Decenas de civiles de Sudán del Sur fueron víctimas de homicidio y decenas de miles más tuvieron que desplazarse en medio de los combates entre grupos armados en el estado de Ecuatoria Occidental de junio a octubre de este año; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras llevar a cabo una investigación sobre el terreno y entrevistar a decenas de sobrevivientes.
Los enfrentamientos que estallaron entre grupos locales aliados con fuerzas afines a las Fuerzas Populares de Defensa del gobierno sursudanés (SSPDF), por un lado, y al Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición (SPLA-IO), por el otro, se han centrado en la zona del condado de Tambura.
En el primer análisis detallado de la situación de los derechos humanos en este conflicto, Amnistía Internacional documenta posibles crímenes de guerra y otras violaciones de derechos cometidas por todas las partes enfrentadas contra miembros de las comunidades azande y balanda, que anteriormente vivían en armonía y llevaban generaciones celebrando matrimonios mixtos.
Figuras políticas atizaron el odio étnico y movilizaron a la juventud para luchar, causando un reguero de muerte, destrucción y división. Los testimonios que hemos recopilado hablan de una violencia inimaginable, que incluye homicidios de civiles en plena huida y cadáveres quemados y mutilados.
Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral
“Figuras políticas atizaron el odio étnico y movilizaron a la juventud para luchar, causando un reguero de muerte, destrucción y división. Los testimonios que hemos recopilado hablan de una violencia inimaginable, que incluye homicidios de civiles en plena huida y cadáveres quemados y mutilados”, ha manifestado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
“El hecho de que en los ataques no sólo participaran grupos locales sino también combatientes afiliados a las fuerzas del gobierno y de la oposición indica que esto es mucho más que violencia entre comunidades.”
Amnistía Internacional entrevistó a 76 personas (población internamente desplazada, personal humanitario, cargos públicos, activistas y otros). De ellas, 50 eran sobrevivientes de etnia azande, balanda y mixta que habían tenido que huir y se refugiaban en las localidades de Wau, Yambio y Tambura, anterior epicentro de la violencia.
Secuestros, homicidios ilegítimos y otros daños civiles
En sus escalofriantes relatos, los sobrevivientes narran su huida de tiroteos indiscriminados que duraban horas así como incendios de barrios enteros. Trece testigos, algunos de los cuales habían permanecido secuestrados durante breves periodos, contaron episodios en los que combatientes de ambos bandos habían ejecutado sumariamente a civiles disparándoles o cortándoles el cuello. Atacar deliberadamente a civiles y asesinar a personas prisioneras constituyen crímenes de guerra.
Balas perdidas alcanzaron viviendas y refugios para personas internamente desplazadas y causaron lesiones a civiles, incluida una niña de 10 años cuyo caso documentó Amnistía Internacional. Muchos civiles fueron asesinados cuando intentaban huir en busca de seguridad o tras salir de sus escondites para conseguir comida o un refugio mejor. La inmensa mayoría de las personas internamente desplazadas que entrevistamos contaron que habían perdido a un ser querido y, en algunos casos, a múltiples familiares a causa de la violencia.
Muchas contaron que en su huida habían visto cadáveres de civiles que llevaban a enterrar o junto a la carretera. Varios sobrevivientes hablaron de familiares que llevaban meses en paradero desconocido o presuntamente muertos. Según datos del gobierno local, unas 300 personas fueron víctimas de homicidio.
Una mujer balanda de 20 años contó que tres hombres armados que llevaban el rostro cubierto y hablaban la lengua azande se presentaron de noche en su casa de Tambura el 2 de septiembre y mataron a su esposo, de 27 años, en presencia de ella y su hija de tres años. “Mi esposo, mi hija y yo estábamos durmiendo […] Uno de ellos vino y se llevó a mi esposo a la fuerza […] Lo obligaron a sentarse junto a la puerta y le dispararon […] delante de mí. Mi esposo se desplomó”, contó la mujer a Amnistía Internacional.
Una mujer azande de 41 años dijo que ella y una hermana mayor habían sido capturadas en el bosque en septiembre cuando intentaban huir de Tambura a Ezo tras la muerte por disparos de su hermano. Unos hombres armados las capturaron junto con otros civiles y mataron a varios.
“Nos ordenaron que nos sentáramos y dijeron que nos iban a rajar como una calabaza”, dijo. Contó que los combatientes les habían atado las manos a la espalda y a su hijo de 18 meses lo habían colocado junto a ella. Uno de los combatientes, explicó, “puso la pierna sobre la cabeza [de mi hermana] y le cortó el cuello con un cuchillo”. Ella y su hijo se libraron cuando llegaron fuerzas afines al grupo étnico azande y empezaron a disparar a los hombres que los tenían cautivos.
Nos ordenaron que nos sentáramos y dijeron que nos iban a rajar como una calabaza. [Uno de los combatientes] puso la pierna sobre la cabeza [de mi hermana] y le cortó el cuello con un cuchillo.
Mujer azande de 41 años
Según una testigo, unos combatientes quemaron el cadáver de su hermano después de decapitarlo en Mupoi en agosto; semanas antes, su esposo y tres de sus hijos habían sido secuestrados y asesinados. Otra mujer dijo haber oído los gritos de sus dos hermanos suplicando por su vida mientras ella se escondía en las proximidades, y que poco después había visto sus cadáveres acuchillados, ambos con una oreja mutilada. “Si pienso en lo que hicieron a mis hermanos no puedo dormir por la noche […] Tengo mucho miedo. Cada vez que noto algo que se acerca doy un brinco”, contó la mujer, de 42 años, sobre lo ocurrido en junio en Nabiapai.
Siete testigos dijeron que habían visto una o más veces lo que parecía el cadáver de una mujer embarazada destripado junto al feto sin vida. Ocho sobrevivientes lamentaban que los cadáveres de sus seres queridos hubieran quedado descomponiéndose sin recibir sepultura, en algunos casos porque al parecer había hombres armados esperando a atacar a quien volviera.
Según contaron sobrevivientes, algunas personas ancianas con movilidad reducida quedaron atrás y fueron asesinadas. Un testigo dijo haber visto cómo hombres armados mataban a golpes a una mujer con una enfermedad mental y prendían fuego a su cadáver.
Saqueo y destrucción
La mayoría de las personas entrevistadas dijeron que les habían saqueado o incendiado la vivienda y que no habían podido recoger sus cosechas por la inseguridad reinante, lo que había tenido graves repercusiones para muchas que vivían de la agricultura. Imágenes de satélite analizadas por Amnistía Internacional reflejan destrucción o daños generalizados en estructuras entre junio y octubre en todo el condado, incluidas las zonas de Tambura y Mupoi y las inmediaciones de Source Yubu.
Hombres armados también asaltaron y saquearon centros de salud, privando a la población civil de una asistencia vital y contraviniendo el derecho internacional. Un alto responsable de ayuda humanitaria contó a Amnistía Internacional que, en noviembre, 13 de los 20 centros médicos del condado de Tambura habían quedado inservibles tras sufrir vandalismo, y que los demás “funcionaban a duras penas”.
Otro trabajador de ayuda humanitaria dijo que sólo 8 de los 53 centros escolares del condado estaban abiertos en el momento de su entrevista, en noviembre. Prácticamente todas las personas desplazadas con hijos en edad escolar que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que estos llevaban meses sin ir a la escuela.
Los combatientes ocuparon temporalmente la escuela Renzi de la localidad de Tambura. © Amnesty International
Según el relato de siete testigos a Amnistía Internacional, combatientes afiliados a las SSPDF, afines al grupo étnico azande, utilizaron una escuela de enseñanza primaria de Tambura como cuartel durante varias semanas, hasta que a finales de octubre se marcharon coaccionados por cargos del gobierno. El uso de centros escolares por agentes armados es contrario a la universal Declaración de Escuelas Seguras, a la que el gobierno sursudanés se adhirió en 2015, y socava el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Desplazamiento y crisis humanitaria
Según datos oficiales verificados por la ONU, los combates causaron el desplazamiento de más de 80.000 personas. Algunas se trasladaron a lugares de desplazamiento improvisados dentro de Tambura, como una iglesia y un campamento protegido por fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU que visitó Amnistía Internacional. Otras viajaron hacia el sur hasta la capital del estado, Yambio, o hacia el norte hasta Wau, en el estado occidental de Bahr el Ghazal, en muchos casos teniendo que caminar entre 3 y 10 días.
Estructuras dañadas y destruidas en torno a la localidad de Tambura. Mapa de fondo: Google Earth, © 2021 CNES/Airbus; Imágenes en detalle: 17 de octubre de 2021. © 2021 CNES/Airbus
Se separaron familias cuando sus miembros huyeron en distintas direcciones, y algunas todavía no habían podido reunirse después de varios meses. Viajaban sólo con su ropa a cuestas, y muchas pasaron días sin comer en el bosque. Una mujer contó que su hija de 15 años había dado a luz por el camino, y otra dijo que su hija de 3 años había muerto por complicaciones médicas durante el viaje.
Gente desplazada tanto en campamentos como en comunidades de acogida explicó que no tenían comida ni medicamentos y que sus condiciones de refugio eran lamentables, como pudo comprobar el equipo investigador de Amnistía Internacional. Según la inmensa mayoría, o no habían tenido ayuda humanitaria o sólo habían recibido un lote de alimentos básicos para 15 días.
Mi hijo está en casa muy enfermo y no hay dinero para curarlo […] No tenemos comida. Ni siquiera tenemos dinero para el alquiler. Vamos a morir de hambre.
Mujer de 42 años que se tuvo que desplazar hasta Yambio con siete de sus hijos
“Mi hijo está en casa muy enfermo y no hay dinero para curarlo […] No tenemos comida. Ni siquiera tenemos dinero para el alquiler. Vamos a morir de hambre”, contó una mujer de 42 años que en julio había tenido que desplazarse desde las afueras de Tambura hasta Yambio con siete de sus hijos.
Según relataron sobrevivientes, a pesar del anuncio de que los combates habían terminado, tenían miedo de los combatientes que permanecían en la zona y los políticos que habían atizado la enemistad entre comunidades étnicas. Además, dijeron que no tenían a donde volver ya que sus casas, cultivos y otros bienes habían sido destruidos. Muchas de estas personas insistieron en que necesitaban ayuda urgente, incluido apoyo psicosocial.
“El gobierno debe agilizar las tareas de reconstrucción, facilitar asistencia y provisión de servicios esenciales a las personas desplazadas, establecer las condiciones necesarias para su retorno seguro, voluntario y sostenible, y garantizar que los responsables de crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos rinden cuentas de sus actos”, ha manifestado Deprose Muchena.
“La violencia en Ecuatoria Occidental viene a ser otro crudo recordatorio de la necesidad de un proceso integral de rendición de cuentas, que incluya decir la verdad, acometer reformas, ofrecer indemnizaciones y trabajar con la Comisión de la Unión Africana en el establecimiento de un Tribunal Híbrido para Sudán del Sur. Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU debe mantener su embargo de armamento para impedir que lleguen armas a las partes enfrentadas.”
Información complementaria
La violencia reciente en Ecuatoria Occidental tiene su origen en la asignación de este estado al Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición (SPLM-IO) en mayo de 2020 como parte del reparto del poder acordado entre las partes que firmaron el tratado de paz en 2018. El posterior nombramiento de un gobernador por parte del vicepresidente primero, Riek Machar, indignó a figuras clave de la política de la comunidad azande.
Pese al establecimiento de un gobierno de transición de unidad nacional a principios de 2020, en varias zonas de Sudán del Sur persiste una violencia que arrastra a los partidos políticos al conflicto y lleva a los grupos locales afines a ellos a enfrentarse entre sí. Disposiciones fundamentales del acuerdo de paz, incluidas algunas relativas a la rendición de cuentas y la seguridad, siguen sin cumplirse.
