Actualmente, más de 80 de millones de personas alrededor del mundo han sido desplazadas por la fuerza, es decir dejan sus casas en busca de protección. Casi la mitad, son niños y niñas. A medida que las crisis humanitarias se complejizan, aumentan los números de personas que cruzan una frontera internacional por razones ajenas a su voluntad, huyendo de violaciones de los derechos humanos como la tortura, la persecución, los conflictos armados y la pobreza extrema.
“La crisis de personas refugiadas es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Las familias que se ven obligadas a huir de sus hogares transitan una sucesión de peripecias trágicas como exponerse a rutas peligrosas e irregulares, con riesgos a la vida, extorsión, violencia institucional, secuestros, abusos sexuales u otras situaciones que profundizan su condición de vulnerabilidad. Además, el hecho de transitar por vías peligrosas puede perjudicar su acceso a un estatus migratorio favorable. Como si esto fuera poco, el cierre de fronteras debido a la pandemia ha impactado aún más en el acceso a servicios de salud de estas familias. El panorama es, cuanto menos, desesperante”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Crisis humanitaria agravada por la pandemia
Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras durante el primer período la pandemia y aproximadamente 90 no implementaron medidas excepcionales para ingreso a territorio, tales como las solicitudes de asilo. Negar la posibilidad de asilo contraría las normas y estándares internacionales.
A las dificultades expuestas, se suman enormes barreras en el contexto de COVID19. En diversos países el acceso de las personas refugiadas a las vacunas se vio obstaculizado con la incertidumbre sobre su inclusión en los programas de vacunación, aun siendo la salud un derecho humano universal. Por ejemplo, en el Líbano, solo el 0,5% de las personas inmunizadas son de nacionalidad siria, pese a que representan el 20% de la población total.
Por otro lado, en Centroamérica, se denunciaron casos de ventas de test de COVID falsos con resultados negativo de coronavirus en complicidad con autoridades locales en las fronteras para que las personas puedan circular.
Patrocinio Comunitario
Las personas refugiadas y solicitantes de asilo necesitan acceder a soluciones duraderas que garanticen la protección de sus derechos humanos. Una oportunidad se presenta a través de programas de reasentamiento o de patrocinio comunitario. Sin embargo, se estima que menos del 1% de los refugiados de todo el mundo podrá beneficiarse con los planes que existen hoy.
En Argentina, el Patrocinio Comunitario es una iniciativa innovadora de reasentamiento que promueve la participación de la comunidad de bienvenida en el proceso de integración, a fin de hacerlo más llevadero a las personas refugiadas quienes participan se comprometen a ofrecer apoyo económico y emocional para la recepción e integración de las personas refugiadas en Argentina. Sin embargo, desde el cierre de fronteras por la pandemia, hay familias enteras de personas refugiadas que siguen esperando en condiciones de extrema vulnerabilidad la oportunidad de poder ser reasentadas en Argentina y en otros países.
"Desde que llegué a Argentina, tuve mucha suerte. Me recibió y me acompañó una familia maravillosa que me apoyó en mis esfuerzos por aprender el idioma y buscar trabajo. Nuestra relación es muy positiva. Trasladarme aquí fue difícil, pero me encontré personas que me ayudaron a adaptarme y a recuperar mi independencia. Ellos han hecho el proceso más llevadero y siempre les estaré agradecido”, Eyad “Eddie” Jaabary refugiado sirio, que llegó a la Argentina por el programa Patrocinio Comunitario.
En el Día Internacional de las Personas Refugiadas, Amnistía Internacional recuerda a los Estados su responsabilidad ante los compromisos internacionales asumidos, especialmente a las poblaciones vulnerables y más aún en un contexto de pandemia. Argentina, así como el resto de la comunidad internacional, debe promover políticas públicas de asilo y migratorias, respetuosas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, diversificando posibilidades de admisión seguras de grupos de refugiados, en línea con los protocolos sanitarios que consideren necesario en el escenario actual de alta complejidad.