Antes de que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) presenten sus compromisos para el programa de reasentamiento de la UE el 15 de septiembre, pedimos a los y las dirigentes que amplíen de forma ambiciosa las rutas seguras para el acceso a la protección internacional y reflejen mejor la capacidad de acogida de Europa.

El reasentamiento y otras rutas de protección complementarias son un salvavidas para las personas que se ven obligadas a huir: un camino hacia la seguridad sin poner su vida en peligro. Para los países de primer asilo, representan una forma de solidaridad y apoyo, mientras que para los países receptores constituyen un método estructurado y duradero de acoger a las personas necesitadas.

Tras muchos años de compromisos reducidos con respecto al reasentamiento y las admisiones humanitarias, los próximos meses ofrecen nuevas oportunidades para que la UE asuma cuotas ambiciosas en cuanto a rutas seguras para las personas refugiadas. La pandemia de COVID-19 no supone ya un obstáculo para los traslados internacionales y la próxima celebración del segundo Foro Mundial sobre los Refugiados en diciembre es una oportunidad crucial para que la UE demuestre su liderazgo en materia de protección internacional. Mientras se sigue negociando el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, no debe ignorarse la importancia de las rutas seguras en unas políticas de asilo y migración verdaderamente sostenibles y equilibradas.

Incluso con los actuales desplazamientos desde Ucrania, los Estados miembros de la UE sólo acogen a una pequeña proporción[1] de las personas en situación de desplazamiento forzoso a nivel global y en los últimos años apenas han atendido un ínfimo 1,1% de las necesidades mundiales en cuanto a reasentamiento. Es evidente que Europa puede y debe hacer más para brindar su apoyo a quienes necesitan protección, así como mostrar solidaridad con los países que acogen a la gran mayoría de las personas desplazadas.

Las 45 organizaciones no gubernamentales y humanitarias abajo firmantes piden a la UE, a sus Estados miembros y a los países asociados:

1.       Intensificar las actividades de reasentamiento para alcanzar los objetivos fijados en la Hoja de ruta para 2030 respecto a soluciones de terceros países para cumplir el Pacto Mundial sobre los Refugiados.

2.       Invertir en preparación cuando presenten sus compromisos para 2024 y 2025, y garantizar una capacidad adecuada para reasentamientos de emergencia. Adoptar un ciclo de dos años debería dar lugar a una mejor aplicación de las cuotas, no a una reducción de las cifras globales.

3.       Mejorar la aplicación de los compromisos de reasentamiento, agilizando los procedimientos para permitir la plena materialización de las plazas acordadas. Incrementar la cooperación con los países de primer asilo para simplificar las salidas, los visados, los requisitos en cuanto a documentación de viaje y las autorizaciones médicas puede contribuir a mejorar las tasas de aplicación.

4.       Incluir los conocimientos de las comunidades de personas refugiadas en los procesos de reasentamiento, para facilitar la inclusión satisfactoria de las personas refugiadas recién llegadas, así como en el diseño de actividades de inclusión en políticas de cualquier nivel.

5.       Adoptar el Marco de Reasentamiento y Admisión Humanitaria de la Unión, para demostrar que las instituciones de la UE y sus Estados miembros se toman en serio su compromiso de ampliar el acceso a las rutas seguras. La aplicación del Marco debe centrarse en maximizar el número de personas que obtienen acceso a la seguridad a través de soluciones duraderas.

6.       Invertir en sistemas de acogida dignos para satisfacer las necesidades inmediatas de las personas refugiadas a su llegada mediante servicios adecuados, y promover soluciones adicionales dirigidas por la comunidad para impulsar la capacidad de nuestras sociedades de ofrecer refugio a más personas necesitadas.

7.       Defender el derecho de asilo de todas las personas que solicitan protección, independientemente de cómo hayan llegado a Europa. Los Estados deben mantener procedimientos de asilo de alta calidad, que respeten los derechos humanos, y oponerse a cualquier evolución nacional con la que se pretenda combinar un mayor compromiso en materia de reasentamiento con políticas de asilo más estrictas.