A dos años de la desaparición de Santiago Maldonado y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida, destacamos la responsabilidad del Estado de esclarecer las causas que llevaron a su muerte e investigar las presuntas responsabilidades de las autoridades. La decisión de la justicia argentina de cerrar la causa y con ello la investigación, contraviene los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Santiago Maldonado era un joven de 28 años que estuvo desaparecido desde el 1 de agosto de 2017, tras una violenta represión por parte de la Gendarmería Nacional en la comunidad Mapuche Pu Lof, en el Departamento de Cushamen, Provincia de Chubut. Se encontraba en territorio de dicha comunidad Mapuche desde el día anterior, acompañando sus reclamos. Su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre en el Río Chubut, 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez.

El 29 de noviembre de 2018, el juez federal argentino cerró y archivó la causa que investiga la muerte y desaparición de Santiago Maldonado. De acuerdo con la resolución, Santiago "[...] murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo”. 

Resulta inadmisible que para la justicia argentina nadie sea responsable por la muerte de Santiago Maldonado. Las autoridades judiciales deben asegurar una investigación exhaustiva, imparcial e independiente para determinar las causas y el contexto de su muerte.

Para Amnistía internacional, desvincular la muerte de Santiago Maldonado del operativo de fuerzas de seguridad en el cual se produjo puede dejar este caso en la impunidad y enviar una señal sumamente equívoca para los derechos humanos en la Argentina.