Ante la ejecución en la horca del ciudadano singapurés Tangaraju s/o Suppiah el 26 de abril, tras unas actuaciones que violaron el derecho y las normas internacionales de derechos humanos en las que fue declarado culpable de complicidad en el tráfico de alrededor de un kilogramo de cánnabis, Ming Yu Hah, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:“Esta ejecución extralegal muestra una vez más la magnitud de la terca adhesión de Singapur a la pena de muerte. Las numerosas deficiencias de este caso, desde la falta de acceso a asesoramiento jurídico y a servicios interpretación desde el momento de la detención hasta la no revelación de pruebas clave de la acusación, así como la continua dependencia en la pena de muerte preceptiva, hacen que esta ejecución sea arbitraria en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.”
“La legislación antidrogas del país, sumamente represiva, incluye la pena de muerte preceptiva, lo que significa que no permite a los jueces, al dictar condena, considerar como posibles atenuantes las circunstancias que concurrieron en el delito, los antecedentes de la persona acusada u otros factores pertinentes al caso. Esta es un pena que el país vecino, Malasia, está en el proceso de abolir totalmente para promover la protección del derecho a la vida.”
“Las punitivas políticas de Singapur en materia de drogas no sólo no han abordado el consumo y la disponibilidad de estas sustancias en el país, sino que tampoco han ofrecido protección real contra los perjuicios derivados de ellas. El gobierno de Singapur debe tomar nota de la tendencia cada vez mayor en todo el mundo hacia el abandono de la pena de muerte y actuar en consecuencia estableciendo, en primer lugar, una moratoria oficial de todas las ejecuciones para avanzar después hacia la plena abolición de este castigo.”
Información general:
Tangaraju s/o Suppiah, de 46 años, fue ejecutado el miércoles 26 de abril de 2023. Suppiah había sido condenado a la pena de muerte preceptiva en 2018 por ayudar a introducir en Singapur 1.017 gramos (35,9 onzas) de cánnabis en 2013.
Aunque fue acusado de coordinarse con dos hombres para traficar con cánnabis en septiembre de 2013, nunca recibió las drogas que presuntamente había encargado. La sentencia condenatoria se basa principalmente en sus declaraciones en interrogatorios policiales, en las que no contó con asesoramiento jurídico ni intérprete, y en el testimonio de los otros dos acusados, que comparecieron como testigos de la acusación y que lo relacionaron con un número de teléfono móvil que, según Tangaraju s/o Suppiah, había perdido antes de que se cometiera el delito.
Los cargos presentados contra uno de los otros acusados se retiraron posteriormente. Además, la acusación no localizó a un cuarto hombre, a quien los jueces consideraban fundamental para corroborar la declaración de este testigo, y tampoco dio a conocer a la defensa las declaraciones efectuadas por el otro encausado ni los registros telefónicos en cuestión.
Tras las enmiendas a la Ley sobre Uso Indebido de Drogas que entraron en vigor en 2013, los jueces disponen de cierta discrecionalidad a la hora de imponer condenas cuando el papel de la persona acusada se haya limitado a transportar drogas (“correo”), siempre que la fiscalía emita un certificado de ayuda sustancial, o cuando se trata de una persona con alguna discapacidad mental o intelectual que afecta significativamente a su responsabilidad sobre las acciones y omisiones relativas al delito.
Lo alarmante es que esto significa que, si la fiscalía no proporciona ese certificado de ayuda sustancial una vez que la persona acusada es considerada “correo”, el tribunal queda privado de cualquier potestad discrecional y debe condenarla a muerte, lo cual equivale en la práctica a dejar la decisión sobre la condena en manos de la fiscalía.
Desde marzo de 2022, después de un paréntesis de 2 años, Singapur ha ejecutado a 12 personas. La última ejecución de la que se tiene noticia se llevó a cabo en octubre de 2022. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. En la actualidad, 112 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o la práctica.
