En varios países de la región se ha registrado un incremento en las denuncias de casos de violencia sexual contra niñas en contextos de confinamiento. La situación se torna aún más preocupante dado que –a pesar del aumento de las agresiones sexuales– las niñas encuentran aún mayores obstáculos para acceder a los servicios esenciales de salud, así como de protección social y administración de justicia que necesitan después de enfrentar un abuso.
En Perú, hay registro oficial de al menos 350 casos de violencia sexual contra niñas en la cuarentena, mientras se niega o retrasa el acceso al kit de emergencia a las víctimas de violencia sexual y se reportan denegaciones de acceso al aborto terapéutico establecido por ley. En ese país, en lo que va del año, 358 niñas de entre 10 y 14 años han dado a luz. En Guatemala, se han registrado 1962 embarazos en niñas entre enero y mayo de 2020. En tanto, en Nicaragua, donde cada día más de 5 niñas son forzadas a la maternidad, el Estado continúa ocultando los impactos de la pandemia, incluyendo los datos sobre la violencia sexual que enfrentan las niñas. En Ecuador, se ha documentado no solo la denegación de acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva, sino incluso la criminalización de adolescentes que buscan estos servicios.
Durante los últimos meses, bajo políticas de cuarentena, varios casos en distintos países demuestran la magnitud de las vulnerabilidades enfrentadas por las niñas en estos contextos. En Argentina, en mayo de 2020, se le negó el acceso a la interrupción legal del embarazo a una niña de 12 años de la provincia de Santiago del Estero, quien enfrentaba un embarazo forzado producto de una violación. El sistema provincial de salud cometió numerosas irregularidades, impidiendo el acceso al aborto legal en tiempo y forma. En Uruguay, el pasado 12 de junio se hizo público el caso de una niña de la ciudad de Lascano, Rocha, que quedó embarazada a los 12 años por su padrastro.
Los sistemas de salud a lo largo de la región se han abocado a la respuesta ante la pandemia de la COVID-19, dejando de lado la atención en salud sexual y salud reproductiva de la que depende el bienestar de mujeres y niñas, precisamente en el momento que existe una demanda urgente de estos servicios.
“Esta crisis por la pandemia de la COVID-19 nos ha mostrado que los cambios no son solo necesarios y urgentes, sino posibles. La salud de miles de niñas latinoamericanas está en riesgo a causa de la violencia sexual y la falta de protección de los Estados. Este es un momento crítico para asegurar que la salud y el futuro de ninguna niña más sea arrebatado a causa de un embarazo resultado de violencia sexual. El acceso a servicios esenciales de salud como la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo son la respuesta mínima que los Estados deben garantizar a las niñas que han enfrentado abuso. Construyamos una nueva normalidad en la que todas las niñas puedan crecer sanas, fuertes y seguras,” señalan representantes del movimiento regional Niñas, No Madres, integrado por una diversa coalición de organizaciones locales e internacionales dedicadas a la protección y defensa de la salud y derechos de mujeres y niñas en América Latina.
La campaña Niñas, No Madres ha lanzado hoy una petición dirigida a los gobiernos latinoamericanos para exigirles, con carácter urgente, que garanticen el acceso a información, a educación sexual integral y a servicios esenciales de salud sexual y salud reproductiva para todas las niñas, particularmente para quienes enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad.
En su sitio web se encuentra información detallada sobre la problemática de la violencia sexual y maternidad forzada en ninas que afecta a toda Latinoamérica y sobre las medidas que deben adoptar los Estados para atenderla.
Este miércoles 8 de julio a las 5:00 p.m. Guatemala / Nicaragua, 6:00 p.m. Perú / Colombia / Ecuador / México, 8:00 p.m. Argentina, periodistas de la región latinoamericana analizarán esta temática. La transmisión podrá verse a través de ninasnomadres.org/en-vivo.php.
