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Conforme la violencia entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido se intensifica y generaliza en el país, la población civil de Darfur sigue sufriendo por la inacción de las autoridades a la hora de proporcionar seguridad y la incapacidad que éstas presentan para impartir justicia y hacer rendir cuentas por los crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos, 20 años después del inicio del conflicto de Darfur. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El conflicto de Darfur estalló el 25 de abril de 2003 cuando el Movimiento de Liberación de Sudán atacó a las fuerzas armadas sudanesas en el aeropuerto de El Fasher, en Darfur Septentrional. En los años siguientes, centenares de miles de personas han muerto de forma violenta, y millones más se han visto desplazadas a medida que se propagaba la guerra entre las fuerzas rebeldes y las fuerzas armadas.

La impunidad que existe desde hace tiempo ha permitido que las personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra en Darfur sigan ocupando actualmente puestos de liderazgo, lo que contribuye a la situación actual de violencia existente en Sudán. Amnistía Internacional pide a todas las partes que garanticen la protección de la población civil y respeten el derecho internacional humanitario y el paso de la ayuda humanitaria.

“El conflicto de Darfur provocó sufrimiento humano a una escala aterradora, y la persistente falta de justicia y rendición de cuentas sencillamente asegura que el sufrimiento continúe”, ha declarado Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

“En los últimos días se han registrado de nuevo muertes de civiles debido al uso de armas pesadas en zonas densamente pobladas. Resulta escandaloso que, transcurridos 20 años del inicio del conflicto de Darfur, las autoridades sudanesas continúen sin proteger a la población civil, ni investigar y enjuiciar a las personas presuntamente responsables de crímenes cometidos durante el conflicto. La población civil de Sudán está atrapada en ciclos interminables de ataques armados indiscriminados, así como otros graves crímenes y abusos contra los derechos humanos.”

“El gobierno de Sudán debe cooperar plenamente con las investigaciones que la Corte Penal Internacional está llevando a cabo sobre Darfur, lo que incluye transferir a La Haya al expresidente Omar al Bashir y otras personas sospechosas de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos.”

Amnistía Internacional sigue pidiendo a la comunidad internacional —en especial a la ONU y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana— que redoblen los esfuerzos para garantizar que las personas responsables de crímenes cometidos en Darfur responden ante la justicia.

Amnistía Internacional pide también al consejo de Seguridad de la ONU que garantice que el embargo de armas en Darfur sigue vigente hasta que el gobierno sudanés ponga fin a la violencia constante, se comprometa a proteger a la población civil y garantice la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos.

Violencia extrema contra la población civil de Darfur

La población civil de Sudan lleva sufriendo violencia extrema desde 2003. Tras los ataques cometidos por los grupos armados de oposición, las fuerzas gubernamentales sudanesas respondieron actuando no sólo contra combatientes, sino también contra la población civil de determinados grupos étnicos a los que el gobierno acusa de apoyar a los insurgentes.

La estrategia de contrainsurgencia, que el gobierno sigue aplicando, ha provocado una enorme cantidad de muertes, destrucción y desplazamientos de población. Centenares de miles de personas civiles también han muerto o se han visto afectadas por el hambre, la deshidratación y enfermedades provocadas por el conflicto; se han destruido centenares de localidades; se han perdido innumerables medios de sustento, y se han generalizado la violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas. En 2016, Amnistía Internacional documentó el uso por parte de las fuerzas gubernamentales de armas químicas contra la población civil en la región de Jebel Marra de Darfur.

Tras el derrocamiento del expresidente Al Bashir en 2019, un acuerdo sobre el reparto del poder alcanzado entre las fuerzas armadas y dirigentes civiles dio lugar a la formación de un gobierno de transición. La violencia ha continuado en Darfur desde que ese gobierno asumiera el poder, y pese al acuerdo de paz firmado en el país en 2020. Entre los constantes ataques registrados figuran homicidios ilegítimos, palizas, actos de violencia sexual, saqueos e incendios de núcleos de población

El gobierno sigue sin demostrar su voluntad o capacidad de proteger a la población civil, o de exigir responsabilidades a quienes hayan cometido esos actos. Las fuerzas gubernamentales sudanesas y los miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido siguen lanzando ataques. Las milicias vinculadas con el gobierno también han atacado a la población civil durante el conflicto.

En diciembre de 2022, los dirigentes civiles y las fuerzas armadas firmaron un “acuerdo marco” para nombrar una nueva autoridad civil de transición por un periodo de dos años. En el acuerdo se establece la rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional como principio general, y se encarga a la autoridad de transición que ponga en marcha un nuevo proceso orientado a proporcionar justicia a las víctimas y hacer que quienes hayan perpetrado crímenes graves rindan cuentas. Las autoridades sudanesas también deben garantizar que las personas responsables de esos crímenes no puedan acogerse a inmunidades ni amnistías.

“Hoy en día, la población civil de Darfur continúa a merced de las mismas fuerzas de seguridad que cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra allí y en otras partes de Sudán” ha señalado Tigere Chagutah.

“Es lamentable que en Sudán se siga viviendo con temor día tras día. Todas las personas que han sufrido abusos o violaciones de derechos humanos deben recibir recursos y reparaciones. El tiempo no debe ser un obstáculo para que se imparta justicia.”

Información complementaria

Desde 2003, Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales han documentado en reiteradas ocasiones datos sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario perpetradas por las fuerzas gubernamentales sudanesas, como el homicidio ilegítimo de civiles, la destrucción ilegítima de bienes civiles, la violación de mujeres y niñas, el desplazamiento forzado de población civil y el uso de armas químicas.

En 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU remitió la situación de Darfur a la Corte Penal Internacional (CPI). En 2009 y 2010, la CPI dictó órdenes de detención contra el entonces presidente Al Bashir por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La CPI también ha dictado órdenes de detención contra otros tres altos cargos gubernamentales y contra tres miembros de los grupos armados de oposición. En abril de 2022 comenzó el juicio de Ali Kosheib, que según se cree es el principal dirigente de la milicia yanyawid, en la CPI. Sin embargo, Sudán no ha cooperado suficientemente con este tribunal y, concretamente, sigue sin transferirle al expresidente Al Bashir y varios otros altos cargos gubernamentales.

La información íntegra de la situación de los derechos humanos en Sudán está disponible en la versión actualizada del Informe Anual de 2022 de Amnistía Internacional.