Se cumplen tres décadas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejó 85 muertos, 300 personas heridas y una sociedad marcada para siempre. Aún no se conoce la verdad y no hubo un solo gobierno que haya cumplido su obligación de lograr justicia y reparación.
A 30 años de uno de los mayores ataques terroristas de la historia argentina reciente, Amnistía Internacional acompaña a los familiares de las víctimas en la búsqueda de justicia.
Luego de años de impunidad, en junio de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró al Estado argentino responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. La sentencia, notificada en el caso Memoria Activa vs Argentina, sostiene que el Estado incumplió su deber de investigar con la debida diligencia y en plazo razonable el atentado y su encubrimiento, además de no haber garantizado acceso real a la documentación sobre el hecho.
En ese sentido, el tribunal internacional determinó la violación al derecho a la verdad por las falencias del Estado en la investigación del atentado y su responsabilidad directa en el encubrimiento, así como por las dificultades que tuvieron los familiares de las víctimas en acceder a información sobre el caso.
Una búsqueda incansable
Las organizaciones que nuclean a familiares víctimas del atentado continúan su incansable trabajo de denuncia a quienes fueron responsables en dicho encubrimiento y siguen gozando de impunidad. En su sentencia, la Corte IDH ordenó que se removieran los obstáculos que mantienen la impunidad total en el caso. También instó al Estado argentino a iniciar, continuar, impulsar y reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos y del ocultamiento de la verdad.
En un nuevo aniversario, Amnistía Internacional acompaña a los familiares de las víctimas quienes hace años reclaman justicia y llama al Estado argentino a avanzar en la realización de una investigación adecuada para esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables materiales e intelectuales; garantizar la preservación, resguardo y el acceso a la documentación relativa del proceso y a fortalecer las capacidades estatales en materia de prevención de ataques terroristas.
