El informe, titulado “We are near total breakdown”: Protecting the rights to health, food and social security in Sri Lanka’s economic crisis, (“Estamos llegando al colapso total”: La protección de los derechos a la salud, la alimentación y la seguridad social en la crisis económica de Sri Lanka) explora el catastrófico impacto que ha tenido la crisis en los derechos económicos y sociales de la población de Sri Lanka.

“Hace meses que la población de Sri Lanka sufre graves carencias de alimentos y grandes dificultades para acceder a la atención de salud, mientras que la inflación desorbitada ha agravado los esquemas de desigualdad ya existentes. Las autoridades srilankesas y la comunidad internacional deben actuar con rapidez para mitigar el gran coste en derechos humanos de la crisis, que ha privado cruelmente a la gente del acceso a sus derechos”, ha afirmado Sanhita Ambast, investigadora de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.

El informe detalla las medidas de recuperación que los dirigentes de Sri Lanka y la comunidad internacional deben poner en marcha para salvaguardar los derechos humanos en sus respuestas a la situación, como por ejemplo aumentar el importe de la ayuda internacional, garantizar una protección social integral y estudiar todas las opciones de alivio de la deuda, incluida su cancelación.

Entre junio y septiembre de 2022, Amnistía Internacional entrevistó a 55 personas de todos los ámbitos sociales: personas con empleos precarios; otras que trabajaban a jornal; personas que trabajaban en la industria pesquera y en plantaciones; integrantes de la tamil malaiyaha, que probablemente sufra un especial impacto; personas que trabajan en la sanidad pública; miembros del personal de grupos de la sociedad civil, organizaciones humanitarias y ONG internacionales, y personas expertas.

‘SI TENEMOS FIEBRE, NO PODEMOS IR AL MÉDICO’

La letal escasez de medicinas y material esencial son grandes motivos de preocupación en Sri Lanka a medida que la crisis económica se agrava. En los últimos meses, el sistema de salud de Sri Lanka se ha enfrentado a problemas impresionantes: desde falta de gasas, antibióticos intravenosos e insulina, a tener que reutilizar catéteres o sondas endotraqueales.

Un profesional sanitario dijo a Amnistía Internacional: “El personal de enfermería no usa guantes para las extracciones de sangre, lo cual supone un peligro tanto para ellos como para los pacientes.”

En algunos casos, se ha aconsejado a personas que necesitaban productos sanitarios que compraran las medicinas o el material en farmacias privadas, pues los hospitales públicos se habían quedado sin suministros.

Un médico contó a Amnistía Internacional: “No todo el mundo podía permitírselo. A los que no podían, simplemente se les enviaba a casa y cuando regresaban habían empeorado.”

La escasez de combustible también ha hecho que no haya transporte o que éste sea extremadamente caro, con la consiguiente dificultad o imposibilidad para acceder a servicios de salud, especialmente para las personas de la comunidad tamil malaiyaha, que viven y trabajan en plantaciones históricamente infradotadas en lo que a servicios esenciales se refiere.

Padam, miembro de esta comunidad, dijo a Amnistía Internacional que le resultaba muy difícil llevar a su madre al hospital más cercano, a 15 kilómetros de distancia. “Antes de la crisis, utilizaba mi vehículo particular. Pero con la escasez de combustible, esto se hizo cada vez más difícil. El transporte público ahora va abarrotado, y las personas de edad avanzada, como mi madre, no pueden utilizarlo. El precio del billete también ha aumentado enormemente… Si tenemos fiebre, no podemos ir al médico. Nos tomamos un Panadol [paracetamol].”

La escasez de combustible también ha tenido efectos negativos para el personal sanitario y las ambulancias. Un médico dijo a Amnistía Internacional: “La gente no puede ir a trabajar porque está haciendo cola para repostar […]” He visto ambulancias delante de las gasolineras esperando el combustible durante horas.”

‘HAY DÍAS EN QUE NO COMEMOS NADA’

La subida de precios provocada por la inflación, unida a las reducidas rentas familiares, hacen que cada vez haya más personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

A varias personas entrevistadas les preocupaba que sus hijos e hijas no comían lo suficiente. Aruni, madre de tres hijos, afirmó: “Si cocinamos para comer, no tenemos para cenar, y cuando no hay cena, por la mañana tampoco hay nada que echarse a la boca. Hay días en que no comemos nada […]”

Miembros del personal de organizaciones de la sociedad civil dijeron a Amnistía Internacional que la cantidad que el gobierno destina a financiar comedores escolares ya no basta para comprar comida para todo el alumnado.

Savita, tamil malaiyahade 39 años, que trabaja en una plantación de té, dijo a Amnistía Internacional: “El mes pasado no tuvimos nada que comer durante dos días, porque no había nada que cocinar […] Mis hijos no entienden el problema […] Cuando tienen hambre, piden comida, y a veces lo hacen llorando.”

LA NECESIDAD DE DAR PRIORIDAD A LOS DERECHOS HUMANOS

El gobierno de Sri Lanka, los países donantes y las instituciones financieras internacionales están poniendo en marcha programas y reformas económicas para resolver la crisis económica. Las autoridades de Sri Lanka y los países donantes deben asegurarse de que cumplen con las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos salvaguardando los derechos a la salud y a una alimentación adecuada en todos los acuerdos de ayuda. Además, el gobierno de Sri Lanka y las instituciones financieras internacionales, antes de aplicar reformas económicas, deben llevar a cabo evaluaciones de su impacto sobre los derechos humanos, unas evaluaciones que sigue sin estar claro si se han hecho o se harán.

Actualmente, las autoridades srilankesas estudian con sus acreedores cómo reestructurar la deuda del país. Es preciso tomar en cuenta todas las opciones de alivio de la deuda, incluida su cancelación, lo cual permitiría al gobierno incrementar la inversión pública en sistemas esenciales de atención de salud y protección social.

Los acuerdos de alivio de la deuda no deben socavar la capacidad de Sri Lanka de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Mientras, deben llevarse a cabo reformas de los sistemas de protección social, de forma transparente y con una participación significativa de las personas a las que afectarán los cambios. El gobierno también debe estudiar todas las opciones para acceder al máximo de los recursos disponibles para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluida la aplicación de una reforma fiscal progresiva y redistributiva.

“La crisis económica ha tenido consecuencias devastadoras para la población de Sri Lanka, muchos de cuyos habitantes no pueden garantizar suficiente comida para sus hijos o acceder a atención sanitaria para sus seres queridos cuando éstos enferman. A fin de convertir esta situación cercana al colapso en una oportunidad para avanzar, las autoridades de Sri Lanka deben asegurarse de que los derechos humanos ocupen un lugar central en sus respuestas a la crisis, y que todos los habitantes del país puedan acceder a sistemas de protección social”, ha afirmado Sanhita Ambast.

“La comunidad internacional debe ofrecer toda la ayuda económica y técnica posible a Sri Lanka mientras pone en marcha medidas para proteger a los grupos marginados frente a daños desproporcionados.”

*Todos los nombres se han cambiado para proteger la identidad.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La crisis económica de Sri Lanka no se debe sólo a las políticas gubernamentales aplicadas durante decenios, sino también a la pandemia de COVID-19, que afectó gravemente a la economía del país al privarlo de fuentes vitales de ingresos relacionados con el turismo, y al disminuir también las remesas enviadas por personas que trabajan en el extranjero.

En marzo de 2022, el país se quedó sin divisas, necesarias para importar productos esenciales, como combustibles y medicinas. Esto contribuyó al aumento de la inflación, a la escalada de precios de bienes esenciales, el racionamiento del suministro eléctrico y las largas colas para conseguir repostar combustible. En mayo de 2022, Sri Lanka incumplió por primera vez el pago de su deuda.

La situación empeoró, y miles de manifestantes salieron a la calle a pedir que el gobierno asumiera la responsabilidad de la crisis. Pero las autoridades srilankesas respondieron duramente a las manifestaciones, cometiendo graves violaciones de derechos humanos ya documentadas por Amnistía Internacional.