Amnistía Internacional y otras organizaciones han logrado hoy una victoria histórica al reconocer el órgano jurídico que supervisa las prácticas de los servicios secretos británicos que el intercambio entre Estados Unidos y Reino Unido de la información obtenida mediante la vigilancia de comunicaciones violó las normas de derechos humanos.

La sentencia ha sido dictada por el tribunal que supervisa la actividad de los servicios secretos de Reino Unido (Investigatory Powers Tribunal, IPT), que tiene jurisdicción sobre las prácticas de la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ), el MI5 y el MI6. Según el fallo, hasta ahora “el régimen que regía la solicitud, recepción, almacenamiento y transmisión por parte de las autoridades británicas de comunicaciones privadas de individuos radicados en Reino Unido, obtenidas por autoridades estadounidenses” con arreglo a los sistemas de vigilancia PRISM y Upstream había estado violando las normas internacionales de derechos humanos.

“Se trata de una victoria histórica en la larga batalla por el derecho a la intimidad y la libertad de expresión”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“Han descubierto el juego del ratón y el gato del gobierno británico sobre la vigilancia, que hablaba sobre la ‘seguridad nacional’ mientras intentaba encubrir conductas ilegales en su uso de información privada.

“Los gobiernos de todo el mundo recogen y utilizan nuestra información personal cada vez con más avidez y falta de escrúpulos. Se trata de demostrarles que hay leyes para mantener a raya a sus espías.”

Amnistía Internacional, Liberty, Privacy International, la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles y otras organizaciones llevaron el caso hasta el IPT. Es la primera vez que un fallo de este tribunal declara ilegales las prácticas de vigilancia del gobierno británico.

Sin embargo, el IPT afirmó que el intercambio de información entre Estados Unidos y Reino Unido en materia de vigilancia de las comunicaciones  es ahora legal desde que, a raíz de este  litigio, el gobierno británico ha dado a conocer las salvaguardias existentes a la hora de conseguir información de las autoridades estadounidenses.

Amnistía Internacional está totalmente en desacuerdo con esta afirmación, ya que la limitada información revelada sobre estas políticas gubernamentales dista mucho de garantizar que este intercambio de información se ajuste a las obligaciones de derechos humanos de Reino Unido. La organización tiene previsto impugnar la sentencia del IPT ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.