Amnistía Internacional Argentina y la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación organizó el 18 de mayo la charla-debate “El rol del Estado frente a las violencia contra las mujeres: tortura y otros malos tratos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva”.

La denegación de los derechos sexuales y reproductivos constituye una forma de manifestación de la violencia contra la mujer; quizá una de las más invisibilizadas. El objetivo del encuentro fue debatir acerca del rol del Estado en el ciclo de la violencia, en especial en el ámbito de la salud y los derechos reproductivos.

De la actividad participaron Juan Méndez, relator de la ONU contra la tortura,  Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir y abogada en el caso Belén, y Fernanda Doz Costa, investigadora de Amnistía Internacional. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la diputada Victoria Donda y de Paola García Rey, de Amnistía Internacional Argentina.

El relator de la ONU presentó su informe de este año, que brinda una perspectiva transversal y de género a la agenda de tortura y malos tratos. El Relator Especial llamó la atención sobre “el riesgo de las mujeres de sufrir tortura y malos tratos cuando buscan asistencia médica por su disconformidad real o aparente con las funciones que determina la sociedad para cada sexo. En particular, el aborto, que a menudo se estima como contrario a las funciones y expectativas que la sociedad ha asignado a las mujeres.”

En su presentación, además, sostuvo que “cuando el aborto está restringido por ley la mortalidad materna aumenta, ya que las mujeres se ven obligadas a someterse a abortos clandestinos en condiciones peligrosas y antihigiénicas”. Y agregó que en países donde no está penalizado el aborto, la mortalidad es más baja.
Por su parte, Fernanda Doz Costa presentó un informe regional realizado por Amnistía Internacional sobre Salud Sexual y Reproductiva, Violencia y Tortura. El informe reúne casos paradigmáticos de 8 países sobre la manera en que los Estados, a través de sus políticas y prácticas,  son generadores de violencia institucional contra las mujeres y niñas. Indicó que “estas historias  demuestran un patrón generalizado en una región que presenta los mayores índices de desigualdad y en donde más de la mitad de los embarazos son no deseados o no planificados”.

Y agregó que “El ciclo de violencia contra las mujeres no terminará si no se reforman las legislaciones, políticas públicas y prácticas discriminatorias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva”.

Soledad Deza, abogada de la joven presa en Tucumán por sufrir un aborto espontáneo, relató los hechos del caso describiendo la manera en que se inscribe la historia de Belén dentro de esta problemática en que el Estado, a través de los servicios de salud, las fuerzas de seguridad y operadores judiciales, reproduce conductas de maltrato e humillación en entornos institucionales, violando su deber de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La abogada repasó las incongruencias del expediente, y sostuvo que en este caso “se activó un mecanismo y una maquinaria destinada a criminalizar a Belén”.

Finalmente, la diputada Victoria Donda habló sobre Belén y dijo: “Este caso es uno de los que más duelen, es el modo en el que el Estado interviene de forma negativa. Esperamos que no haya ni una muerta más por violencia machista”.

Para concluir, Paola García Rey subrayó que el caso de Belén no es el único. Por el contrario hay otras mujeres que padecen la amenaza de la herramienta penal como forma de amedrentamiento y castigo por no responder al prototipo de madre reproductora. “La violencia contra la mujer y la denegación de su salud sexual y reproductiva es una muestra clara de la falta de voluntad política para proteger y garantizar los derechos de mujeres y niñas”, indicó, para luego destacar el rol que le cabe al Poder Legislativo en el avance de los derechos de las mujeres, en general, y con relación a su salud sexual y reproductiva en particular y destacó lo productivo de estos espacios de intercambio para instalar esta agenda en el Congreso.

Participaron del evento: Las/los disputadas/os: Carla Carrizo, Graciela Cousinet, Victoria Donda, Alejandra Martínez, Federico Masso, Soledad Sosa. Agradecemos la contribución de Católicas por el Derecho a Decidir y MUMALÁ.

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