Casi ocho meses después de que se declarara la pandemia de COVID-19, el gobierno sirio no está protegiendo adecuadamente a su personal sanitario, sigue sin tener una respuesta sólida a la propagación de la enfermedad, y se niega a proporcionar información transparente y coherente sobre el brote de COVID-19 en el país. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Familiares de pacientes de COVID-19, profesionales de la medicina y trabajadores de ayuda humanitaria han contado a Amnistía Internacional que los hospitales públicos se han visto obligados a rechazar pacientes a causa de la falta de camas, bombonas de oxígeno y respiradores. Desesperados, algunos residentes se han visto obligados a alquilar bombonas de oxígeno y respiradores a precios exorbitantes. Miles de vidas, incluidas las de trabajadores y trabajadoras de la salud, continúan en peligro al no haber información transparente y efectiva ni pruebas diagnósticas.

“El deteriorado sistema de salud de Siria ya estaba al límite antes de la pandemia. Ahora, la falta de transparencia gubernamental sobre la magnitud del brote de COVID-19, su inadecuada distribución de equipo de protección individual (EPI), y la falta de pruebas diagnósticas, ponen aún más en peligro al personal sanitario y a la población en general”, ha manifestado Diana Semaan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria.

“Con carácter de urgencia, el gobierno sirio debe garantizar que el personal sanitario que atiende a pacientes de COVID-19 está protegido con EPI adecuados y recibe formación sobre cómo utilizar esos equipos. Si el gobierno no tiene capacidad para ello, debe pedir apoyo adicional a las organizaciones internacionales de salud que trabajan en zonas bajo su control.”

Las autoridades sirias parecen estar proporcionando unas cifras de COVID-19 considerablemente inferiores a las reales. El 22 de marzo, el gobierno de Siria declaró el primer caso de COVID-19. A 10 de noviembre, el Ministerio de Salud ha informado de 6.352 casos de COVID-19, con 325 muertes. El 29 de agosto, Ramesh Rajasingham, secretario general adjunto en funciones para Asuntos Humanitarios y subcoordinador de Ayuda de Emergencia, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que “los informes sobre la saturación de los centros de salud, sobre las crecientes cifras de muertes y sobre el número de enterramientos parecen indicar que los casos reales superan con creces las cifras oficiales”. El Sr. Rajasingham añadió que los casos no se podían rastrear hasta su origen, lo que indicaba también unos sistemas deficientes de realización pruebas y rastreo para controlar los brotes de la enfermedad.

Entre agosto y octubre, Amnistía Internacional habló con 16 médicos, trabajadores de ayuda humanitaria y familiares de pacientes de COVID-19 en Damasco y Daraa, en Siria, y fuera del país. Todos los testimonios señalan que la situación es peor ahora que hace ocho meses.

El Ministerio de Salud no está publicando información sobre el impacto de la COVID-19 en el personal sanitario, y la única información disponible es la que el Ministerio proporciona a la ONU. Hasta octubre, un total de 193 trabajadores y trabajadoras de la salud habían dado positivo en COVID-19, pero los indicios sugieren que la cifra podría ser mucho más alta, ya que apenas se realizan pruebas. Según los informes, 11 trabajadores y trabajadoras de la salud han muerto de COVID-19, pero el sindicato de médicos de Siria ha informado de que al menos 61 miembros del personal sanitario habían muerto por la enfermedad hasta agosto de 2020.

Un sistema de salud en franco deterioro

El brote de COVID-19 ha añadido aún más presión al sistema de salud de Siria, ya diezmado por casi una década de conflicto. Según la Organización Mundial de la Salud, sólo el 50% de los hospitales del país están funcionando a pleno rendimiento, el 25% funcionan parcialmente a causa de la escasez de personal, equipo o medicamentos o de los daños en los edificios hospitalarios, y el 25% restante no funciona en absoluto.

Aunque la OMS y otras organizaciones humanitarias con sede en Damasco afirman que han proporcionado EPI al gobierno sirio, trabajadores de ayuda humanitaria dijeron a Amnistía Internacional que, por razones que se desconocen, las autoridades han actuado con una lentitud extrema a la hora de distribuirlos.

Familiares de personas contagiadas en Damasco contaron a Amnistía Internacional que, a pesar de que ofrecen una atención médica mucho mejor que la de los hospitales públicos, los centros privados han tenido que rechazar a pacientes de COVID-19 porque las autoridades sólo permiten que estos pacientes reciban tratamiento en hospitales públicos de Damasco.

Un médico contó a Amnistía que, cuando su abuelo mostró síntomas de COVID-19 hacia mediados de julio, su familia lo llevó a dos hospitales públicos de Damasco, pero no había camas disponibles. Su abuelo murió dos semanas después. El médico contó:

“El hospital sólo le hizo pruebas y dijo a mi familia que necesitaría oxígeno. Con ciertas dificultades, conseguimos alquilar una bombona de oxígeno, pero tres días después mi abuelo murió. Mi familia apenas podía pagar el oxígeno porque los precios han aumentado notablemente a medida que aumenta la gente que necesita bombonas de oxígeno y respiradores”.

Falta de transparencia y de acceso a pruebas diagnósticas

La realización de pruebas diagnósticas es fundamental para conocer la magnitud del brote y servir de base a la política gubernamental. Igualmente, la publicación de datos es crucial para que la población esté informada y comprenda la magnitud de los contagios y su impacto en la sociedad y en el sector sanitario. Pese a ello, los lugares donde se pueden realizar pruebas diagnósticas siguen siendo muy limitados en Siria. Según la ONU, hay cinco laboratorios para procesar las pruebas de COVID-19 para los 15 millones de personas que viven en todas las zonas bajo control gubernamental. En Daraa y en el noreste de Siria, donde las tasas de infección han aumentado significativamente en los últimos meses, sigue sin haber lugares donde realizar pruebas.

En Daraa, varios residentes y un médico contaron a Amnistía Internacional que desde junio no se pueden hacer pruebas, y cuando se podía los resultados tardaban hasta una semana, ya que todas las pruebas eran enviadas al Laboratorio Central de Salud Pública, en Damasco, para su procesamiento. En el noreste, la ONU informó de que se cree que los casos superan los 4.164, a causa de importantes lagunas en la capacidad de detección y realización de pruebas.

El Ministerio de Salud publica un informe diario con datos sobre la cifra de casos confirmados, muertes y recuperaciones; sin embargo, en los datos no se indica el número de pruebas realizadas cada día. Amnistía Internacional ha sabido, por boca de familiares de personas contagiadas, trabajadores de ayuda humanitaria y un médico de Damasco, que sólo hay disponibles pruebas para quienes viajan fuera de Siria.

En agosto, el Ministerio de Salud declaró que el gobierno no había podido realizar pruebas a la población a causa de “un injusto bloqueo económico impuesto al país, que afectó al sector de la salud”. Un mes después, dijo que iba a asignar 300 pruebas diarias para las personas que viajaran fuera de Siria a un coste de 100 dólares estadounidenses [unas 51.000 libras sirias], cuando el salario mensual medio es de aproximadamente 60.000 libras sirias.

Dos trabajadores de ayuda humanitaria contaron a Amnistía Internacional que la baja capacidad del gobierno para realizar pruebas se debe a la ausencia de una política gubernamental coherente para abordar la pandemia, la falta de concienciación sobre la importancia de realizar pruebas, y las trabas burocráticas debidas a la centralización de la toma de decisiones.

Amnistía Internacional pide al gobierno sirio que mejore su respuesta de salud pública garantizando acceso adecuado a una atención de la salud de calidad para todas las personas, y garantizando también que el personal sanitario tiene acceso al equipo de protección que necesita. Además, la ampliación y revelación de información exacta y actualizada sobre la propagación del virus es fundamental para abordar de manera efectiva la COVID-19.