El nuevo presidente de Sri Lanka debe detener de inmediato la vergonzosa y brutal agresión contra manifestantes pacíficos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras el ataque llevado a cabo por las fuerzas armadas antes del amanecer contra el lugar de protesta pacífica denominado “GotaGoGama”, en el exterior de la Secretaría Presidencial, horas antes del momento previsto para que las personas manifestantes desalojaran esta zona en Colombo.

A primera hora del viernes, una masiva operación conjunta de fuerzas armadas, policía y fuerzas especiales desalojó por la fuerza a manifestantes que dormían en tiendas de campaña en un lugar de celebración de protestas pacíficas establecido en Colombo en abril de este año. Se golpeó y agredió a manifestantes. Se bloqueó la zona, lo que impidió el acceso de medios de comunicación, abogados y activistas. Según informes, más de 50 personas resultaron heridas y 9 han sido detenidas.

“Amnistía Internacional condena enérgicamente el ataque perpetrado antes del amanecer por las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos en el emblemático lugar de protesta denominado ‘GotaGoGama’, en Galle Face. Era el principal lugar de manifestación contra el gobierno y había llamado la atención mundial sobre la difícil situación a la que se enfrenta la población de Sri Lanka debido a la crisis económica del país. Es lamentable que el nuevo gobierno haya recurrido a tácticas tan violentas a las pocas horas de llegar al poder. Debe respetarse el derecho de las personas a protestar. Todo cargo pendiente contra las personas detenidas por el ejercicio pacífico de ese derecho debe ser retirado de inmediato”, ha afirmado Kyle Ward, secretario general adjunto de Amnistía Internacional.

“Las personas que protestan tienen derecho a hacerlo pacíficamente. El uso excesivo de la fuerza, la intimidación y las detenciones ilegítimas parecen ser una constante que se repite sin cesar en la respuesta que las autoridades de Sri Lanka dan a la disidencia y a las reuniones pacíficas. Es evidente que estas acciones represivas incumplen las obligaciones internacionales de Sri Lanka en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, entre otras cosas en lo relativo a la libertad de expresión de las personas.

Agresión y malos tratos a manifestantes

Hacia la 01.00, hora local (19.30 horas GMT del martes), fuerzas militares y policiales equipadas con material antidisturbios irrumpieron de forma violenta en los campamentos de protesta, golpearon y agredieron de forma indiscriminada a todas las personas y cosas que encontraban a su paso y desmantelaron las tiendas de campaña en las que dormían las personas manifestantes desde hacía más de tres meses.

Todos los puntos de acceso al lugar donde tenía lugar la protesta fueron bloqueados antes de la operación. Según relatos de testigos presenciales e informaciones de los medios de comunicación, los militares atacaron a muchas personas manifestantes, especialmente a quienes intentaban filmar lo que estaba ocurriendo. Los soldados derribaron “una tienda tras otra” en el tramo que lleva a la Secretaría Presidencial y desmantelaron el lugar de la protesta.

Un testigo presencial entrevistado por Amnistía Internacional a primera hora de la mañana del viernes en el lugar del ataque explicó: “Yo diría que había unos 200 o 300 manifestantes en ese momento. De pronto [las fuerzas] salieron de [detrás de] las barricadas y derribaron totalmente las tiendas y las destrozaron totalmente. Había suficientes policías y militares como para abarrotar la zona. La policía y especialmente el ejército golpearon a manifestantes pacíficos.”

“[Los militares] llevaron a cabo estas acciones con ira. Vimos que algunos manifestantes que participaban en [la protesta] habían traído sus guitarras. Les vimos quitárselas y romperlas contra vallas de hierro. Les vimos golpear a la gente. […] La represión fue brutal.” Material de vídeo compartido por medios de comunicación también muestra a personas/manifestantes desarmados siendo agredidos por las fuerzas de seguridad.

Sin aviso previo

Relatos de testigos sugieren que el ataque contra manifestantes y sus tiendas de campaña fue totalmente inesperado, aunque habían circulado rumores de que podría producirse. La operación tomó por sorpresa a las personas manifestantes, que no podían comprender los motivos que explicaban un ataque de esa índole. El personal militar y policial no avisó de que debía desalojarse la zona antes de usar la fuerza bruta contra manifestantes.

Otra testigo, que estaba durmiendo en el lugar de la protesta cuando fue asaltado, dijo a Amnistía Internacional: “Hacia la 1.30 de la madrugada se oyeron gritos [de otros manifestantes] que decían ‘nos han rodeado, nos han rodeado, levántense, levántense’. Cuando salí, vi un grupo numeroso de personas armadas que venían hacia nosotros. Algunas de ellas llevaban la cara tapada por lo que no sé quiénes eran. […] No se avisó. […] No nos habían dicho que debíamos marcharnos. De pronto, comenzaron a golpear las tiendas que había a nuestro alrededor. Golpeaban a las personas jóvenes del mismo modo que golpeaban las tiendas.”

Amnistía Internacional pide que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre el incidente. Los autores de los actos de violencia, y quienes estaban al mando del ataque, deben ser identificados y rendir cuentas por sus actos.

Negación de acceso a abogados y medios de comunicación

El periódico The Hindu informó de que, hacia las 3.00 horas de la madrugada, al difundirse la noticia del ataque, medios de comunicación y activistas llegaron al lugar de los hechos pero se les impidió el acceso mientras proseguían las operaciones. Según informes, un miembro de las fuerzas seguridad emplazado en Galle Road, que lleva al lugar de la protesta, dijo: “Nadie puede pasar. Ni siquiera los medios de comunicación o los abogados.”

Un videoperiodista de la BBC fue golpeado, según informes, por los militares; un soldado le arrebató el teléfono y borraron sus vídeos.

Según informes, las fuerzas de seguridad también impidieron intervenir a abogados que intentaron hacer valer su capacidad profesional. Al menos dos fueron agredidos, según informes.

Siete periodistas y al menos un abogado han sido detenidos, según informes.

“Las autoridades de Sri Lanka deben abstenerse de detener a personas por ejercer su derecho de reunión pacífica a la vista y al alcance de los destinatarios de las reivindicaciones de las protestas. Además, cualquier detención debe atenerse a las garantías del debido proceso, como el acceso sin demora a asistencia letrada. Consideramos muy preocupantes las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Sri Lanka, ya que las autoridades están usando fuerza ilegítima y restricciones a la libertad de circulación en un intento de reprimir la disidencia”, ha afirmado Kyle Ward.

Tiendas de monjes, manifestantes sordomudos y soldados con discapacidad atacados

El personal de seguridad desmanteló agresivamente las tiendas de manifestantes instaladas en el lugar de manifestación, incluidas las de la comunidad de personas sordomudas y las de soldados con discapacidad que participaban en las protestas pacíficas desde abril.

“Vi cómo golpeaban a personas en ambos lados y venían hacia nosotros. Corrimos en dirección contraria ya que nos perseguían. […] El grupo de manifestantes sordomudos tenía un traductor muy joven con ellos. Ese grupo suele estar en esa zona. Nadie sabe lo que les ocurrió. […] Nadie pudo encontrarlos. En la tienda de ‘héroes de guerra’ había un pequeño grupo de soldados con discapacidad, también había delante algunos monjes […] también los golpearon”, explicó un testigo presencial a Amnistía Internacional.

Ira y miedo generalizados

Ranil Wickremesinghe tomó posesión como presidente el jueves tras la huida del país del expresidente Gotabaya Rajapaksa la semana pasada. Un nuevo primer ministro tomó posesión hoy. Después de 100 días de protesta, las personas manifestantes se comprometieron a desalojar algunas partes del lugar de protesta el viernes. Pero resulta escandalosa la agresiva toma del lugar de protesta por los militares al amparo de la oscuridad cuando no habían transcurrido ni 24 horas desde el cambio de régimen.

“Pensamos que lo que el gobierno hizo, al atacar una lucha pacífica, no estuvo bien”, afirmó un manifestante y testigo presencial del incidente de la mañana del viernes.

En el marco de los llamamientos a la comunidad internacional para que ayude a Sri Lanka, Amnistía Internacional insta a las autoridades a tomar medidas inmediatas para proteger los derechos de quienes protestan pacíficamente en GotaGoGama (Colombo) y en otros lugares de Sri Lanka. Deben retirarse los cargos contra todas las personas manifestantes, ya que fueron detenidas únicamente por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos.

“Justicia y rendición de cuentas de las autoridades de Sri Lanka es lo que se necesita en este momento, cuando Sri Lanka busca la estabilidad antes de un rescate del FMI para abordar la crisis económica. Amnistía ha pedido reiteradamente contención a las fuerzas de seguridad en el marco de la normativa de excepción promulgada en el país. Usar esta normativa como pretexto para cometer más violaciones de derechos humanos es profundamente preocupante y proyecta una imagen negativa del nuevo gobierno de Sri Lanka. No se debe desaprovechar esta oportunidad para empezar de nuevo y romper el ciclo de represión de los derechos de las personas, lo que agrava aún más la desconfianza y el miedo en la población de Sri Lanka. Debe protegerse el derecho de protesta pacífica”, ha afirmado Kyle Ward.