En respuesta a la prisión preventiva de una niña de 15 años en Bangkok acusada de haber violado la ley de lesa majestad después de haber participado en una protesta pacífica, Chanatip Tatiyakaroonwong, investigadora de Amnistía Internacional sobre Tailandia, ha declarado:
“Esta situación es otro inquietante recordatorio más de que las autoridades tailandesas siguen tomando como objetivo a niños y niñas al utilizar la ley de lesa majestad para reprimir la disidencia pacífica. Además, sólo en el mes de marzo se ha declarado culpables al menos a cuatro manifestantes y se han dictado nuevos cargos y actas de acusación formal en virtud de esta ley.”
“Los casos recientes demuestran la drástica reducción del espacio cívico para millones de personas en Tailandia, a medida que las autoridades se han ido negando cada vez más a tolerar la disidencia pacífica. Desde finales del año pasado, se ha declarado a personas que se manifestaban pacíficamente culpables de delitos de lesa majestad simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión en publicaciones online, participar en simulacros de desfiles de moda y, más recientemente, vender online calendarios con dibujos de patos amarillos, un símbolo del movimiento de protesta.”
“Las autoridades tailandesas deben retirar todos los cargos formulados contra personas en virtud de leyes que no son conformes con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, deben abstenerse de detener y recluir en prisión preventiva a personas que se manifiestan pacíficamente.”
Información complementaria
Yok (cuyo nombre completo no se facilita por motivos de seguridad), activista de 15 años puesta en prisión preventiva esta semana, se unió el 14 de octubre de 2022 a una manifestación pacífica en la que se pedía la eliminación de la ley de lesa majestad. Las autoridades dictaron una orden de detención contra ella el 28 de febrero de 2023 y la recluyeron en Centro de Formación Infantil y Juvenil para Niñas Baan Pranee, en la provincia de Nakhon Pathom.
El caso de Yok no es un hecho aislado. El 7 de marzo de 2023, el Tribunal de lo Penal de Bangkok condenó a un hombre a tres años de cárcel por vender a través de una página de Facebook calendarios que las autoridades consideraron que violaban la ley de lesa majestad. El calendario contenía ilustraciones de dibujos de un pato amarillo, símbolo del movimiento de protesta de Tailandia. En otro caso diferente, el 13 de marzo de 2023, el Tribunal Provincial de Chiang Mai declaró a un indígena karen culpable de un delito de lesa majestad, sedición y violación de la Ley de Delitos informáticos por publicar en Facebook críticas a la monarquía.
Desde que estallaron en toda Tailandia las manifestaciones masivas en 2020, al menos 1.895 personas han sido objeto de diversos cargos penales por su participación en protestas, según Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos. De estas personas, al menos 237, entre ellas 18 menores de edad, habían sido acusadas de delitos de lesa majestad a 27 de marzo de 2023.
El reciente informe de Amnistía Internacional “We Are Reclaiming Our Future” documenta la manera en que los niños y niñas de Tailandia, por participar en manifestaciones masivas, se enfrentan a distintas repercusiones graves, como la criminalización de sus actividades, la intimidación y vigilancia por parte de las autoridades, así como a violentas represiones de las protestas por parte de la policía.
El informe pedía a las autoridades tailandesas que retiren todos los cargos contra menores de edad que protestaban de forma pacífica, pongan fin a todas las formas de intimidación y vigilancia, y reformen las leyes empleadas para limitar el derecho de los niños y niñas a protestar a fin de garantizar que esas leyes son compatibles con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.