Los Estados miembros de la ONU deberían condenar de forma inequívoca los abusos cometidos por Rusia de su derecho de veto y la Asamblea General debería afirmar la legalidad, imparcialidad, neutralidad e independencia del mecanismo transfronterizo de ayuda humanitaria para el noroeste de Siria; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, en vísperas de la reunión de la Asamblea General el 19 de julio para debatir el veto de Rusia.

La reunión de la Asamblea General viene precedida de la no renovación del mecanismo transfronterizo de ayuda humanitaria de la ONU para el noroeste de Siria —donde cuatro millones de personas dependen de la ayuda humanitaria de la ONU para sobrevivir— por el Consejo de Seguridad de la ONU el 11 de julio, debido a que Rusia vetó la renovación del mecanismo, que expiró el 10 de julio al no aprobarse ninguna de las otras dos propuestas de resolución.

“Desde 2019, Rusia ha abusado de su capacidad de veto para reducir el ámbito de aplicación de la resolución sobre el mecanismo transfronterizo: de cuatro pasos fronterizos pasó a sólo uno y, ahora, a ninguno. En esta ocasión, el veto de Rusia implica que la ONU ya no puede hacer llegar ayuda humanitaria y servicios esenciales a los cuatro millones de personas que viven en el noroeste de Siria”, ha manifestado Sherine Tadros, vicedirectora de Incidencia y representante ante la ONU de Amnistía Internacional.

“Los Estados miembros de la ONU deberían denunciar públicamente cómo Rusia utiliza su capacidad de veto describiendo las consecuencias de esos juegos políticos en la vida real. Rusia y China conocen perfectamente la catastrófica situación humanitaria en el noroeste de Siria, donde millones de personas dependen de la ayuda humanitaria y los servicios de la ONU. El mecanismo transfronterizo era la única vía para hacer llegar la ayuda humanitaria de la ONU desde Turquía hasta el noroeste de Siria y la principal fuente de financiación de las organizaciones humanitarias locales e internacionales que prestan servicios esenciales.”

El primer borrador de resolución, un texto presentado por Suiza y Brasil que proponía la renovación del mecanismo transfronterizo durante nueve meses, fue vetado por Rusia el 11 de julio. Un segundo borrador presentado por Rusia, que proponía una prórroga de seis meses, sólo recibió el apoyo de China y, por tanto, no reunió los nueve votos afirmativos necesarios para su adopción. El veto de Rusia llevó a convocar la Asamblea General, lo que requiere que se reúnan todos los Estados miembros para debatir el asunto que ha sido objeto de veto.

Desde el estallido del conflicto en Siria, el gobierno del país restringe arbitrariamente el acceso a la ayuda humanitaria en las zonas civiles que escapan a su control. Después de que los grupos armados de oposición se hicieran con el control del noroeste de Siria en 2014, el gobierno sirio cortó el suministro de todos los servicios esenciales a la zona, lo que en 2014 impulsó al Consejo de Seguridad de la ONU a aprobar de forma unánime la Resolución 2165, que permitía a la ONU traspasar tres fronteras para repartir ayuda humanitaria, incluida la que separa Turquía del noroeste de Siria, sin la autorización del gobierno sirio. Sigue sin haber alternativas de distribución de ayuda humanitaria con la magnitud y el alcance del mecanismo transfronterizo de ayuda humanitaria.

El control de la ayuda humanitaria de la ONU por el gobierno sirio no es una opción

El 13 de julio, el gobierno sirio autorizó a las Naciones Unidas a utilizar el paso fronterizo de Bab al Hawa para hacer llegar la ayuda humanitaria transfronteriza a la población civil del noroeste de Siria durante seis meses, pero con la condición de que la ONU y sus socios en la ejecución cooperasen plenamente con el gobierno y no se comunicaran “con organizaciones y grupos terroristas”. Además, el gobierno de Siria subrayó que la distribución de ayuda humanitaria debía ser supervisada y facilitada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Árabe Siria. La ONU afirma que estas condiciones son “inaceptables’’.

Desde 2014, Amnistía Internacional, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria y otras organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han documentado cómo el gobierno sirio persiste en instrumentalizar la ayuda humanitaria, obstruyendo y restringiendo su reparto en zonas controladas por la oposición o anteriormente en manos de la oposición, en ocasiones como medida de castigo contra la población civil que vive allí.

Varios miembros del personal humanitario local e internacional han contado a Amnistía Internacional que el gobierno sirio no va a relacionarse con los actores humanitarios que en los últimos años han repartido ayuda en áreas bajo control de la oposición a través del mecanismo transfronterizo. Sin embargo, esos actores humanitarios cuentan con el reconocimiento y la aceptación de la comunidad para repartir ayuda humanitaria y dirigir proyectos que facilitan el acceso a servicios esenciales y mejores condiciones de vida para la población civil del noroeste de Siria.

Un trabajador humanitario del noroeste de Siria contó a Amnistía Internacional: “Tenemos la experiencia de Deraa y Quneitra, donde teníamos 14 centros médicos. Nos vimos obligados a hablar con el gobierno sirio [después de que éste arrebatara el control de la zona a las fuerzas de oposición] para continuar nuestro trabajo. Aceptamos abrir conversaciones porque Rusia dijo que podía proporcionar seguridad. Pero el gobierno sirio se negó a debatir con el argumento de que somos organizaciones ‘terroristas’. ¿Por qué iba a ser diferente ahora?” 

Otro trabajador humanitario en el noroeste de Siria dijo: “Es imposible suponer que el gobierno sirio va a coordinar nuestro trabajo o nos va a permitir continuarlo. Por otra parte, no podemos depender exclusivamente de la Media Luna Roja Árabe Siria o de Syria Trust [organización local vinculada al gobierno sirio] para el reparto de la ayuda humanitaria […] ¿Cómo voy a revelar mi nombre al gobierno sirio poniendo en peligro mi vida y la de mi familia? El gobierno nos considera traidores [por vivir en zonas controladas por la oposición].”

Personal de ayuda humanitaria, así como personas internamente desplazadas en el noroeste de Siria, dijeron repetidamente a Amnistía Internacional que la población de las zonas controladas por la oposición no percibe la Media Luna Roja Árabe Siria como una organización humanitaria imparcial y neutral, ya que piensa que el gobierno tiene agentes infiltrados en ella.

Human Rights Watch ya ha documentado cómo las políticas del gobierno sirio permiten a las autoridades regular la respuesta humanitaria en las zonas bajo su control, lo que capacita al gobierno para “desviar la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo y la reconstrucción, creando un riesgo considerable (que en muchos casos se ha materializado) de discriminación de quienes discrepan con el programa político del gobierno e impidiendo que la ayuda humanitaria se distribuya de forma respetuosa con los derechos de la población”. El informe añade que las organizaciones humanitarias locales, entre ellas la Media Luna Roja Árabe Siria, vinculada al gobierno sirio, tienen una relación muy estrecha con el aparato de seguridad sirio.

“Traspasar del Consejo de Seguridad de la ONU al gobierno de Siria la autorización del mecanismo transfronterizo de ayuda humanitaria de la ONU pone en peligro el acceso sin trabas de la población civil a la ayuda humanitaria en el noroeste del país. Un acuerdo semejante socavaría también la imparcialidad del reparto de ayuda, dado el historial bien documentado del gobierno de desviación de la ayuda humanitaria destinada a la población de las zonas controladas por la oposición. No hay garantías en absoluto de que el gobierno sirio no vaya a obstaculizar el acceso”, ha afirmado Tadros.