La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presenta en el Congreso el proyecto para legalizar la interrupción del embarazo. La nueva iniciativa cuenta con el aval de más de 350 organizaciones sociales, gremiales y políticas. Amnistía internacional apoya la iniciativa y llama a los legisladores a generar un debate en torno a este tema.

Una de las manifestaciones de la violencia ejercida contra la mujer se desarrolla en la batalla por el control de su vida y su cuerpo, que se libra de forma especialmente encarnizada en torno al aborto.

Todos los años, los abortos en condiciones de riesgo les cuestan la vida a mujeres y niñas en todo el mundo. La evidencia ha comprobado que la seguridad en el acceso a los servicios de salud reproductiva y planificación familiar, así como la despenalización de la interrupción del embarazo, reducen los abortos inseguros y la mortalidad materna.

Nunca el sistema penal ha servido para avanzar en políticas respetuosas de los derechos humanos. La amenaza con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las disuade, pero en cambio las empuja a practicarse abortos clandestinos, que en la mayoría de los casos son inseguros y por ende ponen su vida y su salud en riesgo.

“El Congreso tiene el deber de evitar que las niñas y mujeres continúen viendo violentados sus derechos fundamentales. En nuestro país la ley penal sigue siendo una amenaza. Belén, una joven tucumana, está presa por un aborto espontáneo.  Hay miles de mujeres que ven su vida en riesgo. Los legisladores tienen la oportunidad histórica de cambiar esta alarmante situación”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.