En respuesta a la noticia de que las autoridades de Singapur ejecutaron a un hombre el viernes por un delito de drogas, la directora regional adjunta de Investigación en funciones de Amnistía Internacional, Kate Schuetze, ha manifestado:

“La ejecución en la horca de Azwan bin Bohari ha sido claramente ilegítima según el derecho y las normas internacionales. Resulta especialmente preocupante que se haya llevado a cabo a pesar de existir un proceso legal de apelación pendiente.

La ejecución de personas con recursos de apelación en curso en los tribunales es una violación de las salvaguardias internacionales para la protección de los derechos de las personas condenadas a muerte. Esta ejecución pone gravemente en cuestión las protecciones del sistema de justicia de Singapur para evitar la privación arbitraria de la vida.

El gran número de personas que están en espera de ejecución en Singapur, unido al afán de este país por ejecutar, incluso habiendo recursos pendientes, hace temer que muchas otras personas estén en peligro inminente de morir en la horca. La mayoría de estas personas han sido condenadas a muerte por delitos de drogas, lo cual viola las restricciones que limitan el uso de la pena de muerte a `los más graves delitos´.

Instamos al gobierno de Singapur a que deje inmediatamente de recurrir de manera ilegítima a la pena de muerte y que establezca sin demora una moratoria de las ejecuciones como primer paso fundamental hacia su abolición. La mayoría de los países del mundo ya han abolido totalmente la pena de muerte, y varios gobiernos de la región de Asia y Oceanía han dado pasos en esa dirección. Ya es hora de que Singapur haga lo mismo.”

Información complementaria

Azwan bin Bohari, ciudadano de Singapur, fue ejecutado el 4 de octubre de 2024. En 2019, había sido declarado culpable de posesión de 26,5 gramos de diamorfina (heroína) para traficar con ella.

Su ejecución se había suspendido en abril por existir procedimientos judiciales en curso, pero finalmente se llevó a cabo a pesar de la apelación que Azwan había presentado junto con otras 30 personas y que seguía pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo.

Azwan había sido declarado culpable de narcotráfico, uno de los muchos delitos penales que se castigan con la muerte en Singapur, a pesar de existir dudas de que se hubiera respetado su derecho a un juicio justo.

Amnistía Internacional, junto con organizaciones asociadas en Singapur, como Transnational Justice Collective, ya ha documentado en ocasiones anteriores las múltiples violaciones del derecho y las normas internacionales que supone el uso de la pena de muerte en Singapur. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias.