En respuesta a la noticia de que el Parlamento (Duma) ruso ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe a los niños y niñas migrantes que no hablen ruso matricularse en escuelas, Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional Rusia, ha declarado:
“Este proyecto de ley no sólo viola flagrantemente el derecho internacional, que Rusia está obligada a cumplir, sino también la propia Constitución del país, que prohíbe la discriminación y garantiza a todas las personas el derecho a la educación escolar gratuita. Se trata de una muestra manifiesta de xenofobia elevada al nivel de política estatal”.
“Pedimos a la Cámara Alta del Parlamento que rechace categóricamente esta legislación deshumanizadora. Su aplicación marginaría a cientos de miles de niños y niñas, a quienes privaría de la oportunidad de obtener educación; además, despreciaría la dignidad de estos niños y niñas y afectaría notablemente a sus oportunidades en la vida. Todos los niños y niñas, independientemente de su nacionalidad y su condición, tienen derecho a la educación y merecen la igualdad de oportunidades para aprender y prosperar.”
Todos los niños y niñas, independientemente de su nacionalidad y su condición, tienen derecho a la educación y merecen la igualdad de oportunidades para aprender y prosperar.
Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional Rusia
Información complementaria
El proyecto de ley, aprobado por la Cámara Baja del Parlamento ruso el 11 de diciembre, exige a todos los niños y niñas migrantes que aprueben un examen de conocimiento de la lengua rusa y presenten pruebas de que tienen permiso de residencia legal para poder matricularse en escuelas públicas. Ahora pasará a la Cámara Alta del Parlamento para su examen y, si se aprueba, será enviado al presidente para su firma.
Esta ley forma parte de una represión más amplia de la población migrante, que ha incluido leyes que aumentan el poder de los cuerpos encargados del cumplimiento de la ley de deportar a migrantes sin un proceso judicial, y que se unen a las redadas policiales realizadas en lugares donde viven y trabajan migrantes y a las deportaciones.
La comunidad rusa de derechos humanos se ha opuesto vehementemente al proyecto de ley, y ha destacado su potencial de excluir a cientos de miles de niños y niñas de la escolarización y de agravar la discriminación y la desigualdad, con consecuencias especialmente graves para los niños y las niñas que ya viven en condiciones precarias.
El Ministerio del Interior ruso ha documentado el registro en el país de más de seis millones de personas migrantes. Vladimir Putin había declarado anteriormente que hasta 10 millones de trabajadores y trabajadoras en Rusia son de ciudadanía extranjera.
Rusia es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. El artículo 10 del PIDESC y el Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño disponen que los Estados harán que la educación básica sea obligatoria y gratuita para todas las personas. Los tres instrumentos jurídicos internacionales prohíben todas las formas de discriminación, incluida la basada en el idioma, el origen nacional u otra condición.
