"Los disturbios mortales que azotan partes de Sudáfrica están alimentados por las deficiencias del sistema de justicia penal y por años de impunidad de la violencia", declaró hoy Amnistía Internacional Sudáfrica, mientras la cifra de muertes continúa aumentando.
Los disturbios comenzaron la semana pasada en KwaZulu Natal tras el arresto del expresidente Jacob Zuma por desacato al tribunal. Desde entonces se han extendido a la provincia de Gauteng —y amenazan con hacerlo a otras— y son cada vez más violentos: hasta ahora se conocen informes de al menos 70 muertes, y se han producido saqueos generalizados y se han destruido cientos de propiedades. Amnistía Internacional destacó que no se han castigado actos de violencia cometidos en el pasado, incluido el homicidio de personas extranjeras durante violencia xenófoba, lo que ha dado lugar a una arraigada cultura de impunidad.
“Las autoridades sudafricanas no pueden fingir sorpresa ante las proporciones que ha alcanzado la violencia. La impunidad arraigada por actos de violencia cometidos en el pasado ha socavado el Estado de derecho y desembocado en un círculo vicioso de violencia. Las autoridades se quedaron de brazos cruzados mientras grupos organizados bloqueaban carreteras, incendiaban propiedades y saqueaban tiendas y fábricas”, declaró Shenilla Mohamed, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sudáfrica.
“Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que se controlan los disturbios, respetando las normas internacionales sobre aplicación de la ley y cumpliendo las obligaciones constitucionales e internacionales del país en materia de derechos humanos. Hasta ahora, el gobierno ha actuado demasiado poco y demasiado tarde, lo que ha dado lugar a muertes y la destrucción de innumerables medios de vida.”
Más de 70 personas murieron en los saqueos de KwaZulu Natal y Gauteng, los epicentros de la violencia. Los disturbios también han alterado el funcionamiento de los servicios médicos y el calendario de vacunación en un momento en que Sudáfrica combate una tercera ola de COVID-19, la más mortífera hasta el momento, que está desbordando los servicios de salud. La seguridad alimentaria también se encuentra en peligro, y se han perdido millones de dólares a consecuencia de la destrucción de propiedades y de ataques selectivos contra centros comerciales, almacenes de distribución y fábricas que producen suministros esenciales como alimentos.
En otras partes del país, incluidas las provincias de Cabo del Norte y Mpumalanga, las comunidades han tenido que hacerse cargo de su propia protección y denuncian ataques a centros comerciales a consecuencia de la inacción del Estado para proteger por iniciativa propia estos centros estratégicos. En algunos casos, la policía se quedó de brazos cruzados mientras se saqueaban tiendas.
“Sudáfrica ya tiene un enorme problema de desigualdad, pobreza y desempleo, y los disturbios no harán más que agravarlo. Estos disturbios constituyen una amenaza de primer orden para la seguridad alimentaria y la creación y el mantenimiento del empleo”, manifestó Shenilla Mohamed.
“Las autoridades sudafricanas deben restablecer la ley y el orden y el Estado de derecho inmediatamente, garantizando un sistema de justicia penal eficaz. Los presuntos responsables de la violencia y los saqueos deben rendir cuentas en juicios justos.”
“A menos que se respeten de forma plena y efectiva los derechos humanos nadie estará a salvo en Sudáfrica. El Estado de derecho y los derechos humanos son dos caras de la misma moneda, y todas las personas deben recibir el mismo trato y rendir cuentas en virtud de las mismas leyes. El gobierno debe poner fin a este desgobierno antes de que se pierdan más vidas.”
Información complementaria
Desde el inicio del estallido de disturbios y violencia en las provincias de KwaZulu Natal y Gauteng la semana pasada han muerto más de 70 personas y se ha detenido a 1.200. También se ha informado de incidentes violentos en otras dos provincias, Mpumalanga y Cabo del Norte.
Los disturbios comenzaron después de que el ex presidente Jacob Zuma se entregase a las autoridades de KwaZulu Natal la tarde del 8 de julio, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que lo declaró culpable de desacato al tribunal y lo condenó a 15 meses de prisión.
