Al Bashir, que fue depuesto hace cuatro meses tras protestas constantes contra sus 30 años de gobierno, será acusado de posesión de divisas, corrupción y recepción ilegal de regalos. El 13 de mayo, Al Bashir fue acusado formalmente también de incitación al homicidio de manifestantes y de implicación en ellos.
“Aunque este juicio es un paso positivo hacia la rendición de cuentas de algunos de sus presuntos delitos, sigue estando buscado por crímenes horrendos contra el pueblo sudanés”, dijo Joan Nyanyuki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Las autoridades sudanesas deben entregar a Al Bashir a la Corte Penal Internacional para que responda de los cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Omar al Bashir lleva demasiado tiempo eludiendo la justicia, mientras las víctimas de crímenes espantosos esperan justicia y un resarcimiento desde que la Corte Penal Internacional dictó la primera orden de detención contra él, hace más de un decenio.
“Ahora que los líderes militares se acercan a la firma de un acuerdo político largo tiempo esperado con la coalición de la oposición, los nuevos dirigentes del país deben ratificar con urgencia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que el país firmó en 2000, y cooperar plenamente con la Corte”.
Información complementaria:
Las fuerzas armadas sudanesas derrocaron y detuvieron a Omar al Bashir el 11 de abril de 2019, tras 16 semanas de protestas callejeras contra su régimen.
Al Bashir, que gobernó Sudán 30 años, es una de las personas que lleva más tiempo inculpada por la Corte Penal Internacional, que dictó dos órdenes de detención contra él: la primera el 4 de marzo de 2009 y la segunda, el 12 de julio de 2010. Al Bashir está acusado de responsabilidad penal en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio por el homicidio, la mutilación y la tortura de centenares de miles de personas en la región sudanesa de Darfur.
En 2016, una investigación de Amnistía Internacional reunió pruebas del uso reiterado por las fuerzas del gobierno sudanés de lo que se creía eran armas químicas contra la población civil, incluidos niños y niñas de corta edad, en la región de Jebel Marra de Darfur. La escala de estos ataques, que podrían también constituir crímenes de guerra, es comparable con otros investigados con anterioridad por la fiscalía de la Corte Penal Internacional.
