El Servicio de Seguridad Nacional de Sudán del Sur ejerce vigilancia indebida para aterrorizar a periodistas, activistas y personas críticas y ha generado con ello un clima de gran temor y autocensura, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe, “These Walls Have Ears” – The Chilling Effect of Surveillance in South Sudan”, presenta nuevos datos sobre las capacidades de vigilancia de las autoridades sursudanesas y pone también de relieve el papel de las empresas de telecomunicaciones y de vigilancia, que permiten la interceptación de llamadas telefónicas sin las salvaguardias jurídicas adecuadas.

Por ejemplo, Amnistía Internacional ha encontrado documentos que muestran que, al menos entre 2015 y 2017, una empresa israelí, Verint Systems Ltd., suministró tecnología de interceptación de las comunicaciones al gobierno de Sudan del Sur, a pesar del alto riesgo de que sirviera para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos.

“La vigilancia ilícita y fuera de control del Servicio de Seguridad Nacional está teniendo un efecto disuasorio en la sociedad civil y el activismo pacífico. La amenaza de vigilancia es un arma en sí misma: personas críticas con el gobierno y activistas de derechos humanos nos han contado que viven con miedo constante a ser espiadas”, ha afirmado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

“A pesar de todo, muchos valientes activistas sursudaneses continúan luchando por sus derechos y los de los demás, enfrentándose a la vigilancia, la intimidación y el acoso. Ya es hora de que las autoridades de Sudán del Sur acaben con las prácticas ilícitas del Servicio de Seguridad Nacional y permitan a la población ejercer su derecho a la libertad de expresión sin miedo a sufrir represalias.”

Desde la independencia de Sudán del Sur en julio de 2011, la libertad de expresión se ha restringido severamente, y la Comisión de la ONU sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur considera que el país es uno de los lugares más peligrosos del mundo donde ejercer el periodismo. El gobierno, principalmente a través del Servicio de Seguridad Nacional, utiliza la intimidación, el acoso, la detención arbitraria y prolongada, la tortura y otros malos tratos, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales para silenciar a sus detractores, a los activistas de derechos humanos y a los profesionales de los medios de comunicación.

Durante dos años de investigación, 63 personas, entre ellas activistas, periodistas y abogados sursudaneses, compartieron con Amnistía Internacional sus experiencias y lo que sabían sobre vigilancia física y de las comunicaciones en Sudán del Sur.

La amenaza real o percibida de vigilancia por parte del Servicio de Seguridad Nacional, unida al acoso sistemático, está teniendo un efecto disuasorio en la sociedad civil, y las personas entrevistadas nos contaron que vivían atemorizadas. Un activista contó a Amnistía Internacional: “Creo que la preocupación constante por lo que te pueda pasar a ti o a tu familia te desgasta físicamente y te afecta mentalmente”.

Amnistía Internacional también examinó más de 57 informes y estudios de órganos de la ONU, organizaciones intergubernamentales y ONG, así como resoluciones, legislación y tratados. El marco jurídico de Sudán del Sur confiere al Servicio de Seguridad Nacional amplios poderes para llevar a cabo actividades de vigilancia sin ningún control y sin garantías suficientes de protección del derecho a la intimidad.

La mayoría de los activistas afirmaron que la vigilancia, el acoso y el riesgo inminente de detención arbitraria, encarcelamiento e incluso muerte no les impide expresar sus opiniones, pero que miden y calculan con cuidado lo qué dicen y dónde y a quién se lo dicen. Uno de ellos dijo: “No puedes hablar sin pensártelo dos veces”.

 

Infiltración

El Servicio de Seguridad Nacional despliega agentes por todo Sudán del Sur y los países vecinos y se infiltra en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida diaria. Se necesita su probación para organizar un evento público, con lo que se ahoga el diálogo auténtico. Información creíble y coincidente de múltiples fuentes demuestra que los agentes de inteligencia se han infiltrado en ONG, medios de comunicación, empresas de seguridad del sector privado y hoteles. La magnitud y el alcance de la red de espionaje del Servicio de Seguridad Nacional crean un ambiente que vulnera la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la intimidad.

intimidad.

Escuchas telefónicas

A la mayoría de los activistas entrevistados por Amnistía Internacional les preocupaba la vigilancia y evitaban hablar sobre temas delicados por teléfono, prefiriendo hacerlo en persona o utilizando aplicaciones de mensajería encriptada. Se han presentado conversaciones obtenidas mediante escuchas telefónicas como prueba ante los tribunales, y al menos en un caso de gran repercusión, los jueces las desestimaron por considerar que eran grabaciones obtenidas de forma ilegal y que violaban el derecho a la intimidad. Los agentes del Servicio de Seguridad Nacional repiten conversaciones telefónicas a las personas detenidas durante los interrogatorios, y, al parecer, las grabaciones sirven también de base para practicar detenciones arbitrarias.

Abdalah (pseudónimo), defensor de derechos humanos sursudanés, explicó a Amnistía Internacional que, en agosto de 2018, antes de ser detenido arbitrariamente, un agente del Servicio de Seguridad Nacional lo llamó y le repitió una conversación telefónica que Abdalah había mantenido con el personal de una organización internacional sobre las amenazas que recibía. Abdalah creía que el Servicio de Seguridad Nacional no podía conocer el contenido de la conversación a menos que le hubiera intervenido el teléfono.

Posiblemente, el Servicio de Seguridad Nacional sólo puede vigilar las comunicaciones con la colaboración de los proveedores de servicios de telecomunicación. Una persona que había trabajado en Vivacell, empresa de telecomunicaciones con operaciones en Sudán del Sur hasta marzo de 2018, explicó a Amnistía Internacional que el Servicio de Seguridad Nacional tenía acceso directo a todos los proveedores de telecomunicaciones del país mediante tecnología de vigilancia comprada en Israel que, a su juicio, podía clasificarse como de doble uso.

La tecnología de doble uso puede cumplir una función legítima, como garantizar que las redes de telecomunicaciones son accesibles, ofrecer servicios de calidad a los clientes y posibilitar el seguimiento de facturas, pero también puede ser utilizada por los gobiernos para actividades ilícitas de vigilancia.

Una persona que había trabajado en la empresa de telecomunicaciones MTN en Sudán del Sur reveló a Amnistía Internacional que, en 2013, el Servicio de Seguridad Nacional, a través de una compañía israelí, instaló una “caja” en su empresa. La instalación de “cajas” podría ser la forma en que el gobierno, incluido el Servicio de Seguridad Nacional, logra acceso directo a datos de los proveedores de servicios.

La persona que había trabajado en Vivacell explicó que el gobierno de Sudán del Sur exigía que todas las empresas de telecomunicaciones del país pagaran a Verint Systems Ltd, filial israelí de la estadounidense Verint Systems Inc., por este equipo y por la prestación anual de servicios.

Amnistía Internacional escribió a todas las empresas en relación con las conclusiones de su investigación y sólo recibió respuesta de MTN Group, que afirmó que las autoridades y la legislación de Sudán del Sur exigen a las empresas de telecomunicaciones “facilitar la intercepción legal” y explicó que MTN no tiene el sistema.

“Las empresas de telecomunicaciones y de tecnologías de vigilancia tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades comerciales. Facilitar sistemas de vigilancia al Servicio de Seguridad Nacional cuando hay riesgos importantes para los derechos humanos y permitir su acceso ilimitado a las redes de telecomunicaciones es una negligencia en el cumplimento de sus responsabilidades”, ha manifestado Deprose Muchena.

“Las autoridades de Sudán del Sur deben controlar al Servicio de Seguridad Nacional y poner fin a su práctica de operar fuera de la ley. La intimidación, acoso, detención arbitraria y reclusión ilegal de personas críticas con el gobierno deben acabar.”

Amnistía Internacional pide al gobierno de Sudán del Sur que ponga fin a las actividades de vigilancia hasta que se instaure un marco regulador adecuado y respetuoso con los derechos humanos, y que lleve a cabo urgentemente investigaciones de los casos de vigilancia ilícita y otras violaciones de derechos humanos para hacer que los responsables rindan cuentas.