Más de diez años después de la matanza de la ciudad minera de Marikana (Provincia del Noroeste), donde murieron varias decenas de mineros, sigue permitiéndose que continúe la cultura de la impunidad y que nadie rinda cuentas por estas muertes, ha declarado Amnistía Internacional Sudáfrica en el undécimo aniversario del tiroteo.

“La ausencia de rendición de cuentas ante las víctimas y sus familias es una cuestión recurrente en Sudáfrica. Debemos exigir que se nos explique por qué, después de 11 años, no ha habido ningún enjuiciamiento en el caso de la matanza de Marikana, y en definitiva, por qué no se han exigido responsabilidades por esa brutal pérdida de vidas humanas”, ha declarado Shenilla Mohamed, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sudáfrica.

El 16 de agosto de 2012, cerca de la mina de Marikana, 34 mineros murieron y otros 70 resultaron heridos al utilizar la policía fuego real para dispersar a un grupo de manifestantes en huelga.

Ya de por sí, esta actuación fue ilegal según la legislación nacional de Sudáfrica, que obliga a la policía a actuar dentro de un marco de uso mínimo de la fuerza, y también lo fue en virtud de las leyes y normas internacionales, concretamente las relativas a la obligación de respetar y proteger la vida. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego de la ONU permiten el uso de armas de fuego únicamente como defensa en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas.

Si bien se han presentado cargos contra algunos agentes por los sucesos que tuvieron lugar antes del 16 de agosto de 2012, ningún policía ha sido acusado por la muerte de 34 mineros en ese fatídico día.

Amnistía internacional Sudáfrica se dirigió por escrito a la Dirección General de Investigación Independiente de la Policía y al Ministerio Fiscal Nacional (Provincia del Noroeste) para preguntar por qué, 11 años después de la matanza, aún no ha habido ningún procesamiento.

La Dirección General de Investigación Independiente de la Policía respondió que, por lo que se refiere al tiroteo del 16 de agosto en los llamados escenarios 1 y 2, se está investigando la actuación de cada uno de los miembros de la policía desplegados en Marikana en la fecha en cuestión, y añadió que el número de agentes ascendía más o menos a 600. Además, señaló que ya se habían transferido los expedientes al Ministerio Fiscal Nacional (Provincia del Noroeste) para su ulterior gestión.

Este último organismo no ha respondido a la pregunta de Amnistía Internacional Sudáfrica sobre por qué hasta la fecha nadie ha sido procesado.

La Dirección General de Investigación Independiente de la Policía intentó justificar el retraso en hacer justicia señalando que, tanto la Comisión Farlam, creada en 2012 para investigar el tiroteo, como todas las investigaciones sobre Marikana, habían recibido órdenes de interrumpir su trabajo, y no lo reanudaron hasta 2016, cuando investigadores de esa Dirección se reunieron con un equipo jurídico de expertos designados por el Ministerio Fiscal Nacional para llevar las investigaciones.

“Hicimos saber claramente, tanto a la Dirección General de Investigación Independiente de la Policía como a la Fiscalía General Nacional, que una espera de 11 años para la rendición de cuentas es inaceptable. La excusa de que las investigaciones se estuvieron interrumpidas hasta 2016 tampoco es válida, la cuestión sigue siendo que ha habido siete años sin procesamientos ni rendición de cuentas”, ha señalado Shenilla Mohamed.

“No se puede hacer esperar a las víctimas y sus familias un año más para que se haga justicia, y mucho menos otros 11. Esto sólo supondrá que continúe la falta de rendición de cuentas por los homicidios ilegítimos a manos de la policía.”

Información complementaria

El 16 de agosto de 2012, agentes del Servicio de Policía de Sudáfrica mataron a tiros a 34 hombres en Marikana, localidad de la Provincia Noroeste de Sudáfrica. Las víctimas eran empleados de la empresa minera Lonmin en huelga que realizaban una acción de protesta por los salarios y las condiciones de trabajo en la mina. La magnitud y notoriedad de los homicidios, así como el creciente malestar en todo el sector minero, desencadenó una crisis nacional.

Desde 2012, Amnistía Internacional ha comentado y hecho campaña sobre las graves deficiencias en la actuación policial que originaron las muertes de Marikana, pidiendo la total rendición de cuentas y reparaciones para víctimas y familiares.

En 2016,Amnistía Internacional publicó un  informe, titulado Smoke and mirrors: Lonmin’s failure to address housing conditions at Marikana.

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