Los combates continuos, las sequías e inundaciones recurrentes y la peor plaga de langostas de los últimos 25 años obligan a más personas somalíes a huir de sus hogares, lo que da lugar al hacinamiento extremo y a la intensificación del riesgo de contraer la COVID-19 entre las personas internamente desplazadas, manifestó Amnistía Internacional hoy.

Somalia registró, a 19 de julio de 2020, 3.119 casos confirmados de COVID-19, casi la mitad de ellos en la región de Banadir, según el Ministerio de Salud. Aproximadamente 500.000 personas internamente desplazadas viven diseminadas en unos 700 asentamientos ubicados en Banadir, donde se encuentra Mogadiscio. Ante la pandemia de COVID-19, estas personas se enfrentan a desalojos forzosos, la falta de empleo y unos servicios de salud deficientes.

“La inmensa mayoría de personas internamente desplazadas viven en campos saturados e insuficientemente dotados de servicios, con escasez de agua limpia y saneamiento y un acceso a atención médica sumamente limitado” Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

“En su respuesta a la COVID-19, las autoridades somalíes y los socios internacionales deben garantizar el cumplimiento de los derechos al agua, al saneamiento, a la salud y a una vivienda adecuada de las personas internamente desplazadas, de conformidad con las normas y directrices internacionales de derechos humanos”.

En junio y julio de 2020, Amnistía Internacional entrevistó a distancia a más de 30 personas, entre las que figuraban cooperantes y 20 personas internamente desplazadas de los campos de Kahda, Weydow y Daynile (región de Banadir). La organización también revisó las noticias de los medios de comunicación, datos confidenciales de ONG y las declaraciones del gobierno de Somalia y las organizaciones internacionales relativas a las personas internamente desplazadas y la pandemia de COVID-19.

 

Atención médica deficiente

Las personas entrevistadas dijeron que, en los campos para personas internamente desplazadas, el acceso a la atención médica era limitado y no había instalaciones para realizar las pruebas de detección de la COVID-19. Debido a los toques de queda nocturnos y otras restricciones, los servicios médicos se habían reducido considerablemente.

“Halima Mohamed”, que tiene siete hijos e hijas y vive en el campo para personas internamente desplazadas de Dayah (Kahda), huyó del conflicto en curso en la región de Baja Shabelle y no tuvo más opción que dar a luz en mayo en su casa improvisada. “No había parteras y me dijeron que el consultorio estaba cerrado en ese momento, por lo que tuve que dar a luz en casa. Tuvimos suerte: mis dos gemelitos y yo misma sobrevivimos por la gracia de Dios.”

Tres cooperantes que trabajan con ONG que proporcionan apoyo a los campos para personas internamente desplazadas situados en Mogadiscio afirmaron que la reducción de los servicios médicos se debía a la falta de financiación, las restricciones de circulación y las medidas para disminuir el hacinamiento en los centros médicos.

“Hemos reducido nuestra actividad casi a la mitad desde que la COVID-19 se extendió. Actualmente no atendemos a más de 10 o 15 pacientes al día en los consultorios que tenemos en los campos para personas internamente desplazadas del barrio de Weydow”, explicó una de las personas cooperantes.]

Antes de la COVID-19, en esos consultorios se atendía a una media de 50 personas al día.

 

Medios de subsistencia afectados

Muchas personas internamente desplazadas —al igual otras poblaciones que viven en la pobreza en Mogadiscio— obtenían ingresos del trabajo informal, pero quedaron sin empleo debido a las medidas relativas a la COVID-19 y ahora no pueden cubrir necesidades básicas tales como comprar agua.

“Fatma Bashir”, madre soltera con ocho descendientes a su cargo dijo: “Solía ganarme la vida lavando ropa en Mogadiscio, pero la gente tiene miedo desde que empezó esta enfermedad del coronavirus y no nos dejan entrar en sus casas. Ahora tengo que pedir dinero prestado incluso para comprar agua y comida”.

“Las autoridades somalíes y las organizaciones humanitarias deben buscar maneras de ampliar sin peligro sus actividades para proporcionar a este grupo sumamente vulnerable acceso a los servicios básicos, lo que incluye ayuda de emergencia y transferencias monetarias directas para reducir su exposición a la COVID-19 y proteger su derecho a un nivel de vida adecuado”, manifestó Deprose Muchena.

 

Desalojos forzosos

Los campos para poblaciones internamente desplazadas están saturados, por lo que muchas familias en esta situación se ven obligadas a establecer estructuras informales en terrenos de propiedad privada desocupados, de donde son constantemente desalojadas a la fuerza. Dos líderes de los campos para personas internamente desplazadas ubicados en Kahda señalaron que 222 familias que residían en sus campos habían sido desalojadas a la fuerza de terrenos de propiedad privada en abril de 2020. El Consejo Noruego para los Refugiados tiene constancia de que 33.400 personas internamente desplazadas fueron desalojadas de Mogadiscio desde enero de este año.

“Nasra Ali”, dirigente de un campo, dijo: “En junio llegaron más de 100 familias que huían de Janale. Reubiqué a algunas en otros campos, pero en el mío hay 40 familias desamparadas. No tienen plásticos para construir viviendas improvisadas. Ahora llueve, y no tienen mantas para abrigarse. Espero que no enfermen en estas condiciones”.

Amnistía Internacional entrevistó a seis familias que habían sido víctimas de desalojo forzoso entre marzo y junio de 2020 por terratenientes que deseaban recuperar sus tierras. Una de ellas, “Nuriya Hassan”, de 40 años y que vive con cinco hijos e hijas en el campo de Dayah (Kahda), afirmó que desde septiembre del año anterior había sido desalojada a la fuerza en tres ocasiones.

Los desalojos forzosos constituyen violaciones de varios derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, por lo que están absolutamente prohibidos en todas las circunstancias. Durante la COVID-19, los desalojos forzosos privan a las personas de vivienda, una de las medidas de protección más importantes contra el virus.

“Las autoridades deben suspender los desalojos forzosos, incluidos los de los asentamientos de poblaciones internamente desplazadas. También deben garantizar que a toda persona que haya quedado sin hogar como consecuencia de alojamientos forzosos se le proporciona inmediatamente alojamiento alternativo seguro. Si no pueden hacerlo, deben pedir ayuda internacional”, declaró Deprose Muchena.