El 31 de enero, el Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú empezará a estudiar una denuncia presentada por la activista de los derechos civiles Alyona Popova y el político Vladimir Milov en la que alegan que reunir datos sobre las personas que participan en reuniones públicas legítimas desemboca en la violación de su derecho a la libertad de reunión pacífica. Con la denuncia judicial tratan de obtener la prohibición del uso de tecnología de reconocimiento facial en las concentraciones y la eliminación de todos los datos personales almacenados reunidos con anterioridad.
“La tecnología de reconocimiento facial es, por naturaleza, enormemente invasiva, pues permite la vigilancia, recogida, almacenamiento y análisis generalizados y masivos de datos personales confidenciales sin que medie una sospecha razonable individualizada. En manos de las autoridades rusas, que ya perpetran numerosos abusos, y ante la ausencia total de transparencia y rendición de cuentas de estos sistemas, es una herramienta que probablemente se usará para llevar las represalias contra protestas pacíficas a un nivel totalmente nuevo. Es significativo que el gobierno ruso no haya ofrecido explicación alguna sobre la forma en que garantizará el derecho a la intimidad y otros derechos humanos, y que tampoco haya abordado la necesidad de supervisión pública de unas tecnologías tan potentes”, afirmó Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional Rusia.
“La respuesta de las autoridades a las protestas pacíficas del pasado verano ha demostrado un claro deseo de usar la elaboración de perfiles y la vigilancia contra quienes critican al gobierno. El despliegue de sistemas de reconocimiento facial en reuniones públicas —que es, como indican todos los datos disponibles, su principal finalidad— tendrá inevitablemente un efecto amedrentador en quienes protesten”.
Información complementaria
En noviembre de 2019, el Tribunal de Distrito de Savelovsky de Moscú se negó a examinar las denuncias de Alyona Popova de que el establecimiento del sistema de videovigilancia de Moscú iba en detrimento de su derecho a la intimidad. Está previsto que el sistema de reconocimiento facial que abarca toda la red de transporte subterráneo de Moscú esté plenamente operativo el 1 de septiembre de 2020.
Dado el riesgo significativo que esta tecnología representa para los derechos humanos, como el derecho a la intimidad, a la igualdad y a la no discriminación; y la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, Amnistía considera que no la tecnología de reconocimiento facial no tiene cabida en la aplicación de la ley hasta que el Estado y los agentes privados demuestren que pueden usar estos sistemas de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
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