En repuesta a la información sobre la ejecución de Nazeri bin Lajim en Singapur hoy, la experta en pena de muerte de Amnistía Internacional Chiara Sangorgio declaró:

“Este año en Singapur se ha ahorcado a cinco personas en un periodo de menos de cuatro meses. Esta oleada incesante de ahorcamientos debe detenerse de inmediato. El uso de la pena de muerte en Singapur, incluida su imposición como pena preceptiva por delitos relacionados con las drogas, vulnera el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.”

“Todas las personas ejecutadas en Singapur en 2022 han sido condenadas a la la pena de muerte preceptiva por delitos relacionados con las drogas. En lugar de tener un efecto disuasorio de la delincuencia, estas ejecuciones sólo muestran el absoluto desprecio de las autoridades de Singapur por los derechos humanos y el derecho a la vida.”

“Pedimos a los gobiernos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que ejerzan más presión sobre Singapur para que se respeten las salvaguardias internacionales sobre la pena de muerte y para que las políticas de control de drogas se articulen en torno al fomento y la protección de los derechos humanos. El enfoque sumamente punitivo de Singapur no hace ninguna de las dos cosas.”

Información complementaria

La ejecución del singapurense Nazeri bin Lajim se llevó a cabo el viernes 22 de julio de 2022. Nazeri fue condenado a la pena de muerte preceptiva en 2017 tras ser declarado culpable en 2012 de poseer 33,39 gramos de diamorfina (heroína) para traficar con ella.

El derecho y las normas internacionales exigen que el uso de la pena de muerte se limite a los “más graves delitos” o al homicidio intencional.

Singapur ha llevado a cabo cinco ejecuciones este año, todas ellas de personas condenadas por delitos de drogas, después de una pausa de más de dos años durante la pandemia. Con su actitud contraria a la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, Singapur es uno de los sólo cuatro países de los que se sabe que han ejecutado a personas por delitos relacionados con las drogas en los últimos años.

“Tanto la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) —órganos de la ONU encargados de la prevención del delito y de la política sobre drogas— han condenado el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas y han instado a los gobiernos a avanzar hacia la abolición. De hecho, la Posición común del sistema de la ONU sobre políticas de drogas ha sido siempre la de instar a los gobiernos a apartarse de las respuestas punitivas a causa de su poca eficacia a la hora de reducir el tráfico de drogas o abordar el consumo y el suministro de drogas.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. En la actualidad, 110 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o la práctica.