El Tribunal de Krai de Perm celebrará mañana la vista del recurso de Aleksandr Shabarchin, activista encarcelado por un vídeo satírico en el que se ve un maniquí de fabricación casera del presidente Vladimir Putin. Amnistía Internacional pide la libertad inmediata e incondicional de Aleksandr Shabarchin, así como la anulación de la sentencia condenatoria impuesta a la también activista Danila Vasiliev.

Aleksandr Shabarchin y Danila Vasiliev fueron detenidos en noviembre de 2018 tras atar con cinta adhesiva un maniquí que llevaba una máscara del presidente Putin a una farola del centro de la ciudad de Perm. El maniquí llevaba la palabra “mentiroso” escrita en la frente y un cartel que decía “criminal de guerra”. Más tarde subieron un vídeo a YouTube en el que unos actores “interrogaban” al maniquí. En agosto de 2020, Aleksandr Shabarchin fue condenado a dos años de privación de libertad en una colonia penitenciaria y está encarcelado desde esa fecha; Danila Vasiliev, que era menor de 18 años en el momento del incidente, recibió una condena condicional de un año y un año de libertad vigilada.

“Aleksandr Shabarchin es un activista pacífico que con frecuencia dirige piquetes y participado en actuaciones callejeras para expresar su opinión sobre el gobierno ruso. Aunque el vídeo que publicó pueda haber sido ofensivo o molesto para algunas personas, su acción entra dentro del ámbito del derecho a la libertad de expresión, derecho que Rusia se comprometió a respetar como parte en los tratados internacionales de derechos humanos”, afirmó Natalia Prilutskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia.

“No hizo ningún llamamiento a la violencia y su detención es típica de la dura respuesta de las autoridades rusas a las críticas. Aleksandr Shabarchin es un preso de conciencia, encarcelado únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y debe ser puesto de inmediato en libertad incondicional. También se debe anular la sentencia condenatoria de Danila Vasiliev.”

Aleksandr Shabarchin y Danila Vasiliev fueron declarados culpables de “violación premeditada del orden público cometida por un grupo de personas” en aplicación de un artículo de redacción poco precisa del Código Penal ruso que se había usado con anterioridad para enjuiciar y encarcelar a las miembros del grupo de música punk feminista Pussy Riot.

“Estos activistas son los últimos en caer víctimas del abuso que hacen las autoridades rusas de unas leyes de redacción imprecisa con el fin de silenciar a quienes las critican. Esta condena injusta debe ser anulada y ambos jóvenes deben poder continuar con su activismo pacífico sin temor a la persecución”, concluyó Natalia Prilutskaya.