Do you think we will prosecute ourselves: No prospects for accountability in South Sudan muestra un sistema de justicia paralizado por la falta de independencia. La fiscalía sigue las directrices del ejecutivo y, cuando no hay directrices, deja sin investigar graves crímenes.
“De Yuba a Malakal, pasando por Wau, Bentiu y otros lugares, se comentió todo un reguero de crímenes atroces contra civiles. El gobierno de Sudán del Sur respondió con comités de investigación cuyos informes rara vez ven la luz del día y, cuando lo hacen, sus conclusiones ignoran en gran medida los crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales”, manifestó Joan Nyanyuki, directora de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“La inacción de las autoridades para enjuiciar y castigar a quienes perpertraron crímenes de derecho internacional, cometidos tanto por el gobierno como por los grupos armados de oposición, exige un mecanismo alternativo de justicia, que sea significativo y efectivo, para el pueblo de Sudán del Sur.”
Actualmente, el presidente Salva Kiir puede confirmar o revocar las sentencias dictadas por los tribunales militares, lo cual le otorga en la práctica derecho de veto sobre un proceso judicial supuestamente independiente. También, en al menos dos ocasiones, el presidente Kiir destituyó a jueces de tribunales civiles, lo cual supone una vulneración de la legislación del país.
Además, las autoridades de Sudán del Sur suelen desmentir información creíble que involucra a las fuerzas armadas en violaciones graves de derechos humanos. Cuando el presidente responde estableciendo comités de investigación, éstos carecen de independencia e imparcialidad y, con una única excepción, no dan lugar a juicios penales.
Muchas víctimas pusieron sus esperanzas de justicia en el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, que el gobierno se comprometió a crear cuando firmó el acuerdo de paz de 2015 y el revitalizado acuerdo de paz de 2018, pero el Tribunal todavía no se estabelció.
“Tras la inacción o la negativa del gobierno de Sudán del Sur respecto a tomar medidas contra los terribles crímenes cometidos en los últimos seis años, la Unión Africana debe ahora fijar un plazo límite en que el gobierno tiene que firmar la documentación jurídica pertinente para el establecimiento del tribunal híbrido. El plazo concedido a Sudán del Sur no debe superar un periodo de seis meses”, explicó Joan Nyanyuki.
“Si el gobierno no cumple este plazo, la Unión Africana debería establecer unilateralmente un tribunal ad hoc para Sudán del Sur a fin de crear un mecanismo imparcial que brinde justicia a las innumerables víctimas de los crímenes cometidos durante el conflicto que asola al país.”
El espejismo de un enjuiciamiento
En septiembre de 2018, un tribunal militar condenó a 10 soldados del gobierno por el asesinato de un periodista y la violación de trabajadoras de ayuda humanitaria en el hotel Terrain en julio de 2016. Hasta la fecha, es el único enjuiciamiento de crímenes cometidos durante el conflicto y, aun así, el juicio tuvo lugar principalmente por la presión de gobiernos extranjeros que reclamaban justicia para sus nacionales.
En cualquier caso, las actuaciones judiciales de esta causa plantearon graves preocupaciones por la falta de garantías de juicio justo. Además, según la legislación de Sudán del Sur, los tribunales militares no tienen competencia para juzgar casos relacionados con crímenes contra civiles. Estos crímenes deberían haber sido juzgados por los tribunales civiles, conforme a la práctica internacional.
“Sin la presión internacional y la implicación de los gobiernos de los países de los que eran nacionales las víctimas del ataque en el hotel Terrain, seis años después todavía no habría un sólo caso de enjuiciamiento significativo de las innumerables y desgarradoras violaciones de derechos humanos y crímenes contra el pueblo de Sudán del Sur”, afirmó Joan Nyanyuki.
Amnistías que menoscaban la justicia
Amnistía Internacional también documentó el uso demasiado frecuente de amnistías generales otorgadas por el presidente, que constituyen una violación del derecho internacional y niegan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
El 24 de enero de 2014, el presidente Kiir estableció un comité para investigar los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante los enfrentamientos ocurridos en Yuba en diciembre de 2013, y recibió el informe con las conclusiones del comité el 2 de diciembre de 2014.
No sólo el informe no se hizo público, sino que, además, el 24 de febrero de 2015, el presidente Kiir concedió una amnistía general a todos los miembros de las fuerzas armadas presuntamente implicados en graves crímenes cometidos durante el ataque.
La impunidad imperó una vez más en febrero de 2016, cuando los soldados del gobierno irrumpieron en un centro de protección de civiles de la ONU en Malakal y atacaron a personas internamente desplazadas: mataron al menos a 29 personas, causaron heridas a otras 140 y destrozaron 1.251 refugios.
El presidente estableció otro comité de investigación que, en su informe sobre el ataque, no mencionaba las violaciones de derechos humanos cometidas por los soldados gubernamentales ni recomendaba medidas para la rendición de cuentas de las personas responsables por las muertes o por los otros crímenes cometidos durante el ataque.
Huvieron varios casos de personas sometidas a sanciones impuestas por la ONU por su presunta participación en la comisión de crímenes de derecho internacional que fueron ascendidas en el ejército o recibieron propuestas de ocupar cargos en el partido gobernante.
“Las personas responsables de crímenes horrendos cometidos durante el conflicto deberían rendir cuentas y ser castigadas, no premiadas con una cuota de poder”, manifestó Joan Nyanyuki.
