Los agentes encargados de hacer cumplir la ley de Sri Lanka que hayan participado en la represión violenta de protestas deben rendir cuentas de las violaciones generalizadas de derechos humanos que se han cometido. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe de investigación hecho público hoy.

El informe, titulado “Ready to suppress any protest” Sri Lanka: Unlawful use of weapons during protests (disponible en inglés), analiza el uso de la fuerza durante el control policial de 30 protestas que tuvieron lugar en Sri Lanka entre marzo de 2022 y junio de 2023. La investigación de Amnistía Internacional muestra un patrón de uso ilegítimo de gas lacrimógeno y cañones de agua y de uso indebido de porras por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley de Sri Lanka; hay testimonios videográficos que revelan que en al menos 17 protestas —más de la mitad de las analizadas— la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir la ley incumplió el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

“Desde el principio, la policía de Sri Lanka enfocó las protestas de 2022-23 asumiendo que serían ilegítimas y violentas, y que habría que usar la fuerza para reprimirlas. La policía no reconoció que la gente tiene derecho a protestar pacíficamente, y que las autoridades tienen el deber de facilitar y proteger las protestas. Al contrario: atacó, persiguió y golpeó a personas que se manifestaban de forma mayoritariamente pacífica”, ha manifestado Smriti Singh, directora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional.

Durante 2022 y 2023, la población de Sri Lanka pidió rendición de cuentas por la prolongada crisis económica, la corrupción y las violaciones de derechos humanos, en protestas multitudinarias y mediante un movimiento de ocupación conocido como Aragalaya en Colombo y en otras ciudades de toda Sri Lanka. Amnistía Internacional ha documentado uso ilegítimo de la fuerza contra personas que se manifestaban de forma mayoritariamente pacífica, un uso que continúa hasta ahora, ya en 2024.

Mientras tanto, en las provincias Septentrional y Oriental del país, las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia llevan a cabo regularmente vigilancia, intimidación, acoso y obstrucción de protestas básicamente pacíficas que vienen teniendo lugar desde 2017, celebradas por familiares de personas desaparecidas forzosamente durante el conflicto armado interno de Sri Lanka.

 Durante su investigación, Amnistía Internacional realizó 39 entrevistas cualitativas e investigación basada en fuentes de acceso público sobre 95 vídeos verificados, recopilados en las redes sociales, de 30 protestas, la mayoría en Colombo, Battaramulla, Kelaniya, Jaffna y Galle. En marzo de 2024, Amnistía Internacional escribió a la Policía de Sri Lanka para comunicarle las denuncias expuestas en este informe y para solicitar una respuesta oficial, pero en el momento de la publicación no había recibido respuesta alguna.

Uso ilegítimo de gas lacrimógeno, cañones de agua y porras:

“El gas lacrimógeno se utilizó de manera inhumana”

La policía siguió un patrón de utilizar repetidamente en la misma zona grandes cantidades de gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos o mayoritariamente pacíficos sin darles una oportunidad adecuada de dispersarse y sin hacer ningún esfuerzo razonable para limitar el peligro de lesiones. Los vídeos verificados por Amnistía Internacional también muestran el uso combinado de cañones de agua y gas lacrimógeno por parte de la policía contra personas que se manifestaban de forma mayoritariamente pacífica en 2023 sin darles tiempo y oportunidad suficientes para dispersarse, lo cual incumple tanto el derecho y las normas internacionales como las buenas prácticas. Esta actuación fue documentada en diversas protestas, y de forma más destacada en la protesta pacífica del 3 de febrero de 2023 en Colombo.

Thilina, periodista y manifestante, contó a Amnistía Internacional que la policía también utilizó porras contra ellos. Dijo: “Después de usar cañones de agua y gas lacrimógeno contra nosotros, nos persiguieron y nos golpearon mientras nos dispersábamos. A mí me golpearon con una porra en la espalda.”

La policía disparó granadas de gas lacrimógeno desde detrás de los manifestantes mientras éstos trataban de dispersarse, lo cual viola las normas internacionales de derechos humanos. Además, optó repetidamente por no tomar medidas adecuadas de precaución al usar gas lacrimógeno, y disparó contra zonas que no tenían una salida clara, por ejemplo cerca de escuelas y en la calle. Esto expuso innecesariamente a niños, niñas y transeúntes a los efectos de sustancias químicas irritantes. Amnistía Internacional analizó al menos tres vídeos en los que se veía a niños o niñas frotándose los ojos, tosiendo y sufriendo molestias.

Upeksha*, manifestante, contó a Amnistía Internacional: “La policía utilizó gas lacrimógeno hasta que la gente no podía respirar. Entramos en un templo y utilizamos los utensilios y el agua para lavar los ojos a los niños.”

“De pronto dispararon cañones de agua… eran chorros constantes”

La policía utilizó cañones de agua a corta distancia contra manifestantes pacíficos o mayoritariamente pacíficos y en situaciones en las que dichos manifestantes no constituían una amenaza para los agentes y estaban tratando de dispersarse. También disparó cañones de agua directamente contra un corresponsal de un medio de comunicación que informaba en directo desde una protesta en Colombo en junio de 2023, a pesar de que tanto las cámaras como otro equipo de medios de comunicación llevaban señales visibles de identificación. En el norte del país, la policía utilizó cañones de agua contra una protesta básicamente pacífica de familiares de personas desaparecidas.

Devika*, cuyo esposo fue víctima de desaparición forzada hace 15 años, tras el final del conflicto armado interno, contó a Amnistía Internacional: “Me dirigieron el chorro contra la cara, y me alcanzó en pleno ojo. El ojo se me hinchó, y yo me desmayé.”

Ausencia de investigaciones y de rendición de cuentas:

“Era como si estuvieran castigando a quienes se manifestaban”

A pesar de las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas por agencias de cumplimiento de la ley y fuerzas de seguridad, ni un solo policía o militar ha sido procesado o declarado culpable por el uso ilegítimo de la fuerza realizado durante las protestas de 2022 y 2023. Esta falta de rendición de cuentas existe en el contexto de una cultura más general de impunidad, en la que el personal policial y militar rara vez rinde cuentas de las violaciones de derechos humanos; también envalentona a los agentes encargados de hacer cumplir la ley a la hora de continuar reprimiendo violentamente las protestas.

El Estado de Sri Lanka es responsable, en virtud del derecho internacional, de investigar de manera efectiva, imparcial y oportuna toda denuncia o sospecha razonable de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Si las investigaciones encuentran pruebas creíbles suficientes, los presuntos responsables penales deben comparecer ante la justicia en juicios justos ante tribunales civiles ordinarios. Esto se aplica a las personas con responsabilidad en todos los niveles, incluidos los altos cargos.

“El enfoque de fuerza bruta utilizado para controlar las protestas no es conforme al derecho y las normas internacionales, y restringe el derecho a la libertad de reunión pacífica en Sri Lanka, garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Sri Lanka es Estado parte. Las autoridades deben por tanto investigar urgentemente todas las denuncias creíbles de uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía durante las protestas de 2022-23, ya que no hacerlo constituiría en sí mismo una violación de derechos humanos”, ha manifestado Smriti Singh.

*Se han cambiado los nombres para proteger la identidad.