El gigante petrolero Shell tiene que responder por su papel en las violaciones de derechos humanos —entre ellas asesinato, violación y tortura— perpetradas por el régimen militar de Nigeria en la década de 1990.

La víctima fue el pueblo ogoni, cuyas tierras han sido devastadas por la contaminación causada por las actividades de Shell. Cuando la población indígena ogoni se organizó para protestar pacíficamente, el gobierno de Nigeria emprendió una campaña de terrible violencia contra ella.

A pesar de las numerosas pruebas que vinculan a Shell con la actuación del gobierno, jamás se han pedido cuentas a ningún ejecutivo de la empresa por su implicación.

El hecho de que Shell nunca haya tenido que rendir cuentas es un escándalo que transmite un terrible mensaje: cuando una empresa es lo suficientemente rica y poderosa, puede eludir cualquier consecuencia.

Así que, por primera vez, Amnistía Internacional reunió todas las pruebas disponibles para trazar un abrumador retrato del papel de Shell.

A partir de 1990, Shell supo que sus peticiones para que las fuerzas de seguridad intervinieran en el Delta del Níger probablemente provocarían violaciones de derechos humanos.

En 1990, Shell pidió la ayuda de una unidad de policía paramilitar para que se ocupara de las personas que se manifestaban pacíficamente en una de sus instalaciones en Umuechem. La policía atacó el pueblo con armas de fuego y granadas, mató a 80 personas y quemó 595 casas.

A pesar de esta atrocidad, Shell volvió a pedir la ayuda del gobierno de Nigeria en protestas comunitarias. Comenzó a surgir una pauta clara: una y otra vez, Shell solicitaba la intervención del gobierno, y la petición pronto iba seguida de muertes y actos de violencia. Por ejemplo:

Un informe de Shell muestra que el 18 de marzo de 1993 el personal de la empresa “suplicó” al gobernador del estado de Rivers protección militar mientras sus contratistas construían un oleoducto.

El 30 de abril, el ejército respondió a las protestas de la comunidad contra el nuevo oleoducto disparando e hiriendo a 11 residentes en el pueblo de Biara.

Unos días después, el 4 de mayo, Shell volvió a pedir “ayuda” al gobernador. Este mismo día, el ejército abrió fuego contra las protestas comunitarias en el pueblo de Nonwa y mató a un hombre. De nuevo una petición directa de Shell había ocasionado violaciones de derechos humanos.

Posteriormente, un documento del 11 de mayo de 1993 demuestra que los directivos de Shell se entrevistaron con altos cargos gubernamentales y funcionarios de seguridad en Abuya “para movilizar el apoyo a altos niveles del gobierno”. El jefe del servicio de seguridad garantizó a Shell que el problema ogoni “pronto se acabaría”.

 Dos meses después, el ejército instigó una nueva oleada de ataques armados contra el pueblo ogoni, en la que participó.

 A pesar de estas violaciones, la política de Shell fue proporcionar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.

En una declaración de 1995, el entonces director de Shell Nigeria, Brian Anderson, explicaba que la política de la empresa era proporcionar al gobierno nigeriano apoyo logístico, incluido el uso de sus embarcaciones, autobuses y helicópteros.

En ocasiones, la ayuda de Shell facilitó directamente las violaciones de derechos humanos.  Por ejemplo, en octubre de 1993, la empresa proporcionó el transporte del ejército al pueblo de Korokoro, donde las tropas dispararon contra los manifestantes.

Shell no tuvo reparos en ofrecer apoyo logístico reiteradamente a las fuerzas de seguridad, a sabiendas de que estaban cometiendo violaciones de derechos humanos.

Shell incluso pagó a una unidad del ejército responsable de la violencia.

En diciembre de 1993, poco después de un golpe militar, Shell escribió al nuevo administrador militar del estado de Rivers poniéndole de manifiesto las consecuencias económicas de las protestas e indicándole las comunidades, incluidas las de Ogoniland, donde había habido protestas.

Un mes después, el administrador militar creó la nueva Fuerza Especial de Seguridad Interna, al mando del comandante Paul Okuntimo.

La Fuerza Especial de Seguridad Interna comenzó casi de inmediato a perpetrar violaciones de derechos humanos.  El 21 de febrero de 1994, soldados al mando de Okuntimo dispararon contra miles de personas que se manifestaban pacíficamente ante las instalaciones generales de Shell.

Posteriormente, el 3 de marzo de 1994, Shell pagó al comandante Okuntimo y a 25 de sus hombres unos “honorarios”.  En un documento interno de Shell se explica que el pago era una “muestra de gratitud y un elemento para motivar una disposición favorable y constante en relación con [Shell] en tareas futuras”.

Poco después, la Fuerza Especial de Seguridad Interna emprendió una campaña de brutales incursiones en Ogoniland, en la que mató, violó y torturó a habitantes de los pueblos de esta región.

Shell estaba totalmente al tanto de estas violaciones de derechos humanos.

El comandante Okuntimo alardeaba en televisión de esas operaciones, que recibían una amplia cobertura de los medios de comunicación. En julio de ese año, el embajador neerlandés comunicó a Shell que el ejército había matado aproximadamente a 800 ogonis.

Shell también conocía la situación desde dentro. Ejecutivos de la empresa se reunían regularmente con altos cargos gubernamentales para debatir la estrategia del gobierno frente a las protestas del pueblo ogoni.

 Shell planteó al pueblo ogoni y a Ken Saro-Wiwa como un “problema”.

La crisis ogoni culminó con las ejecuciones de “los nueve ogonis” por el Estado de Nigeria. Uno de los ejecutados fue Ken Saro-Wiwa, famoso escritor y líder de las protestas del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP).

Las pruebas demuestran que, en el momento cumbre de la represión en Ogoniland, Shell animó y motivó a las autoridades militares para que acabaran con las protestas del MOSOP, mencionando concretamente a Ken Saro-Wiwa.

Un informe describe cómo, en una reunión con el presidente Sani Abacha del 30 de abril de 1994, Brian Anderson planteó “el problema de los ogonis y de Ken Saro-Wiwa”.

Anderson dijo que había salido de la reunión con la sensación de que Abacha “iba a intervenir con las fuerzas armadas o con la policía”.

En efecto, al cabo de un mes, Saro-Wiwa y otros líderes del MOSOP eran detenidos, acusados injustamente de participar en un asesinato y recluidos sin cargos.

Los hombres fueron torturados y maltratados bajo custodia y, tras ser declarados culpables en un juicio que fue una farsa, fueron ejecutados el 10 de noviembre de 1995. Los detallados expedientes muestran que Shell sabía que el juicio no tendría garantías y que Ken Saro-Wiwa sería condenado, pero en las pruebas de las que se dispone no hay señal alguna de que Shell intentara persuadir al gobierno nigeriano de seguir una pauta menos violenta en Ogoniland.

Conclusión:

La conducta de Shell equivalió a animar y, en ocasiones, facilitar los terribles crímenes y abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad nigerianas en Ogoniland a mediados de la década de 1990. La empresa, sabedora de que con casi total seguridad se iban a perpetrar actos de violencia contra las comunidades locales, pidió a las fuerzas de seguridad que se ocuparan de las protestas comunitarias. Shell proporcionó apoyo logístico al ejército y la policía, señaló repetidas veces al gobierno nigeriano lo mucho que el país dependía económicamente del petróleo e incluso pagó a las fuerzas de seguridad.

Shell siempre ha negado rotundamente estas acusaciones. Sin embargo, las pruebas presentan la vergonzosa imagen de una empresa que pone sus intereses por encima de todo lo demás.  La pregunta clave es: si Shell no hubiera actuado como lo hizo, y no hubiera presionado al ejército y el gobierno de Nigeria, ¿habrían sido golpeadas, torturadas, violadas y asesinadas tantas personas?

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Nigeria y de los países sede de Shell, Reino Unido y Países Bajos, que abran una investigación penal sobre el papel de la empresa en las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad nigerianas.