El informe señala que, si bien hay diferencias entre las provincias, en general existen déficits significativos en la producción y publicidad de información, y en la rendición de cuentas. En muchos contextos las mujeres y personas gestantes siguen enfrentando desafíos para acceder a datos de calidad sobre aspectos esenciales para el ejercicio de sus derechos, incluyendo el conocimiento sobre a dónde y cómo acceder a un aborto.
Acceso al cuadro por provincias (página 36) En este cuadro se observa un registro de la información que proactivamente publican las distintas jurisdicciones. Los datos fueron recopilados por Amnistía Internacional).
Tal como indica la ley, los Estados tienen la obligación de producir la información, eliminar normas y prácticas que impliquen la violación del derecho al aborto, e introducir medidas conducentes a su implementación.
“Lograr la efectiva implementación de la ley exige que se desarrollen políticas públicas para garantizar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, capacitar a profesionales, garantizar el acceso a la medicación, fortalecer el acceso a atención post evento obstétrico, robustecer el ejercicio de la educación sexual integral y garantizar el acceso a la información, entre otras cuestiones que aún deben mejorar. En tiempos de ataques hacia la libertad de las mujeres es importante que todas puedan acceder plenamente a sus derechos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Por qué es relevante la información
La información es una herramienta necesaria tanto para usuarias como para el propio Estado. En efecto, la falta de datos tiene un impacto muy concreto en las personas, las expone a situaciones de destrato, trato indigno o violento, refuerza sentimientos de culpa y miedo, pone en riesgo su salud física con motivo de la demora en el acceso, y afecta su salud mental.
Por otro lado, la información es una herramienta clave para la política pública: es fundamental para la planificación y la evaluación del funcionamiento del sistema de salud. Especialmente, es útil para establecer un diagnóstico sobre la demanda potencial y real del aborto, así como también para revisar y optimizar medidas para brindar el servicio necesario, asignar el presupuesto oportuno, y evitar barreras y obstrucciones.
Amnistía Internacional comparte este informe para ofrecer datos fiables con el objetivo de que las distintas jurisdicciones avancen en decisiones y políticas de mayor transparencia activa y pasiva, así como de rendición de cuentas en la implementación de esta ley. A tres años del logro de esta histórica política pública, la organización reafirma el compromiso irrestricto de su defensa y de su justa implementación.
