En respuesta a la noticia de que un tribunal ruso ha designado como “extremistas” tres organizaciones fundadas por Aleksei Navalny, Natalia Zviagina, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Moscú, ha declarado:

“Con esta decisión, las autoridades rusas han equiparado las actividades de organizaciones de la sociedad civil con delincuencia grave, y han puesto en peligro de procesamiento a decenas de miles de simpatizantes de Navalny. Este es uno de los intentos más cínicos y descarados hasta el momento de reprimir el derecho a la libertad de expresión y asociación. Unida a los recientes cambios legislativos, esta resolución prohíbe en la práctica a cualquier persona que haya estado asociada con estas tres organizaciones, o las haya siquiera apoyado, presentarse para un cargo público durante un periodo de hasta cinco años”.

“En los últimos meses se ha desplegado en Rusia una campaña sin precedentes de represión por motivos políticos. El gobierno de Vladimir Putin está respondiendo a la disminución del apoyo público con la creación de una atmósfera de miedo y desesperación, en la que ha puesto a sus rivales políticos entre rejas, los ha obligado a abandonar el país y ha prohibido una tras otra las organizaciones que se muestran contrarias al gobierno.

“La prohibición de las organizaciones de Aleksei Navalny debe ser anulada de inmediato, y las autoridades rusas deben dejar de utilizar indebidamente la legislación ‘antiextremista’ para silenciar a quienes las critican. El derecho a la libertad de expresión y asociación de quienes mantienen opiniones críticas en el país debe garantizarse plenamente, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.”

Información complementaria

Al atardecer del 9 de junio, el Tribunal Municipal de Moscú calificó de “extremistas” y prohibió tres organizaciones vinculadas al preso de conciencia Aleksei Navalny: la Fundación Anticorrupción, la Fundación Protección de los Derechos Ciudadanos y las “oficinas centrales de Navalny”. La resolución será firme cuando termine la apelación o transcurran 30 días, a menos que la apelación tenga éxito. Anticipándose a la decisión, los tres grupos afectados ya habían anunciado que cesaban su trabajo para proteger a su personal y sus simpatizantes.

Según las nuevas reformas de la legislación “antiextremista”, cuya entrada en vigor firmó Vladimir Putin la semana pasada, toda persona que haya fundado o dirigido organizaciones “extremistas”, haya trabajado en ellas o haya participado de cualquier otra forma en sus actividades tiene prohibido presentarse a un cargo público designado por elección durante un periodo de entre tres y cinco años desde la entrada en vigor de la prohibición de la organización. Hasta 200.000 personas que contribuyeron a las iniciativas de financiación colectiva (crowdfunding) de Navalny podrían tener problemas a consecuencia de la nueva ley, según ha afirmado Leonid Volkov, socio de Navalny, ya que la nueva ley puede aplicarse retroactivamente.