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Entre febrero y abril de 2020, soldados en Malí, Níger y Burkina Faso arrasaron pueblos y mataron de forma ilegítima o sometieron a desaparición forzada al menos a 199 personas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. Algunas de las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y entre las víctimas hay personas internamente desplazadas.

El documento, They Executed Some and Brought the Rest with Them: Civilian Lives at risk in the Sahel, insta a los gobiernos de Malí, Burkina Faso y Níger a poner fin a la impunidad por las continuas violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad contra la población desarmada y a garantizar que las operaciones militares se ajustan al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En Malí y Burkina Faso, donde la situación puede calificarse de conflicto armado no internacional, los homicidios deliberados de civiles por las fuerzas de seguridad podrían constituir crímenes de guerra.

“La inseguridad reina en la región del Sahel, donde la población vive atrapada entre los ataques de los grupos armados y las operaciones militares en curso. Mientras, las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a decenas de personas en grupos, sin que se vuelva a tener noticias de algunas de ellas y se desconoce la auténtica magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas por los ejércitos”, ha afirmado Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

 

“Hasta ahora, las promesas de los gobiernos de Malí, Burkina Faso y Níger de abordar estas violaciones de derechos humanos han sido vanas. Las autoridades de estos países deben investigar con urgencia y rigor estos incidentes, muchos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra, y garantizar la seguridad de la población durante las operaciones militares contra grupos armados.”

 

El documento destaca las violaciones de derechos humanos cometidas durante la respuesta militar a la situación de inseguridad en Malí, Burkina Faso y Níger, tres países que se enfrentan a la amenaza que representan los grupos armados, como el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM) y el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS). Las violaciones de derechos humanos tuvieron lugar tras la Cumbre de Pau del 13 de enero de 2020, que reunió en Francia a los Estados miembros del G5 Sahel, en el que los tres países son parte, y a Francia, y en la que los jefes de Estado reafirmaron su determinación común de luchar juntos contra la inseguridad en el Sahel.

 

Detenciones y ejecuciones extralegales en Malí

 

En Malí, después de que las fuerzas de seguridad fueran atacadas por grupos armados, el ejército realizó amplias operaciones en las comunas de Diabaly y Dogofry, en la región de Segú, que dieron lugar a diversas violaciones de derechos humanos.

 

Amnistía Internacional ha podido confirmar que, entre el 3 de febrero y el 11 de marzo de 2020, el ejército de Malí ejecutó extrajudicialmente o mató ilegítimamente a 23 personas y detuvo o sometió a desaparición forzada a otras 27 personas en las comunas de Diabaly y Dogofry.

El 16 de febrero en Belidanedji, las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente a cinco personas, que fueron enterradas por la comunidad, y arrestaron a otras 18, de las que no se sabe nada desde entonces.

 

Un familiar de las víctimas dijo a Amnistía Internacional:

 

“Cuando llegaron los soldados, la mayoría pudo escapar de su furia. Pero arrestaron a varios vecinos y ejecutaron a cuatro familiares míos. Después, se hicieron con fertilizantes, suministros y muchos otros productos en el mercado.”

 

Ejecuciones extrajudiciales en Burkina Faso

 

Amnistía Internacional también ha documentado graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en Burkina Faso entre marzo y abril de 2020. Al menos en dos ocasiones, las fuerzas de seguridad sometieron a desaparición forzada a personas, algunas internamente desplazadas, antes de matarlas.

El 29 de marzo, Issouf Barry, concejal local de Sollé, Hamidou Barry, jefe del pueblo de Sollé, y Oumarou Barry, miembro de la familia principesca de Banh, fueron secuestrados en sus casas en Ouahigouya.

 

Según un familiar de una de las víctimas, los tres fueron detenidos en sus casas por gendarmes. Los tres eran desplazados internos que habían tenido que abandonar sus lugares de origen debido a la situación de inseguridad y se habían mudado a Ouahigouya, capital regional. Habitantes del pueblo encontraron sus cadáveres el 2 de abril en las afueras de la ciudad, en la carretera que lleva a Oula.

 

En otro incidente documentado por Amnistía Internacional, 31 personas residentes de Djibo, entre ellas 10 internamente desplazadas, fueron detenidas y ejecutadas el 9 de abril por el Grupo de Fuerzas Antiterroristas (Groupement des Forces Anti-Terroristes). El 20 de abril de 2020, el gobierno reconoció que habían tenido lugar ejecuciones extrajudiciales. En una declaración, afirmó que desde el 10 de abril de 2019 se había encargado a la justicia militar (Justice Militaire) investigar esas denuncias.

 

Al menos 102 personas sometidas a desaparición forzada en Níger

 

En Níger,  un total de 102 personas de la región suroccidental de Tillabery fueron detenidas y sometidas a desaparición forzada por el ejército entre el 27 de marzo y el 2 de abril de 2020 como parte de la operación Almahou.

Testigos de los hechos explicaron a Amnistía Internacional que, entre el 27 y el 29 de marzo de 2020, soldados de Níger arrestaron a 48 personas cuando iban o venían de un mercado en Ayorou. Las otras 54 fueron detenidas por las fuerzas de seguridad en diferentes localidades el 2 de abril.

 

Cinco testigos entrevistados por Amnistía Internacional señalaron que no se sabe nada de ninguna de estas personas y que se han encontrado muchas fosas comunes en diferentes lugares en el departamento de Ayorou. Muchas personas residentes en la zona temían por su suerte si se acercaban a las fosas comunes o preguntaban por las desapariciones forzadas.

La represión militar ha obligado a la gente a huir a zonas urbanas en busca de seguridad.

 

“La población de Inates ha abandonado el pueblo a causa de la inseguridad y la mayoría se ha trasladado al sur, más cerca de los centros urbanos”, ha explicado un testigo a Amnistía Internacional.

 

“Las autoridades de Malí, Níger y Burkina Faso deben garantizar el cese inmediato de los homicidios ilegítimos y las desapariciones forzadas cometidas por sus fuerzas de seguridad. Deben garantizar de inmediato que todas las personas detenidas y secuestradas son puestas en libertad o comparecen ante un tribunal y son acusadas de un delito común reconocible. Deben investigar estos incidentes y procesar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. La impunidad sólo ha dado lugar a más abusos y violaciones de derechos humanos”, ha afirmado Samira Daoud.

 

“Es importante que os actores regionales y los socios internacionales adopten una postura firme contra estas violaciones de derechos humanos y exhorten a las autoridades de los tres países a garantizar que se toman todas las medidas necesarias antes, durante y después de las operaciones para prevenir daños a civiles y más abusos.”

 

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en África Occidental y Central: press@amnesty.org; o Sadibou.marong@amnesty.org, +221 77 658 62 27; Twitter: @AmnestyWARO