En 2017, cerca de 300 defensores y defensoras de derechos humanos fueron víctimas de homicidio en todo el mundo. Estamos siendo espectadores de un escenario mundial cada vez más intolerante, donde son los propios líderes quienes lo alientan.

La retórica del “nosotros contra ellos” sobre la que se construye la agenda política mundial fomentó un retroceso general en materia de derechos humanos e impulsó ataques con el objetivo de destruir su credibilidad.

En 2016, en Turquía hubo un fallido golpe de Estado que desató una oleada masiva de represión. La persecución estuvo dirigida no solo contra los sospechosos de haber participado del proceso de desestabilización, sino también contra cualquier persona crítica del gobierno, incluidos los medios de comunicación, y defensores y activistas de derechos humanos. Hoy, 11 defensores y defensoras enfrentan cargos de terrorismo. Uno de ellos es Taner Kilic, presidente de Amnistía Internacional Turquía, quien continúa en prisión preventiva desde junio pasado y podría ser condenado a 15 años de cárcel.

La guerra contra las drogas liderada por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, lleva desde 2016 hasta la fecha miles de víctimas, incluidos niños y niñas. Sin embargo, ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad rindió cuentas por los crímenes cometidos. El presidente no hace más que defender a las fuerzas de seguridad. Hoy, las consecuencias de esta política pueden contabilizarse en el número de muertos.

Torturas. En Myanmar hay un sistema de discriminación institucionalizado desde el Estado. Las fuerzas de seguridad mataron, torturaron y violaron a personas del pueblo rohingyá, incendiando comunidades enteras. Más de 600 mil personas huyeron a Bangladesh.

Los países europeos incumplen rotundamente sus compromisos de reubicar a los solicitantes de asilo. Apenas llegaron a un tercio de lo prometido. Entre los peores figuran Polonia y Hungría, que se niegan a aceptar refugiados, y aquellos que llegan a sus fronteras son víctimas de los tratos más inhumanos. En varios países de Europa, esta crisis generó que muchos gobiernos propongan o adopten medidas antiterroristas, empoderando a las fuerzas de seguridad y exponiendo a la población a una vigilancia gubernamental nunca antes vista.

Redes. Durante 2017 vimos cómo los gobiernos han utilizado las redes sociales y digitales para promover el odio, así como para inhibir la expresión y limitar la circulación de opiniones críticas. Víctimas de ello han sido los defensores de derechos humanos, políticos, líderes comunitarios, sindicalistas y periodistas. No importa quién, cualquier opinión crítica al gobierno ha sido reprimida. Los gobiernos utilizan información falsa, datos privados o información que posee en su poder para desacreditar y deslegitimar cualquier voz molesta.

Nuestra región, mal. La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas sigue siendo constante en todo el mundo. Nuestra región lidera esta lista. A los gobiernos no les importa ni el nivel de violencia en general ni el de violencia sexual en particular. Las estadísticas son aterradoras.

Detenciones indiscriminadas. En nuestro país, 2017 fue un año difícil en materia de derechos humanos. Detenciones indiscriminadas tuvieron lugar durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, durante la protesta docente de abril, y más de treinta personas fueron detenidas tras participar en la movilización por Santiago Maldonado, quien había desaparecido el 1º de agosto en el marco de una represión ilegal llevada adelante por la Gendarmería Nacional. Su cuerpo apareció en el Río Chubut. Aún no sabemos qué sucedió, y a la fecha no hay ningún responsable. En Río Negro, el 25 de noviembre Rafael Nahuel fue baleado por la espalda y falleció horas después. La muerte se dio en un contexto de reclamo territorial mapuche. Tampoco hay responsables. En diciembre, manifestantes se expresaron en contra de la reforma previsional en una movilización que dejó ver una violencia inusitada en nuestro país. De acuerdo con denuncias efectuadas por diferentes víctimas y familiares de víctimas en las oficinas de Amnistía Internacional, muchas de esas detenciones fueron indiscriminadas, y varias personas terminaron detenidas arbitrariamente.

En todos estos casos hubo un uso abusivo y excesivo de la fuerza. Si bien las fuerzas de seguridad tienen un rol de protección de la ciudadanía, su margen de actuación debe estar estrictamente limitado a ello. El uso de la fuerza conlleva obligaciones y responsabilidades, en particular respecto de los derechos humanos que puedan verse afectados.

Los países que han tomado medidas de austeridad que afectan derechos económicos y sociales han visto a sus sociedades movilizarse. Frente a estos escenarios, es imperioso trabajar en la contención de estas situaciones sin olvidar que el rol primordial de los gobiernos es proteger, respetar los derechos de todos sus ciudadanos.
*Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.