En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la organización hace un llamamiento a una acción internacional unitaria en apoyo de las familias que llevan años abandonadas a su suerte en la búsqueda de sus seres queridos, a menudo corriendo un gran riesgo, además de hacer frente al impacto de la desaparición.
De acuerdo con la ONU, unas 100.000 personas han sido detenidas, secuestradas o han desaparecido en Siria desde 2011. Se cree que al menos 90.000 de estas personas han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada a manos de fuerzas gubernamentales, según la Red Siria de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional ha hablado con 24 familiares de personas desaparecidas, todas ellas —excepto un hombre— mujeres que buscaron refugio en Líbano y Turquía o están desplazadas en el interior de Siria. Todas refirieron las profundas consecuencias emocionales y psicológicas derivadas de vivir en una incertidumbre permanente, que agrava el devastador impacto económico.
“Las familias de las personas desaparecidas en Siria están abandonadas a su suerte en la búsqueda de sus familiares y a menudo corren un gran riesgo personal. Ocho años después del comienzo de la crisis, el gobierno sirio, los grupos armados de oposición y los Estados que ejercen más influencia sobre ellos —Rusia, Turquía e Irán— han fallado a los familiares de las personas desaparecidas y en paradero desconocido, que llevan años luchando para saber si sus seres queridos están vivos o muertos”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora de Investigación para Oriente Medio de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional considera que las desapariciones forzadas en Siria que se cometen desde 2011 forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y que, por tanto, constituyen un crimen de lesa humanidad.
“Les pedimos [a Rusia, Turquía e Irán] que utilicen su influencia en Siria para permitir, como mínimo indispensable, la creación de una Oficina de Información central encargada de buscar, investigar e identificar la suerte y el paradero de las personas desaparecidas en Siria.”
Entre las personas sometidas a desaparición forzada figuran opositores pacíficos al gobierno, como manifestantes, activistas de derechos humanos, periodistas, profesionales médicos y personal de ayuda humanitaria. En otros casos son personas a quienes se consideraba desleales al gobierno o cuyos familiares eran buscados por las autoridades. Los grupos armados de oposición también han secuestrado a civiles, entre ellos personas defensoras de los derechos humanos, muchas de las cuales continúan en paradero desconocido.
El gobierno sirio y los grupos armados de oposición tienen la responsabilidad de tomar todas las medidas posibles para explicar el paradero de las personas cuya desaparición se ha denunciado como consecuencia del conflicto armado, y deben proporcionar a las familias cualquier información que obre en su poder en relación con la suerte y el paradero de sus seres queridos.
Familias traumatizadas
*Sawsan, refugiada y madre de cuatro hijos que vive en Líbano, dijo a Amnistía Internacional que su esposo, de Daraya, en Damasco Rural, fue detenido arbitrariamente por las fuerzas de seguridad de inmigración y control de pasaportes en la frontera siria con Líbano por motivos desconocidos. Está desaparecido desde junio de 2014.
Planeaban salir de Siria y entrar en Líbano tras la muerte de su hija a causa de una enfermedad hepática crónica. “Mi hija murió tres meses antes de que su padre fuera detenido. Estaba destrozado por ella. Ahora nosotros estamos destrozados por él”, dijo a Amnistía Internacional.
“La ONU suspendió la ayuda para nosotros hace dos años, así sin más, la interrumpieron sin hacer preguntas. Saben que tengo tres hijos que necesitan medicamentos [para tratar la misma enfermedad de la que murió su hija]. [...] Quiero volver a Siria, donde las cosas son más baratas y puedo vivir con familiares, pero [el gobierno sirio] me quitará a mis hijos aunque estén enfermos y no sean aptos para el servicio militar. Pero eso no les importa.”
*Fida, madres de tres hijos y una hija, originaria de la Guta Occidental, en Damasco Rural, dijo a Amnistía Internacional que su hijo y su esposo fueron detenidos en 2014 y están en paradero desconocido desde entonces, y su segundo hijo también está en paradero desconocido desde 2018.
A principios de enero de 2014, el gobierno sirio anunció que se había reconciliado con los grupos armados en la Guta Occidental, que había estado sitiada hasta entonces, y que se permitiría a la población civil salir de la zona. Pero cuando intentaban salir, fuerzas de seguridad sirias detuvieron al esposo y el hijo de Fida en un puesto de control en Sayyeda Zaynab, al este de Damasco. No fueron los únicos. Cuando las familias evacuaban la zona, fuerzas gubernamentales detuvieron a todos los hombres y obligaron a las mujeres, niñas y niños a regresar a la zona sitiada.
El segundo hijo de Fida permaneció en la zona, que el gobierno sirio mantuvo bajo asedio hasta que recuperó su control en mayo de 2018 tras un denominado acuerdo de “reconciliación” con los grupos armados de oposición. El joven obtuvo una acreditación de seguridad, pero pese a ello lo arrestaron y después desapareció.
Fida y su familia buscaron a todos sus familiares en varios servicios de seguridad, pero todas negaron que estuvieran bajo su custodia. No ha visto a sus dos hijos y a su esposo ni ha tenido noticia de ellos desde su desaparición. Fida dijo a Amnistía Internacional que teme que si regresa de Líbano, donde se refugió en 2014, las autoridades sirias también se lleven a su [tercer] hijo.
*Fatma, refugiada siria que vive en Turquía, dijo a Amnistía Internacional que su esposo, dentista en la ciudad de Alepo, fue detenido el 1 de diciembre de 2012 en un puesto de control a cargo del servicio de seguridad militar, según información facilitada por testigos que viajaban con su esposo en el taxi. Fatma lo buscó en el servicio de seguridad militar en la ciudad de Alepo, pero allí negaron que estuviera bajo su custodia. Su familia pagó una considerable suma de dinero a varios intermediarios, que resultaron ser fraudes, agregó.
“Lo que más me duele es no saber nada de mi esposo. Si supiera que está muerto, sería mejor que el sufrimiento de no saber nada. Mis cuatro hijos también sufren. No dejan de preguntarme si su padre volverá algún día y yo no sé qué decirles. Soporto la carga de la guerra, la carga de la desaparición de mi esposo, y la carga de mis hijos, completamente sola.”
Al igual que Fida, *Laila, refugiada siria de Damasco que ahora vive en Líbano, describió cómo su esposo desapareció también en un puesto de control en 2014, cuando intentaba salir de la zona sitiada en la Guta Occidental.
Antes de huir a Líbano, trató desesperadamente de encontrar a su esposo, pero después interrumpió su búsqueda, por temor a represalias de los servicio de seguridad.
“Mi familia no tiene dinero para ayudarme. Dependo de la tarjeta del ACNUR para conseguir asistencia humanitaria. Mi casa en Boueida [en Damasco Rural] fue destruida así que no tengo una casa a la que volver. Soy fuerte, pero cada día es una batalla para sobrevivir. Oigo a la gente hablar y decir cosas como está sola, no tiene a su esposo con ella”, dijo Laila a Amnistía Internacional.
También describió los efectos negativos en sus hijos: “Los niños necesitan atención y dinero. Me resulta difícil ser su madre y su padre. No es posible ser las dos cosas porque no se pueden llenar todos los vacíos. Me he sacrificado mucho.”
Una manera indigna de revelar la suerte de las personas desaparecidas
Hasta el día de hoy, el gobierno sirio no ha revelado la suerte, los nombres y el paradero de las personas detenidas arbitrariamente y desaparecidas a manos de fuerzas de seguridad sirias. Algunas familias recibieron notificación de la muerte de sus familiares detenidos, o pudieron averiguar finalmente que su ser querido había muerto bajo custodia. Las que reciben un certificado de defunción —la única “prueba” aportada— tienen la obligación legal de inscribir la muerte de la persona en los registros civiles, para poder obtener un certificado de defunción oficial.
Amnistía Internacional ha examinado copias de dos certificados de defunción, que incluyen el nombre de las personas fallecidas, información sobre dos testigos que confirman la muerte, y la causa del deceso, que suele registrarse como “ataque cardíaco” o “derrame cerebral”. El certificado lleva el sello del hospital y la firma de uno o más funcionarios.
En mayo de 2018, el gobierno sirio emitió notas oficiales de fallecimiento de cientos de personas que habían sido sometidas a desaparición forzada, sin notificación a sus familias y sin aportar certificados de defunción expedidos por un hospital o un médico forense. Amnistía Internacional ha examinado copias de dos notas oficiales de fallecimiento expedidas por el registro civil en Damasco en las que aparecen el mismo nombre y el mismo número de identificación nacional de los fallecidos, el nombre del padre y de la madre y sus respectivos números de identificación nacional, fecha de nacimiento, lugar de la muerte y fecha de la muerte.
Amnistía Internacional se entrevistó con cuatro familias que habían recibido confirmación escrita de la muerte de sus familiares desaparecidos. *Samar dijo a Amnistía Internacional que su sobrino, que trabajaba en una institución gubernamental en Damasco, fue detenido arbitrariamente en un operativo de fuerzas de seguridad de la inteligencia militar a mediados de 2015 y después desapareció. “Tiene dos hijas. Mi hermana y su esposa lo buscaron por todas partes pero todos negaron que estuviera bajo su custodia. Acudió varias al tribunal militar y a la policía militar, pero su nombre no estaba en el sistema [de personas que han muerto]”, dijo Samar a Amnistía.
“El año pasado, [su madre] fue al registro civil para obtener un certificado de familia para inscribir a sus hijos en la escuela. Y de ese modo vio que su estado se había cambiado por el de “fallecido”. El certificado decía que había muerto en junio de 2016 [fecha exacta omitida por motivos de seguridad].”
“El gobierno sirio sigue incumpliendo sus obligaciones en cuanto a garantizar el derecho a saber de las familias, y ello incluso en casos en que finalmente las familias averiguaron finalmente que sus familiares habían muerto. Si revela las circunstancias o la forma de la muerte, nunca lo hace de manera creíble. Las autoridades no han entregado nunca los restos de las personas fallecidas para darles sepultura dignamente, ni siquiera han informado del lugar en el que fueron enterrados. El gobierno sirio obstruye de manera activa y deliberada el derecho de las familias a saber la suerte y el paradero de sus seres queridos, y al actuar de ese modo mantiene la insoportable angustia de la incertidumbre que recae sobre los familiares que se quedan, con suma frecuencia mujeres, niñas y niños”, ha afirmado Lynn Maalouf.
Incertidumbre para las familias
La falta de información fiable hace que, en muchos casos, incluso a las familias que obtienen un certificado de defunción de un hospital o de registros públicos les resulte difícil creer o aceptar la muerte de su ser querido, sin más pruebas, como ver el cuerpo. La obligación de inscribir después a sus familiares como fallecidos, sin tener este convencimiento o prueba, es una capa de crueldad añadida sobre las familias, y no hace más que reforzar la idea de que la revelación de información sólo se puede hacer de manera creíble y digna.
*Wafa, refugiada siria que vive en Líbano, dijo a Amnistía Internacional que su esposo y su hijo habían desaparecido en mayo de 2012 y julio de 2012, respectivamente. Cuando buscó respuestas, la policía militar le dijo que su hijo y su esposo habían muerto, pero no se le facilitó más información, y Wafa mantiene la esperanza de que sigan vivos.
*Sana, refugiada siria que vive en Turquía, dijo a Amnistía Internacional que su esposo desapareció en octubre de 2012 tras acudir a una comisaría de policía en Damasco para denunciar el robo de su billetera. “Mi suegra murió el año pasado. En todo este tiempo no dejó de buscarlo. Presentó un formulario de desaparición en varias ocasiones, incluso después de recibir del hospital de Tishreen su certificado de defunción, en el que se decía que había muerto el 13 de octubre de 2013”, dijo a Amnistía Internacional.
“No podíamos creer que lo hubieran matado. Muchos de nuestros amigos y familiares recibieron un certificado de defunción y después resultó que sus familiares detenidos estaban vivos. Quiero el cuerpo. Es la única manera que tengo de creer que está muerto.”
*Los nombres de las mujeres se han modificado para proteger su seguridad.
Fabián Chueca (en nombre del AILRC-ES)
