Amnistía Internacional pidió al gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, que derogue la norma que obstaculiza el acceso de las mujeres al aborto legal en esa provincia. Lo hizo a través de una carta en la que señaló que la actual normativa de Entre Ríos no responden al objetivo de proteger “los derechos de las mujeres víctimas de una violación, sino a una intención de restringirlos”. Los detalles serán explicados en una conferencia de prensa que se desarrollará hoy desde las 19 en el aula 5 de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (La Rioja 6, Paraná).

En marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo “F.,A.L.” que despejó las dudas que pudieran existir sobre el artículo 86 del Código Penal y estableció que el aborto es legal cuando el embarazo es resultado de una violación o se pone en riesgo la vida o la salud de la mujer en caso de que continúe la gestación.  El máximo tribunal indicó en esa sentencia que tanto el Estado Nacional como los provinciales deben “remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios de atención de los abortos no punibles (ANP)”.

Sin embargo, el ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos dictó en mayo de 2012 la Resolución 974/2012, que contraviene de manera ilegal el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia. La norma deja por fuera la regulación del aborto en casos de peligro para la vida o la salud de la mujer e incorpora requisitos adicionales para acceder al aborto legal para los casos de violación, ya que exige la verificación del abuso sexual por parte de un equipo interdisciplinario y la refrenda del director/a del hospital.

Así, la resolución no sólo es discriminatoria –ya que se aplica a las mujeres de Entre Ríos, pero no a las del resto del país- sino que también viola lo ordenado por la Corte Suprema, que estableció que la manifestación de la víctima de la violación ante el médico tratante es suficiente para acceder al aborto legal y rechazó la posibilidad de incorporar requisitos adicionales.

En consecuencia, Amnistía Internacional pidió al gobernador Urribarri que derogue la Resolución 974/2012 y garantice el acceso al aborto legal en la provincia de Entre Ríos.