendas” al calificar el conflicto de agresión y de guerra y afirmar que en él morían niños y niñas cada día. Además, y sin aportar ninguna prueba, los investigadores afirmaron que Aleksey Gorinov había conspirado con Elena Kotyonochkina, otra concejala, para difundir esta “información falsa”.[19] Un tribunal de distrito de Moscú lo condenó a siete años de prisión el 8 de julio, y fue la primera pena privativa de libertad impuesta en aplicación del recién aprobado artículo 207.3.[20] Elena Kotyonochkina ha conseguido salir de Rusia.


Ilya Yashin fue arrestado la noche del 27 de junio cuando iba caminando con un amigo. Fue acusado de “desobedecer órdenes de la policía”, a pesar de que ambos negaron que la policía les hubiera dado ninguna orden. Ilya Yashin fue sometido a 15 días de detención administrativa. La noche del 12 de julio, cuando sólo faltaban unas horas para su liberación, el político fue informado de que estaba siendo investigado con arreglo al artículo 207.3(2).[21] La causa penal contra él se basa, según informes, en un vídeo publicado en YouTube en el que Ilya Yashin comentaba los informes sobre las muertes de civiles perpetradas por las fuerzas rusas en Bucha (Ucrania) y ponía en duda la información difundida al respecto por el Kremlin.[22] El 13 de julio, Ilya Yashin fue trasladado a prisión preventiva.


EXTRABAJADORA DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA: MARINA OVSYANNIKOVA


Marina Ovsyannikova era editora del Canal 1, controlado por el gobierno ruso, y el 14 de marzo atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales al interrumpir la emisión en directo de un programa informativo y desplegar una pancarta contra la guerra en el estudio.[23] Fue multada por “reunión pública ilegal”, dejó su trabajo en televisión y se mudó a Alemania.


En julio, Marina Ovsyannikova regresó a Moscú. El 15 de ese mes hizo una protesta en solitario cerca del Kremlin con un cartel en el que llamaba asesino a Vladimir Putin y denunciaba la muerte de 352 niños y niñas en Ucrania. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos[24] comunicó datos parecidos. Su protesta sólo duró cuatro minutos pero ocupó titulares en múltiples medios de comunicación independientes. Además, Marina Ovsyannikova publicó una foto y breve vídeo de su protesta en su canal de Telegram.


El 10 de agosto, el Comité de Investigación —organismo estatal autónomo que se encarga de investigar delitos graves— registró el domicilio de Marina Ovsyannikova, a quien arrestó y sometió a interrogatorio. Fue acusada en aplicación del artículo 207.3(2) por la protesta del 15 de julio y por compartir las fotografías y vídeos. Según las autoridades, había difundido “información falsa a sabiendas” de que las fuerzas armadas rusas mataban civiles, incluidos niños y niñas. Al día siguiente, tras una vista judicial a puerta cerrada, Marina Ovsyannikova fue sometida a arresto domiciliario, y así continuaba en el momento de redactarse este documento.


“UNA PERSONA CORRIENTE”: VIKTORIA PETROVA


Viktoria Petrova trabajaba de gerente en San Petersburgo. Tenía una cuenta en la red social rusa Vkontakte (VK) donde comentaba asuntos de actualidad con varias decenas de amistades. El abogado de Viktoria Petrova la define como “una persona corriente... como las demás”.[25] Tras iniciarse la invasión de Ucrania por Rusia el 24 de febrero, Viktoria empezó a recibir regularmente vídeos de diversas fuentes y a compartirlos en su página de VK, pidiendo a quienes los vieran que no se fiaran de los medios oficiales y que protestaran contra la guerra. La propia Viktoria Petrova fue arrestada en dos ocasiones por su protesta pacífica en la calle y pasó 10 días en detención administrativa en marzo.


La madrugada del 6 de mayo, la policía detuvo a Viktoria Petrova en su domicilio y la acusó de infringir el artículo 207.3(2). Su vivienda fue registrada y los investigadores confiscaron sus dispositivos electrónicos y carteles contra la guerra. Fue puesta en detención preventiva, y así continuaba en el momento de redactarse este documento.


Viktoria Petrova está acusada de publicar varios comentarios en VK en los que criticaba duramente la decisión de las autoridades rusas para invadir Ucrania, a quienes apoyaban la guerra, y los crímenes de guerra cometidos por soldados rusos. También compartía vídeos de discursos del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de periodistas y activistas rusos condenando la guerra, imágenes de daños presuntamente causados por ataques rusos y un vídeo de sí misma pidiendo a quienes lo vieran que protestaran, se sumaran a las concentraciones contra la guerra, enviaran ayuda humanitaria a la población ucraniana y compartieran información alternativa sobre la guerra con familiares y amistades.


UNA PERIODISTA: MARIA PONOMARENKO


Maria Ponomarenko es periodista y trabaja para el medio de comunicación digital RusNews, con sede en Barnaúl, en el krai de Altái (Rusia). Fue detenida el 24 de abril en San Petersburgo, acusada en aplicación del artículo 207.3(2) y puesta en detención preventiva. Más tarde fue trasladada a Barnaúl e ingresada durante varias semanas en un centro psiquiátrico para ser sometida a un examen de salud mental. En una carta suya que publicaron sus simpatizantes afirmaba que en ese centro le habían inyectado una droga desconocida.[26] Según la información de que dispone Amnistía Internacional, su enjuiciamiento se basa en una publicación del 17 de marzo, ya borrada, sobre el bombardeo del Teatro Regional de Arte Dramático de Donetsk, en Mariúpol, por fuerzas rusas la noche anterior. Contenía un vídeo del teatro realizado antes del ataque y un breve comentario denunciando muertes de civiles. En su propia investigación, Amnistía Internacional concluyó que el ataque había sido perpetrado por fuerzas rusas y que los indicios reunidos por la organización demostraban que era un crimen de guerra.[27]


UN ACTIVISTA ESTUDIANTIL: DMITRY IVANOV


Dmitry Ivanov, estudiante de informática y líder del grupo estudiantil de derechos IG MGU (Grupo Iniciativa de la Universidad Estatal de Moscú), fue arrestado el 28 de abril en el campus universitario y acusado de compartir una publicación en el canal de IG MGU en Telegram donde hacía un llamamiento a la protesta pacífica, lo que las autoridades consideraban por sí solo un delito debido a las restrictivas normas sobre reuniones públicas impuestas en Rusia.[28] Una autoridad judicial le impuso 10 días de detención administrativa. El 8 de mayo, a su salida del centro de detención, Dmitry Ivanov volvió a ser detenido y nuevamente acusado de promover protestas, y su “detención administrativa” se prolongó otros 25 días. Dmitry Ivanov debía haber sido liberado el 2 de junio pero, en su lugar, fue detenido por tercera vez consecutiva.


Esta vez las acusaciones eran más graves: el estudiante estaba acusado en aplicación del artículo 207.3(2). Según la documentación de la causa examinada por Amnistía Internacional, las autoridades alegan que Dmitry Ivanov “difundió información falsa a sabiendas sobre las Fuerzas Armadas rusas” al compartir publicaciones de activistas y periodistas rusos que condenaban crímenes de guerra y varias declaraciones del presidente ucraniano Zelenski, llamar “guerra” al conflicto en lugar de usar la definición oficial obligatoria (“operación militar especial”) y afirmar que soldados rusos estaban destruyendo ciudades pacíficas en Ucrania. En el momento de redactarse este documento, el activista continuaba en detención preventiva y estaba previsto que su juicio comenzara el 21 de septiembre. Debido a sus múltiples detenciones no pudo presentarse a los exámenes finales y terminar la universidad.


UN SACERDOTE: IOANN KURMOYAROV


Ioann Kurmoyarov, sacerdote y monje de la iglesia ortodoxa rusa de San Petersburgo, dirigía un canal de YouTube y una página de VK donde publicaba comentarios sobre cuestiones espirituales y asuntos de actualidad. Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania lleva denunciando los hechos como una agresión y pidiendo a la comunidad cristiana que los condenen. El 1 de abril de 2022 fue despojado de su condición de sacerdote. El 7 de junio, Ioann Kurmoyarov fue arrestado, acusado de “difundir información falsa a sabiendas” en aplicación del artículo 207.3(2) y puesto en detención preventiva.


UNA ARTISTA: ALEKSANDRA SKOCHILENKO


Aleksandra Skochilenko, artista de San Petersburgo, sustituyó etiquetas de precios en un supermercado local por otras con información sobre la guerra en Ucrania, como el bombardeo de una escuela de arte en Mariúpol[29] el 31 de marzo. El 11 de abril, agentes del Comité de Investigación la arrestaron y acusaron de “difundir información falsa a sabiendas” con arreglo al artículo 207.3(2). A pesar de que padece la enfermedad celiaca, que requiere una alimentación especial sin gluten, fue puesta en detención preventiva, donde no le proporcionan esos alimentos. En junio pasó 20 días ingresada en un centro psiquiátrico de San Petersburgo para ser sometida a un examen de salud mental.[30]


UN POLÍTICO Y PERIODISTA: VLADIMIR KARA-MURZA


Vladimir Kara-Murza es un destacado periodista y activista político ruso conocido por su campaña en favor de la “lista Magnitsky” (sanciones económicas y de viaje específicas contra presuntos autores de abusos contra los derechos humanos en Rusia). En años recientes ha sobrevivido a dos intentos de ,envenenamiento, que las autoridades rusas no han investigado en ningún momento.


El 22 de abril, Vladimir Kara-Murza fue detenido arbitrariamente cerca de su casa en Moscú, supuestamente por desobediencia a la policía, y sometido detención administrativa durante 15 días. Cuando estaba a punto de terminar ese plazo fue acusado con arreglo al artículo 207.3(2). Su presunto delito era un discurso que había pronunciado ante la Cámara de Representantes de Arizona (Estados Unidos) el 15 de marzo,[31] en el que condenaba el uso de “bombas de racimo en áreas residenciales y el bombardeo de maternidades, hospitales y escuelas” por soldados rusos en Ucrania y los calificaba de crímenes de guerra. Vladimir Kara-Murza continúa en prisión preventiva.


El 2 de agosto, el Comité de Investigación añadió otro cargo a la causa contra Vladimir Kara-Murza. Estaba acusado de organizar una mesa redonda sobre presos políticos en Rusia, al parecer financiada por una “organización indeseable” (en Rusia, la asociación con tales organizaciones es un delito con arreglo al artículo 284.1(1) del Código Penal, penado con hasta cuatro años de prisión). Amnistía Internacional ya ha criticado anteriormente la legislación rusa sobre “organizaciones indeseables” por ser una violación de los derechos a la libertad de expresión y de asociación y ha puesto de relieve su aplicación arbitraria.[32]


UN ABOGADO: DMITRY TALANTOV


Dmitry Talantov es un conocido abogado de Izhevsk, en la República de Udmurtia, y preside el Colegio de Abogados de esa república. Uno de sus clientes es Ivan Safronov, experiodista que permanece detenido desde julio de 2020 por cargos de alta traición. Amnistía Internacional considera que su causa está empañada por coacciones y presiones indebidas sobre sus abogados y que probablemente tenga motivación política.[33]


Dmitry Talantov está procesado por una publicación de Facebook en la que criticaba la invasión de Ucrania por Rusia. Fue arrestado el 28 de junio en Izhevsk y trasladado a Moscú ese mismo día. El 29 de junio, un tribunal resolvió que Dmitry Talantov debía ser puesto en detención preventiva.[34] Según informes, en el centro de prisión preventiva no se proporcionó cama al abogado, de 61 años, quien tuvo que pasar varias noches sentado en un banco.[35]


CONCLUSIÓN


Amnistía Internacional concluye que todas las personas mencionadas —Aleksey Gorinov, Ilya Yashin, Marina Ovsyannikova, Viktoria Petrova, Maria Ponomarenko, Dmitry Ivanov, Ioann Kurmoyarov, Aleksandra Skochilenko, Vladimir Kara-Murza y Dmitry Talantov— son presos de conciencia cuyo enjuiciamiento se debe únicamente al ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Deben quedar en libertad de forma inmediata e incondicional, y todos los cargos en su contra deben ser retirados.


Más aún, Amnistía Internacional insta a las autoridades rusas a:


1.       Derogar el artículo 207.3 del Código Penal por ser incompatible con las obligaciones contraídas por Rusia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.


2.       Derogar cualquier otra legislación que imponga restricciones indebidas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de delitos como “difundir información falsa”, “desacreditar a organismos estatales”, “hacer llamamientos a la introducción de sanciones”, “ofender sentimientos religiosos” o “participar en actividades de una organización indeseable”.


3.       Mientras se incorporan estos cambios a la legislación, abstenerse inmediatamente de procesar a personas por ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión, que no es un delito reconocible según las normas jurídicas internacionales.


4.       Poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, y garantizar que reciben una reparación plena y justa.


5.       Poner fin al uso de la psiquiatría punitiva y de todo tratamiento psiquiátrico que pueda constituir tortura u otros malos tratos, y obligar a rendir cuentas a todos los presuntos responsables penales de tales prácticas.


6.       Garantizar el derecho de todas las personas a expresar libremente su opinión e impartir información, incluso sobre la guerra en Ucrania.


 











[1] Важные истории, “«Чтобы страх поселился в каждом доме». Итоги полугода уголовного преследования противников войны”, 22 de agosto de 2022, istories.media/reportages/2022/08/22/antiwar-prosecution





[2] Amnistía Internacional, Ukraine: “He’s not coming back”. War crimes in Northwest areas of Kyiv Oblast, 6 de mayo de 2022, amnesty.org/en/documents/eur50/5561/2022/en






[3] Amnistía Internacional, “Anyone can die at any time”: Indiscriminate attacks by Russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 de junio de 2022, amnesty.org/en/latest/research/2022/06/anyone-can-die-at-any-time-kharkiv






[4] Según OVD-info, ONG de derechos humanos rusa que vigila los arrestos por motivos políticos.





[5] Amnistía Internacional, “Federación Rusa: Poner fin a la censura de las voces contra la guerra”, 14 de marzo de 2022,  https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/5345/2022/es/; “Russian Federation: Authorities impose censorship on media and crush peaceful anti-war protests following invasion of Ukraine”, 28 de febrero de 2022, https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/5272/2022/en/






[6] El proyecto de ley núm. 464757-7 se había redactado originalmente para penalizar la adopción o el apoyo a las sanciones internacionales impuestas a Rusia.





[7] Los artículos 280.3 (“acciones públicas que tengan por objeto desacreditar a las Fuerzas Armadas) y 284.2 (“llamamientos en favor de medidas restrictivas contra la Federación Rusa, su ciudadanía o sus entidades jurídicas”).





[8] Parlamento de la Federación Rusa (Duma), “Внесены поправки об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях ВС РФ”, 2 de marzo de 2022, duma.gov.ru/news/53589






[9] Véase, por ejemplo, OVD-Info, “Summary of anti-war repressions. Five months of war”, 2 de agosto de 2022, data.ovdinfo.org/summary-anti-war-repressions-five-months-war





[10] Aplicando el tipo de cambio MOEX a fecha de 1 de julio de 2022.





[11] Véase, por ejemplo, Reuters, “Russia shifts stance on hospital bombing that sparked world outrage”, 10 de marzo de 2022, reuters.com/world/europe/russia-says-claim-that-it-bombed-childrens-hospital-are-fake-news-2022-03-10






[12] PIDCP, artículo 19.2.





[13] CEDH, artículo 10.





[14] Convención de la CEI, artículo 11.





[15] Constitución de la Federación Rusa, artículo 29.





[16] Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, párr. 25.





[17] Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general núm. 34, párr. 4.





[18] Véase también: Amnistía Internacional, “Russia: Schoolteacher faces 10 years in prison for telling students about a strike on a Ukrainian hospital”, 26 de abril de 2022, amnesty.org/en/documents/eur46/5512/2022/en






[19] Acta de acusación final, en los archivos de Amnistía Internacional.





[20] Amnistía Internacional, “Rusia: Condenan a siete años de prisión a un concejal por oponerse a la guerra contra Ucrania”, 8 de julio de 2022, amnesty.org/es/latest/news/2022/07/russia-municipal-councillor-sentenced-to-seven-years-in-jail-for-opposing-the-ukraine-war






[21] Amnistía Internacional, “Rusia: Las autoridades deben retirar los cargos contra Ilya Yashin, la víctima más reciente de la represión contra quienes critican la guerra”, 13 de julio de 2022, amnesty.org/es/latest/news/2022/07/russia-authorities-must-drop-case-against-ilya-yashin-latest-victim-of-clampdown-on-war-critics






[22] Ilya Yashin, “ПРЯМОЙ ЭФИР. Путину готовят трибунал. Ад встречает Жириновского. Хинштейн строчит доносы”, 7 de abril de 2022 https://youtu.be/d15dn5LYxLs, minuto 44:38.





[23] Amnistía Internacional, “Rusia: Protestar en televisión en directo es un acto de enorme valentía, no un delito”, 15 de marzo de 2022, amnesty.org/es/latest/news/2022/03/russia-protesting-live-on-tv-is-an-act-of-great-courage-not-a-crime





[24] OACNUDH, “Ukraine: civilian casualty update 12 July 2022”, ohchr.org/en/news/2022/07/ukraine-civilian-casualty-update-12-july-2022






[25] The Village: “«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках”, 9 de junio de 2022, the-village.ru/people/stories/common-people






[26] RusNews, ”Мария Пономаренко о психиатрической клинике: «Насильно кололи неизвестной субстанцией… Вернулась в СИЗО как в санаторий»”, 13 de julio de 2022, t.me/smirusnews/12825






[27] Amnistía Internacional, “Children”: The attack on the Donetsk Regional Academic Drama Theatre in Mariupol, Ukraine, 30 de junio de 2022, amnesty.org/en/documents/eur50/5713/2022/en


 





[28] Véase también: Amnistía Internacional, Russia: No place for protest, 12 de agosto de 2021, amnesty.org/en/documents/eur46/4328/2021/en






[29] Washington Post, “Russian troops ‘everywhere’ in Mariupol as art school sheltering 400 is bombed”, 20 de marzo de 2022, washingtonpost.com/world/2022/03/20/mariupol-art-school-civilians-russia






[30] Amnistía Internacional, “Federación Rusa: Más información: Detención de artista, prolongada: Aleksandra Skochilenko”, 9 de junio de 2022, amnesty.org/es/documents/eur46/5692/2022/es






[31] Arizona House GOP, “Russian Opposition Leader Vladimir Kara-Murza Addresses the Arizona House of Representatives”, 16 de marzo de 2022, youtu.be/9GY1srohskk, minuto 8:56





[32] Véase, por ejemplo, Amnistía Internacional, “Rusia: Activista de oposición condenado a cuatro años de cárcel en aplicación de la represiva ley sobre ‘organizaciones indeseables’”, 15 de julio de 2022, amnesty.org/es/latest/news/2022/07/russia-opposition-activist-sentenced-to-four-years-in-prison-under-repressive-undesirable-organization-law





[33] Amnistía Internacional, “Russian Federation: in the Absence of a Fair Trial Release Ivan Safronov Immediately”, 8 de abril de 2022, amnesty.org/en/documents/eur46/5466/2022/en






[34] Véase también: Amnistía Internacional, “Russia: Release prisoner of conscience Dmitry Talantov”, 4 de julio de 2022, amnesty.org/en/documents/eur46/5801/2022/en







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