Ante la noticia de que las autoridades de Singapur han fijado las fechas de ejecución de Nagaenthran Dharmalingam y otro hombre malasio para la semana que viene, Erwin van der Borght, director de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, ha declarado:

“Las ejecuciones de dos hombres malasios, ambos condenados por delitos de drogas, previstas en Singapur para la semana que viene son inadmisibles. Pero las autoridades aún están a tiempo de conceder el indulto a ambos y poner fin a una lamentable sucesión de ejecuciones ilegítimas en Singapur, tras el ahorcamiento de Abdul Kahar bin Othman el mes pasado.

Nagaenthran va a ser ahorcado a pesar de que múltiples especialistas han concluido que tiene una discapacidad intelectual que puede haber mermado su derecho a un juicio justo. Además, existe preocupación por su actual estado de salud mental, ya que los años de reclusión parecen haber afectado gravemente a su función cognitiva.

El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y su gabinete deben aprovechar esta última oportunidad para perdonar la vida a Nagaenthran. Asimismo, el gobierno debe impedir la ejecución de otro hombre, prevista dos días más tarde a pesar de que aún tiene pendiente un recurso cuya vista se celebra en mayo.

Pedimos a las autoridades que declaren la suspensión oficial de todas las ejecuciones y revisen el ámbito de aplicación de la pena capital para los delitos relacionados con drogas como primer paso hacia su abolición total. La pena de muerte nunca resolverá los problemas de drogas en Singapur.”

Información complementaria

La ejecución del ciudadano malasio Nagaenthran Dharmalingam se ha fijado para el 27 de abril. Su segunda petición de indulto fue rechazada el 31 de marzo, según se comunicó por carta a su familia. El 29 de marzo, un tribunal singapurés había confirmado su condena a muerte a pesar de que especialistas médicos concluían que tenía una discapacidad intelectual.

Su apelación era una de las últimas oportunidades que tenía para librarse de la ejecución. El tribunal rechaza en su sentencia los argumentos relacionados con el deterioro de su estado mental, y también ha desestimado las impugnaciones basadas en su capacidad intelectual.

El derecho y las normas internacionales de derechos humanos prohíben la imposición de la pena de muerte por delitos de drogas y su condición de pena preceptiva para cualquier delito.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe aplicar la pena de muerte a personas cuyas discapacidades mentales e intelectuales puedan haber impedido su defensa eficaz.

El 29 de abril está prevista la ejecución de otro hombre malasio tras su condena a muerte preceptiva por delitos relacionados con drogas, a pesar de que tiene pendiente un recurso ante un tribunal de Singapur cuya vista tendría lugar en mayo. Las salvaguardias internacionales que garantizan la protección de los derechos de las personas condenadas a muerte establecen que la pena capital no debe ejecutarse mientras haya apelaciones u otros recursos pendientes.

Abdul Kahar bin Othman fue ejecutado el 30 de marzo de 2021 en aplicación de una condena a muerte preceptiva por delitos de drogas; era la primera ejecución conocida en Singapur desde noviembre de 2019.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias. Más de dos tercios de los países del mundo han abolido esta pena en la ley o en la práctica.