En un contexto donde la violencia digital se ha convertido en un fenómeno en constante crecimiento con graves consecuencias para la libertad de expresión, Amnistía Internacional presenta su nuevo informe titulado "Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas". El estudio revela que el 63,5% de las periodistas mujeres y con diversas identidades de género en Argentina han sido víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos seis años. De ellas, un 98,3% fue objeto de insultos aislados, mientras que un 85,6% fue víctima de hostigamiento o trolleo. Un 45,9% de las periodistas experimentó acoso sexual o amenazas de violencia sexual y un 44% amenazas de violencia física.
Para su elaboración, Amnistía Internacional encuestó a 403 periodistas mujeres y de diversas identidades de género de todo el país y se realizaron 36 entrevistas que recopilaron testimonios de personas con diversos roles en el circuito productivo de la información. Estas entrevistas incluyeron a periodistas, así como a directores, ejecutivos, ejecutivas, editores y editoras de medios de comunicación, representantes de asociaciones de periodistas como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Academia Nacional de Periodismo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y representantes de la empresa Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), quienes accedieron a brindar una entrevista, a diferencia de otras plataformas como X (ex twitter).
El informe documenta el impacto de la violencia digital en la libertad de expresión, la salud mental y el ejercicio profesional de las periodistas. Además, pone de manifiesto que la violencia de género online que se ejerce contra ellas tiene como fin disciplinarlas y silenciarlas, simplemente por el hecho de ser mujeres que alzan su voz en espacios públicos o, en el caso de las periodistas especializadas en género, por atreverse a visibilizar púbicamente la desigualdad de género. En este sentido, el informe releva que la producción noticiosa sobre aborto, femicidios y violencia de género y derechos humanos las expone a recibir mayor violencia.
Esto se enmarca en un contexto más amplio de polarización y ataques a periodistas, donde los discursos de odio, la agresión y la desinformación se han vuelto moneda corriente para desacreditarlos públicamente y minar por completo su reputación.
“No se trata en absoluto de un fenómeno nuevo. Desde Amnistía Internacional venimos denunciado los ataques a periodistas durante gobiernos de distinto signo político , pero en los últimos tiempos esta práctica se ha visto exacerbada por un contexto donde la violencia y los abusos en espacios digitales es habilitada y promovida especialmente por autoridades gubernamentales, lo que agrava los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión", expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en la presentación del informe del que también participaron la periodista Luli Trujillo, la titular de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres), Mariela Labozzetta y Nadia Koziner y Natalí Schejtman, especialistas en periodismo y tecnología.
En particular, la investigación revela que un 23% de las periodistas que experimentaron violencia online fue por parte de figuras del ámbito político.
Las redes sociales: de aliadas a espacios de violencia
Las plataformas digitales, que inicialmente democratizaron el acceso a la información y fueron grandes aliadas de las periodistas y de las principales voceras de las agendas de género -como lo demuestran los movimientos #MeToo y #NiUnaMenos- se han convertido en espacios que amplifican discursos de odio y la violencia de género contra las periodistas. El anonimato, la rápida difusión y la permanencia de los contenidos en internet hacen que el impacto de las agresiones sea aún mayor con consecuencias sumamente graves.
La investigación permite acreditar que la violencia de género online hacia las periodistas no es aislada y episódica, sino un hecho cotidiano en sus vidas. Se observa un continuo de la violencia que padecen las mujeres, niñas y diversidades en el entorno digital y fuera del mundo virtual, que emerge de la misoginia y la desigualdad estructural de género socialmente arraigada.
Por su parte, Koziner y Schejtman profundizaron en que analizar experiencias de violencia digital de las periodistas mujeres requiere previamente comprender las condiciones en las que las periodistas ejercen su trabajo. Este aspecto fue muy protagónico en los relatos ya que impacta en cómo y dónde las encuentra la violencia: solas o acompañadas por una empresa periodística, en sus casas o en una redacción, abocadas a un solo trabajo o haciendo malabares entre varios empleadores"
Impacto en la libertad de expresión y en la rutina laboral
El informe revela que cinco de cada diez periodistas encuestadas que fueron víctima de violencia manifestaron que se autocensuran en las redes sociales para evitar experimentar ataques y más del 80% reportó que su práctica profesional de alguna forma se vio afectada ante hechos de agresión en redes.
“Las agresiones me paralizan. Las pocas veces que fui atacada me sirvieron para borrar, bloquear y retraerme cada vez más”, expresó una de las periodistas entrevistadas.
La salud y la vida de las periodistas
La investigación evidencia el impacto de esta modalidad de violencia en la salud mental y la vida de las periodistas. Entre quienes reportaron haber sufrido violencia digital, casi tres de cada diez se sintieron físicamente inseguras debido a situaciones de hostigamiento en redes sociales. Además, siete de cada diez viven con el temor de ser víctimas de amenazas o ataques en línea, y dos de cada diez recurrió a un apoyo médico o psicológico debido a las situaciones de ese tipo vividas.
La retracción de la agenda de género en los medios de comunicación
En un contexto marcado por la reacción de sectores que se oponen al reconocimiento de los derechos de mujeres y personas LGBTI+, agravado por la crisis de la industria periodística y la precarización laboral, ha llevado a muchos medios a no priorizar los temas de género en la agenda mediática. Como resultado, las periodistas y editoras especializadas en esta área han perdido respaldo institucional necesario para realizar su labor. De las 13 editoras de género que ocupaban un lugar relevante en los medios, actualmente quedan menos de la mitad.
Aunque algunos medios justificaron esta retracción de la agenda de género en la pérdida de interés por parte de las audiencias, otros ejecutivos de medios nacionales afirman lo contrario, destacando que su compromiso con la visibilización de la desigualdad de género no está sujeto a las modas.
Acceso a la justicia: desafíos pendientes
El informe revela que el acceso a la justicia ante la violencia de género online enfrenta serios desafíos que requieren una atención urgente. Las barreras son múltiples y la inadecuada respuesta estatal a esta problemática desincentiva que las mujeres denuncien la violencia sufrida en el entorno digital. A pesar de la gravedad de esta problemática, solo el 7% de las víctimas de violencia digital encuestadas ha denunciado los hechos ante la justicia, lo que pone en evidencia la percepción de que el Estado no realiza los esfuerzos necesarios para abordar de manera efectiva la violencia digital y proporcionar soluciones oportunas y eficaces a las víctimas.
“Las empresas que gestionan y son dueñas de las redes no tienen como prioridad modelos de sociedad sino modelos de negocio. Esto entra en conflicto e impacta en la calidad del derecho a ejercer plenamente la libertad de expresión”, profundizó Mariela Labozzetta, titular de la UFEM.
Recomendaciones
Amnistía Internacional insta al Estado argentino a garantizar a las periodistas una vida libre de violencias y discriminación y a promover políticas públicas que protejan su libertad de expresión. A su vez, la organización hace un llamado a las plataformas digitales para que revisen sus políticas y sean transparentes respecto a las medidas adoptadas para garantizar los derechos humanos. Por último, insta a los medios de comunicación a que implementen políticas internas para proteger a las periodistas y garantizar la libertad de expresión sin miedo a sufrir represalias.
